VIERNES 26 DE MAYO DE 2000

Democracia directa y DF

* Horacio Labastida *

Aunque en materia social es hasta cierto punto audaz describir comportamientos que respondan a hipótesis científicas probabilísticas, intentaré establecer relaciones directas entre las imposiciones dictatoriales y las reacciones rechazantes de la opresión, reacciones estas que pueden ir desde meras protestas masivas hasta el surgimiento de guerrillas y de grandes revoluciones como la francesa de 1789, la mexicana contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, la soviética de octubre de 1917, la china de 1949 y la cubana que triunfó en 1959. Ahora bien, entre la opresión y su repudio pueden darse formas no violentas de resistencia y tener éxito al purgar el mandato atrabiliario.

Recordemos un ejemplo prístino de nuestra historia. Para suceder al presidente Guadalupe Victoria fueron convocadas las elecciones de 1828. Contendieron apasionadamente Vicente Guerrero por la facción liberal radical y Manuel Gómez Pedraza por los moderados. El primero, héroe de la Independencia y legatario de Morelos, contempló asombrado cómo el segundo, viejo militar realista, iturbidista y reconocido conservador, resultó vencedor por la manipulación a que se prestaron las legislaturas locales, cuyos sufragios determinaban electoralmente el triunfo de alguno de los candidatos. Los resultados no se hicieron esperar. El pueblo exigió con ardor que el Presidente de México fuera Guerrero y no el queretano Gómez Pedraza, poco conocido en aquel orto mexicano, e independientemente de la traición que protagonizaría Anastasio Bustamante y el asesinato de Vicente Guerrero en Cuilapan (diciembre de 1829), aquel levantamiento popular hizo que el congreso reconociese al insurgente como primer mandatario. En este caso hubo una clara manifestación de democracia directa, en el entorno de la Constitución de 1824; fue sin duda la primera experiencia de tal tipo de democracia en nuestra historia independiente, o sea de la participación inmediata, extensa y nítida de los ciudadanos y no ciudadanos en el propósito de modificar una situación percibida como abominable y repugnante; se trata, como es obvio, de una recuperación de la soberanía original, no prevista en la ley aunque totalmente legítima, por parte del único y real sujeto de la soberanía, el pueblo, justificada por una transgresión a todas luces incompatible con los sentimientos nacionales. Verdad es que los votos de las legislaturas locales fueron formalmente los elementos sancionados en la elección del Presidente, mas también en aquella ocasión fue verdad que estos votos favorables a Gómez Pedraza se emitieron al margen de la libertad electoral y por efecto de las presiones ejercidas por los núcleos acaudalados y retardatarios de los estados.

Los hechos de los llamados motines de la Acordada y del Parián quedaron grabados en la conciencia política, según consta en lo que recientemente ocurrió en el Distrito Federal. PAN y PRI cometieron un gravísimo error al impugnar el registro del candidato López Obrador a la jefatura de nuestra capital, con base en argumentos deleznables y con la clara finalidad de eliminarlo de los comicios del 2 de julio, equivocación condenable que no es extraña en esos partidos. Uno y otro rompieron con el incipiente equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo acunado ante la crisis de 1994, y después ambos partidos aprobaron transformar en deuda pública créditos bancarios sospechosos al inscribirlos en el Fobaproa y su heredero IPAB, reafirmando así el presidencialismo autoritario que nos gobierna desde la época del siniestro José López de Santa Anna, a pesar de que una multitud de acontecimientos claros y evidentes exhiben cambios cualitativos favorables a la democracia.

Con alegría se festeja entre amplios círculos de la capital la sentencia que dictó el Tribunal Electoral del Distrito Federal, por virtud de la cual se reconocen a nivel judicial el derecho de López Obrador a participar por el PRD en las inminentes elecciones, derecho reconocido, acentuado y demandado en los movimientos de democracia directa que el pueblo protagonizó tanto en la multitudinaria asamblea celebrada en el Zócalo cuanto en la encuesta realizada hace unos días. Los números expresan un importante cambio cualitativo en nuestra incipiente democracia: alrededor de 150 mil habitantes de la capital se congregaron frente a palacio, y la consulta alcanzó casi medio millón de sufragios favorables al registro del perredista. Los hechos son plausibles y generan amplias esperanzas de que la sucesión presidencial ocurra en términos liberadores y no opresivos. *