Juan Moreno Pérez
El gran desfalco de Serfin
El pasado 8 de mayo, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) anunció que el Grupo Financiero Santander había ganado la licitación de Banca Serfin, al proponer un precio de compra de 12 mil 650 millones de pesos. Como ese monto representa 1.59 veces el valor del capital contable de ese banco, el IPAB consideró que se había logrado un buen acuerdo. Al día siguiente, el diario Reforma estimó que el costo del rescate de Serfin había ascendido a 123 mil millones de pesos, cantidad muy superior al monto pagado por Santander. Aunque los voceros del IPAB insistieron en que se habían protegido los intereses de los ahorradores, mucha gente se empezó a preguntar qué podría esconder una operación que había costado tanto.
Después de una revisión exhaustiva de los documentos disponibles, se puede concluir que el costo fiscal del rescate de Serfin en realidad alcanza a la fecha poco más de 172 mil millones de pesos. La cifra difundida está subestimada, ya que resulta de agregar los valores nominales de apoyos efectuados durante los últimos cuatro años, sin incluir algunos de ellos y sin considerar su valor actual.
La forma en que se realizó este rescate constituye un ejemplo clásico de lo que no se debe hacer y sobre cómo opera lo que se conoce como riesgo moral (moral hazard). En el mejor de los casos, este ejemplo muestra una enorme irresponsabilidad de las autoridades competentes. En el peor, se pueden estar escondiendo toda clase de complicidades, suficientes para constituir una gran cantidad de delitos.
En cualquier país democrático, cuando se ha presentado un quebranto bancario de la magnitud del observado en México a principios de 1995, se han adoptado al menos tres medidas: los funcionarios que ejercieron durante la gestación del quebranto son removidos, aunque estén fuera de toda sospecha; se dan a conocer reglas generales para el uso de los fondos públicos; esas reglas incluyen los inventivos de mercado correctos para evitar el abuso y propiciar una corrección a fondo de la situación que generó los problemas.
Por desgracia, en México se hizo exactamente lo contrario: los funcionarios que estuvieron en la gestación de las crisis bancarias, fueron los encargados de corregirlas, y se mantienen en sus puestos a pesar del vendaval de críticas. Las reglas para el uso de fondos públicos, en un principio pretendidamente generales, pronto se olvidaron, pasando a un nivel de discrecionalidad escandaloso. Esta práctica conformó una situación de riesgo moral, el cual aparece cuando los usuarios de los recursos perciben que un tercero, en este caso el Fobaproa, les resolverá todos sus problemas, presentes y futuros.
La aplicación de todo tipo de medidas impregnadas del pernicioso riesgo moral, es lo que explica que el costo fiscal del quebranto bancario, estimado en 5 por ciento del PIB a fines de 1995, haya alcanzado la enorme magnitud que ahora tiene (20 por ciento del PIB). El caso de Serfin constituye un extremo, ya que las operaciones aplicadas para su saneamiento parecen diseñadas para incrementar lo más posible el costo fiscal, favoreciendo siempre a cualquier inversionista extranjero que se acercara.
En Serfin se experimentó todo tipo de argucias financieras. Pareciera que un estudiante imaginativo hubiera estado ensayando todo lo aprendido en la escuela, sin importar el despilfarro de recursos públicos. A pesar de que el banco fue intervenido, de facto, desde abril de 1996, se mantuvo hasta julio de 1999 como si estuviera funcionando normalmente algunos de los incremento s de capital, realizados por el "grupo de control", es decir, por los principales accionistas, en realidad se hicieron con fondos del Fobarpoa, de manera encubierta.
Cuando el consultor canadiense Michael Mackey intentó realizar la auditoría encargada por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda adoptó el criterio de que podría revisar toda la información de los bancos formalmente intervenidos, y sólo los créditos amparados por pagarés del Fobaproa, para los que lo estaban. Por ello las autoridades mantuvieron la ficción de que Serfin no estaba intervenido.
En el mes de julio de 1999, inmediatamente después de que Mackey entregó su informe, el IPAB decidió intervenir el anco, quedando asumidas por el gobierno todas las operaciones realizadas, la mayoría no revisadas por el consultor canadiense. Las tasas de interés de los pagarés asumidos por el IPAB, de inmediato se incrementaron; la participación en pérdidas (loss sharing) pactada, fue eliminada; y lo que se había podido recuperar de los créditos amparados por los pagarés, se usó para compensar las pérdidas del banco.
En abril del presente año, al no recibir respuestas satisfactorias a la propuesta de venta de Serfin, el IPAB decidió aumentar en medio punto las ya elevadas tasas de los pagarés; reducir a la mitad el periodo de amortización de esos bonos; y comprometerse a pagar mensualmente los intereses generados, en lugar del acuerdo existente hasta entonces, de capitalizarlos y pagarlos hasta que venciera el papel.
Quedan demasiadas preguntas respecto de lo que en realidad puede estar encubriendo este enorme desfalco. Si bien los accionistas nacionales, encabezados por Adrián Sada, presidente del poderoso Grupo Vitro, perdieron todas sus acciones, ƑCuántos autopréstamos, por montos superiores al valor de las acciones perdidas, se quedaron sin pagar? ƑPor qué Jaime Serra Puche, aparece de repente como accionista de Vitro, con tal importancia como para merecer un asiento en su Consejo de Administración? ƑPor qué la firma Goldman Sachs, agente financiero del IPAB para la venta de Serfin, contrató como empleado a Martín Werner, ex subsecretario de Hacienda?