MAESTROS: EL ROSTRO DE LA EXASPERACION

La irrupción de maestros disidentes en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se celebraba ayer en la sede del Senado de la República, es una expresión -ciertamente deplorable e injustificable en sus formas-- de la circunstancia en la que han sido colocados los mentores por la inacción de las autoridades.

Las secretarías de Educación Pública y de Gobernación han manifestado en repetidas ocasiones que no está a su alcance resolver las demandas de los maestros y que éstas deben ser solucionadas en los estados de origen de los educadores. Pero el hecho es que los gobiernos estatales no pueden atender las justas peticiones del magisterio por razones presupuestales derivadas del manejo económico del gobierno federal, o bien no han tenido la voluntad política para dignificar las condiciones salariales y laborales de los profesores. Estos, en sus lugares de origen o de trabajo, se han enfrentado, en el mejor de los casos, con la indiferencia, y en el peor, con actitudes represivas y persecutorias que ahondan y acrecientan su exasperación.

A la larga y a fin de cuentas la responsabilidad por las inaceptables condiciones económicas del sector educativo, y ante el conflicto que hoy se expresa en la capital de la República, corresponde al gobierno federal, tanto porque el descontento magisterial fue generado por la política económica vigente como porque las acciones descentralizadoras emprendidas en años recientes crearon vacíos en las instancias de solución de inconformidades.

La manera oficial de desentenderse del conflicto magisterial recuerda, inevitablemente, la estrategia aplicada en Chiapas a lo largo de casi todo el sexenio: apostar al abandono y a la descomposición, por una parte, y por la otra no tomar más iniciativas que la represión. En uno y otro caso, la autoridad federal proclama que ha llegado al límite de sus atribuciones, adjudica a otros las responsabilidades por la persistencia de los problemas y se queda aguardando el final del sexenio.

En el caso de las movilizaciones que el profesorado disidente ha venido efectuando en la ciudad de México en días recientes, la actitud gubernamental ha dado pie a la sospecha de que la inacción y la abulia ante el problema son, en realidad, parte de una táctica orientada a complicarle el escenario a las autoridades capitalinas. El gobierno federal, por medio de la SEP y de la Segob, tendría que tomar de una vez por todas cartas en el asunto, no sólo porque es su obligación hacerlo sino también para despejar la suposición referida, la cual, de ser cierta, hablaría de una inmoralidad política mayúscula y de una grave distorsión en el ejercicio del poder.