MARTES 30 DE MAYO DE 2000
* Anuncia un severo plan de ajuste para reducir el déficit fiscal de Argentina
Reducción de 938 mdd en el gasto público: De la Rúa
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 29 de mayo * En el contexto de severas críticas y advertencias del sindicalismo, de la oposición y de sectores propios, el gobierno del presidente argentino, Fernando de la Rúa, decretó este lunes un severo plan de ajuste que supone la reducción del gasto público por unos 938 millones de dólares para bajar el déficit fiscal en 30 por ciento.
La medida implica la reducción de salarios a empresas estatales, así como en los poderes Legislativo, Judicial y municipal en las provincias; reducción de 50 por ciento de jubilaciones de privilegios, la libre elección de obras sociales y prestadores privados, lo que indica el avance de las mayores empresas de salud privadas, una reasignación de fondos por 300 millones de dólares para los Planes Trabajar (virtual subsidio para los más pobres), entre otras, que causaron desazón en muchos sectores.
Los líderes sindicales del sector disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Central Argentina de Trabajadores (CTA), lograron en las últimas horas el apoyo a su llamado para una movilización en rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las nuevas medidas gubernamentales, para el 31 de mayo.
Precisamente, el anuncio del paquete económico fue formulado un día antes de la llegada a Argentina de una misión supervisora del FMI que comprobará las dificultades del gobierno en cumplir las metas presupuestarias anuales.
Tras una reunión del sector dialoguista de la CGT, el secretario general, Rodolfo Daer, anunció un paro nacional contra el ajuste, en fecha por definir, y dijo que conversará con las otras centrales sindicales para coordinar las acciones de protesta.
El ajuste incluye la rebaja de 12 por ciento de los salarios de los empleados estatales que ganen más de mil dólares mensuales, y de 15 por ciento en los mayores de 6 mil 500. El gobierno también tomó el compromiso de bajar el déficit fiscal de 7 mil 100 millones de dólares en 1999, a 4 mil 500 este año.
Sin embargo, el gobierno rechazó la posibilidad de una devaluación o de la dolarización y dispuso una rebaja de la prestación básica universal, la eliminación de impuestos distorsivos, la creación de un fondo solidario con las provincias para enfrentar situaciones sociales extremas, muchas de estas medidas consideradas positivas.
El plan fue anunciado por el presidente de la Rúa y "explicado" por su ministro de Economía, José Luis Machinea, y de inmediato surgieron las reacciones. Los sindicalistas de la CGT resaltaron que esto pone "en peligro la seguridad jurídica de los trabajadores, que tienen tanto derecho a tenerla como los inversores".
Asimismo, están reunidos para ver la posibilidad de un reclamo judicial, ya que se ha determinado una baja salarial por decreto". Ante las críticas, el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez resaltó la necesidad de salir del estado de recesión en que se encuentra el país desde hace por los menos dos años, y afirmó que con crecimiento hay más capacidad y más independencia. Argumentó que se está ante la opción de despidos masivos o de tomar este camino de un esfuerzo equitativo.
Pero la desregulación de las obras sociales es otro golpe, bajo el argumento de que así "se puede elegir", cuando las prestadoras de salud son verdaderos monopolios, bajo los cuales quedarán sujetas millones de personas.
Se dijo que medio millar de empresarios, entre los que se cuentan grandes deudores y evasores del Estado, pero que no fueron castigados, adherirán a este segundo ajuste, que además sucede al impuestazo, un aumento impositivo que no dio resultados, ya que la mayoría de las familias eligen entre pagarlo o comer, señalaron los sindicalistas.
El pasado 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, criticó severamente las pérdidas del empleo, la pobreza, la brecha cada vez mas violenta entre ricos y pobres, tras señalar que "todos consuelan a los deudos pero nadie levanta al muerto".
La Iglesia advirtió alarmada sobre la perspectiva de una debacle social, después que durante una reciente reunión del Episcopado, cada obispo dio testimonio de la grave situación social en el país.
El cardenal Raúl Primatesta, desde Córdoba, rompió el fuego y se adhirió ųsin consultar al restoų a la marcha convocada por los líderes sindicales para el miércoles y desde varios sectores se aprestan a marchar en todo el país.
El diputado de la Alianza gobernante, Leopoldo Moreau, lamentó que el gobierno haya dejado de lado las iniciativas propuestas para restablecer los aportes patronales en las empresas privatizadas, lo que hubiera significado 200 millones de dólares.
También criticó que se abriera la posibilidad de que retornaran al Estado los aportes que se hacen a las empresas privadas en materia jubilatoria, ya que 75 por ciento de los afiliados a éstas lo están en forma compulsiva.