MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2000
Ť El gobierno español lo acusa de nexos con ETA
Aprehenden en Morelia al vasco Galarza; sería extraditado
Ť Entró a México en calidad de refugiado: familiares del detenido
David Aponte y José Galán Ť A petición del gobierno de España, la Policía Judicial Federal detuvo ayer con fines de extradición al vasco Lázaro Galarza Larrayoz, acusado de pertenecer a la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA), informaron familiares del extranjero.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que la aprehensión tuvo lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán, "en virtud de que el reclamado es prófugo de la justicia española por la comisión de delitos considerados graves".
En un comunicado de prensa, explicó que el gobierno de Madrid dispone de 45 días para presentar la petición formal de extradición, de conformidad con el tratado bilateral en la materia. Pero omitió el número de juzgado federal que llevará el caso. "La PGR reitera el compromiso del gobierno mexicano con la comunidad internacional para evitar que nuestro territorio sirva de refugio de delincuentes", agregó.
Vía telefónica, los familiares del vasco relataron que los agentes policiacos interceptaron a Galarza en el centro de la ciudad de Morelia, cuando éste enfilaba rumbo a su trabajo. "No le dijeron si había una orden de aprehensión o los motivos de la detención", explicaron.
Al filo del mediodía, un elemento de la policía (el agente no mencionó a cuál corporación pertenecía) acudió al domicilio de la familia Galarza para informar de la aprehensión y entregar las llaves del automóvil en que viajaba el vasco, relataron. "Sólo dijo que iba a ser extraditado a Madrid, por presuntos nexos con ETA", agregaron.
Galarza residía en territorio mexicano desde 1992, junto con su cónyuge Yolanda Golara. "Ambos entraron a México como refugiados (sin contar con documentos migratorios)", mencionaron sus familiares.
Por la tarde, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) envió una carta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, para solicitar la intervención urgente del ombudsman con el objetivo de garantizar el proceso debido al detenido.
"Como en otros casos similares, en los que se violaron gravemente derechos humanos, consideramos que de ningún modo es aplicable la Ley de Población. Lo apropiado es seguir un procedimiento de extradición, que se base en el Tratado de Extradición México-España y en la legislación internacional aplicable.
"Al mismo tiempo, estamos dirigiéndonos con carácter de urgencia al secretario de Gobernación (Diódoro Carrasco), a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a los medios nacionales e internacionales. No nos oponemos a un proceso de extradición, sino a una flagrante violación de derechos humanos y garantías constitucionales", argumentó Oscar González, presidente de la AMDH.
Durante los últimos cinco años, las autoridades mexicanas han detenido con fines de extradición a Esteban Murillo, Andoni Zelaya, Oscar Cadenas Lorente y Lázaro Galarza Larrayoz, todos ellos acusados de pertenecer a ETA. El gobierno español sólo obtuvo la entrega de Cadenas Lorente.
Paralelamente y en el mismo lapso, el gobierno de México ha deportado a 18 vascos, bajo el argumento de que los extranjeros han violado las leyes migratorias mexicanas. Sin embargo, los han entregado directamente a la policía española.
A principios de enero del año en curso, el gobierno de México detuvo y deportó a cuatro vascos: Mikel Arrieta Llopis, acusado de colaborar en varios atentados del comando Vizcaya en 1982; José Angel Ochoa de Eribe Landa, señalado de haber integrado la infraestructura del comando Araba de ETA en 1989; Miguel Santiago Izpurua García, acusado de etarra, y Josu Gotzon Larrea, vinculado a la misma organización.