MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2000

Ť Miembro de la comisión que lleva el caso Espinosa

Amenazan por teléfono al diputado del PRD, Alvaro Arceo

Ť Intimidación ligada a la del panista Marcos Gutierrez: oposición

Ciro Pérez Silva Ť A unos días de que los diputados determinen si procede o no retirar el fuero constitucional al secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, por su presunta participación en el delito de peculado, el secretario de la Sección Instructora, el perredista Alvaro Arceo Corcuera, recibió una escueta amenaza telefónica: "ándense con cuidado".

A excepción de los priístas, los integrantes de esta instancia legislativa que tiene a su cargo determinar la presunta responsabilidad del funcionario, no dudaron en vincular este acto de intimidación al "accidente" que sufrió el panista Juan Marcos Gutiérrez, que lo obligó a permanecer en el hospital por casi dos semanas y a dejar temporalmente la presidencia de la Sección Instructora, cargo que reasumirá hoy.

Luego de explicar que la amenaza telefónica la recibió el lunes a las 18 horas en su oficina de la Cámara de Diputados, el perredista advirtió que su posición respecto del caso Espinosa Villarreal no variará pese a las presiones que se dan no sólo fuera del grupo de trabajo, sino también dentro.

El más reciente tuvo lugar ayer mismo, luego de que los integrantes de la Sección Instructora firmaran un punto de acuerdo que, según la interpretación del representante del PRI, Miguel Quirós Pérez, permitía abrir un periodo de pruebas tal y como lo había pedido la defensa de Espinosa Villarreal, a pesar de la oposición de los diputados de PAN, PRD y PT.

Ante cámaras y micrófonos, el priísta dijo estar "gratamente sorprendido" por el cambio de opinión de los diputados opositores, quienes se encontraban a un lado de Quirós Pérez sin poder ocultar la sorpresa por las declaraciones del priísta.

De acuerdo con éste, al abrirse un periodo de pruebas los indiciados podrían entregar todo tipo de documentos que demostraran su inocencia, mientras que el Ministerio Público podría hacer lo propio para sustentar sus acusaciones. Esto obligaría a ampliar el plazo, para contar con un dictamen de hasta 60 días, y a los diputados a evaluar cada prueba y determinar si el inculpado es inocente o culpable.

"Quirós Pérez, esquizofrénico"

"Es un esquizofrénico", respondió Arceo Corcuera cuando se le pidió una opinión sobre las declaraciones del representante del tricolor. "Es increíble que apenas estamos saliendo de firmar un acuerdo que en ninguna de sus partes admite la apertura de un periodo de pruebas, y el diputado Quirós Pérez, a quien mucho respeto, esté dando ese tipo de declaraciones", insistió el perredista, mientras que el presidente interino de la Sección Instructora, Felipe Urbiola, sostenía que las afirmaciones del priísta respondían a una "mala interpretación" del documento recién firmado.

Ambos diputados informaron entonces que el proceso legislativo para decidir si se retira o no el fuero constitucional al funcionario a efecto de permitir el ejercicio de la acción judicial, sólo consiste en determinar tres aspectos: "La presunta responsabilidad del indiciado; la existencia de elementos que configuren el tipo del delito y que el presunto responsable goce de fuero constitucional".

Para ello, insistieron, no es necesario abrir un periodo de pruebas, aunque precisaron que recibirán todos los documentos que aporte la defensa, que "pueden o no ser determinantes para la elaboración del dictamen, de acuerdo con lo que estos informes contengan". Mencionaron que otra de las contradicciones de Quirós Pérez es el hecho de que para un periodo de pruebas es necesario fijar fecha de inicio y de término, "lo que por supuesto no tiene el convenio que firmamos".

Tanto el panista Urbiola como el perredista Arceo, sostuvieron que su posición no ha variado y que las declaraciones del diputado del PRI no coincidían con los términos del acuerdo firmado minutos antes.

El acuerdo de 6 puntos establece que: "Se reconoce al servidor público indiciado la garantía de audiencia, misma que está actualizada en tanto que se le notificó el inicio del procedimiento poniendo en su conocimiento la imputación que se le hace, otorgándole un plazo de 7 días para que rindiera un informe y manifestara lo que a su derecho conviniera, para lo cual se le hizo entrega de la documentación correspondiente y ejerciera su defensa.

"De lo actuado se infiere que el servidor público contestó lo que consideró relevante para su defensa.

"Esta Sección Instructora considera pertinente, equitativo y justo el desahogo de pruebas, pero como el objeto de este procedimiento es autónomo al penal, ya que no se pretende prejuzgar la inocencia o culpabilidad del indiciado, sólo se examinará lo que se estime conducente a determinar si se llenan los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Como consecuencia del punto anterior, la Sección Instructora solamente atenderá las pruebas que estime necesarias para determinar si se desprenden tanto la existencia del delito, como la probable responsabilidad del servidor público indiciado, sin demérito de que este último presente, en el momento procesal oportuno, las pruebas a que se refiere en su constancia de imputación hecha a la autoridad que solicita la remoción de inmunidad procesal de que goza".

Tanto Urbiola como Arceo informaron que los cuatro casos, incluido el de Espinosa Villarreal, están en condiciones de ser dictaminados, lo que ocurrirá en el transcurso del próximo mes.