MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2000
Ť Condenan ONG la debilidad del gobierno ante las agresiones en Arizona
Piden eliminar barreras del TLC al tránsito de personas
David Carrizales, Cristóbal García y Rubén Villalpando, corresponsales Ť Más de veinte organizaciones defensoras de derechos humanos y la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos, reunidas ayer en Monterrey, Nuevo León, condenaron la débil actitud del gobierno federal ante los atropellos cometidos por rancheros de Arizona contra migrantes indocumentados mexicanos.
A la reunión realizada en la capital neoleonesa acudieron representantes de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para intercambiar información sobre el fenómeno migratorio, problemas de seguridad, corrupción, violencia e impunidad, y proponer soluciones al respecto, afirmó Michael Chamberlin, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que representa a 52 agrupaciones de 17 entidades.
Acerca de la situación de los mexicanos que han sido cazados recientemente por rancheros de Arizona, Chamberlin aseveró que el gobierno federal debe intervenir enérgicamente por la vía diplomática, y lamentó el trato que autoridades y delincuentes mexicanos dan en nuestra frontera sur a indocumentados centroamericanos, que "es muy similar al que sufren nuestros compatriotas en Estados Unidos".
Chamberlin puntualizó que las políticas económicas neoliberales aplicadas en México, que niegan la posibilidad de desarrollo a comunidades indígenas y campesinas, "son la raíz del problema migratorio, ya que entidades como Oaxaca, Guanajuato y Guerrero se han convertido en grandes expulsoras de mano de obra hacia Estados Unidos".
Por lo anterior, propuso que el Tratado de Libre Comercio elimine las barreras para el tránsito de personas y estipule un pago salarial más equitativo en los tres países firmantes del acuerdo, con lo cual disminuiría el flujo migratorio.
A su vez, Arturo Solís, dirigente del Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, comentó que a pesar de las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno estadunidense, cada vez aumenta el número de mexicanos que cruzan la frontera en busca de mejorar sus condiciones económicas. Sostuvo que en marzo de este año se incrementó en 3 por ciento el número de indocumentados aprehendidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, en comparación con igual mes de 1999, "y el aumento es del 10 por ciento comparado con todo el año fiscal" estadunidense, que comenzó en octubre pasado.
De igual forma, expuso que el organismo que dirige ha documentado este año, sólo en la frontera de Tamaulipas, que 56 migrantes murieron ahogados al pretender cruzar en forma ilegal el río Bravo. Solís agregó que en 1999 fallecieron aproximadamente 200 indocumentados en la frontera tamaulipeca, y a pesar del "elevado número de muertes, nadie protesta, mucho menos el gobierno mexicano".
Por su parte, Jorge Conde, del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos en Tijuana, aseveró que la postura de los rancheros cazailegales, es resultado de "una política discriminatoria de la migración, que busca mantener bajos los salarios de los jornaleros mexicanos".
Disminuye la tensión, dice el INM
La tensión en la frontera de Sonora con Arizona ha disminuido, ya que en los últimos días no se ha registrado ninguna agresión de rancheros estadunidenses contra migrantes mexicanos, sostuvo Adolfo Hernández Muñoz, delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Sonora.
Entrevistado ayer en Hermosillo, Hernández Muñoz dijo que aún no llegan a la zona los cien policías de la Federal Preventiva que anunció la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, durante la reciente reunión binacional en Washington, donde el tema principal fue la cacería de indocumentados.
En tanto, Carlos Marentes, dirigente de la Unión de Trabajadores Agrícolas, con sede en El Paso, Texas, al ser entrevistado en Ciudad Juárez, Chihuahua, aseguró que en Arizona y Nuevo México "los rancheros se organizaron para mantener a los indocumentados que contratan en condiciones de esclavitud y explotación".
Asimismo, afirmó que "el problema de la explotación a que son sometidos los indocumentados mexicanos" en diversas entidades de Estados Unidos, "es tan grave como el generado por los rancheros que se dedican a cazar personas".