Emilio Pradilla Cobos
Gobierno federal, PRI y caos urbano
En los últimos días, las calles centrales y el Zócalo de la capital han sido escenario de mítines, plantones y marchas masivas que han vuelto caótico el tránsito, normalmente conflictivo por el excesivo flujo de automóviles privados y el ineficiente transporte público. La radio y la televisión, que en su mayoría no operan como medio de información sino como ariete político conservador, han aprovechado, otra vez, para culpar al actual gobierno de la ciudad. Pero el análisis objetivo de la naturaleza de estos conflictos lleva a la conclusión de que la responsabilidad recae sobre el gobierno federal priísta y el PRI, como partido de Estado.
Como casi cada año, desde hace muchos, los maestros de diversos estados del país donde el sindicato oficial sometido al PRI y al gobierno, el SNTE, no domina, llegan a la capital para protestar por su miserable situación salarial y laboral, exigir democracia sindical y presentar al gobierno sus demandas, desatendidas por los gobiernos estatales. La responsabilidad de que miles de maestros acampen en el Centro Histórico y se movilicen por las zonas centrales recae exclusivamente en la política educativa del gobierno federal, que confunde la atención de las necesidades sociales básicas, con el "populismo", como lo muestra el presidente Zedillo diariamente. Los últimos gobiernos
neoliberales priístas han venido reduciendo del presupuesto dedicado a la educación de cada niño o joven mexicano, de la primaria a la universidad, al tiempo que disminuye el salario real de los maestros, hundiendo a muchos de ellos en la pobreza y sometiendo a otros a sistemas de trabajo a destajo bajo el disfraz de becas y estímulos. Los orígenes del insoluble conflicto en la UNAM están también allí.
Otros ejemplos de la ausencia de respuestas del gobierno federal y su partido, que genera protestas callejeras, son las justas demandas de los barzonistas expropiados por la política bancaria del régimen y sus protegidos y privilegiados banqueros; o los jubilados, hundidos en la miseria por la antisocial política de seguridad y asistencia social del neoliberalismo priísta y panista.
Aprovechando la situación, otros gremios capitalinos, como algunos sectores de la policía auxiliar o trabajadores al servicio del Gobierno del DF y sus empresas, como el Metro, han realizado acciones de presión, sin sustento en la legislación, para tratar a la vez de ganar ventajas y desestabilizar políticamente al Gobierno capitalino. Estos gremios sindicales están dominados mayoritariamente por el corporativismo priísta, esa excrecencia del régimen político de partido de Estado que domina el sindicalismo nacional, que obliga antidemocráticamente a los trabajadores a afiliarse al partido oficial cuando su sindicato así lo hace. El ejemplo más obvio es el sindicato del Metro, cuyo "líder" impuesto es hoy candidato priísta a un puesto legislativo.
En todos los casos, la responsabilidad del desorden en el tránsito y las posibles pérdidas económicas de comerciantes y otros sectores empresariales, recae en el gobierno federal y su partido político, el PRI, es a ellos a quienes tienen que reclamar. Los candidatos del PRI y el PAN, con la complicidad de muchos medios de comunicación y comunicadores, tratan también de usar el supuesto "caos urbano" contra el gobierno de Rosario Robles, el PRD y sus candidatos a la jefatura de Gobierno, a jefes delegacionales y a puestos legislativos. Pero su discurso carece de sustento lógico y político, y muestra su manipulación abusiva de la realidad.
Hasta ahora no hemos escuchado ninguna postura concreta de los candidatos del PRI y el PAN, Labastida y Fox, Silva Herzog y Creel, ante la situación de los maestros, los jubilados, los deudores populares de la banca, ni ante el corporativismo sindical. Lo conocido son frases huecas, demagógicas, de publicidad de empresa refresquera, o proyectos de claro corte neoliberal globalifílico, o alabanzas a los grandes empresarios beneficiados por la política actual, compartida por Fox y Labastida, el PRI y el PAN. Las únicas posturas claras las hemos oído de López Obrador y Cárdenas; la única posición de principio, que garantiza la libertad de movilización, deslinda responsabilidades ante los ciudadanos, aporta soluciones a los problemas y se defiende ante las arremetidas del corporativismo priísta, la encontramos en Rosario Robles y su gobierno.