ARGENTINA EN LA TORMENTA SOCIAL

Una huelga general ha sacudido ya a la Argentina dirigida por la alianza compuesta por el Frepaso y la Unión Cívica Radical, alianza que dice ser de centro-izquierda, a un punto tal que el presidente Fernando de la Rúa está en Europa con Fernando Henrique Cardoso, del Brasil, Tony Blair, del Reino Unido, Gerhard Schroeder, de Alemania, y otros políticos similares, como representante latinoamericano de una tercera vía supuestamente contraria al neoliberalismo.

Dicha huelga, contra la política propuesta por el Fondo Monetario Internacional y aplicada por el gobierno, contra los despidos, la desocupación y la creciente desigualdad social, fue promovida por el sector disidente ("Combativo", de la Confederación General del Trabajo, CGT) y por la Central de los Trabajadores Argentinos, más radical. La huelga fue seguida por más de 80 por ciento de los trabajadores y por vastos sectores de la población, que hicieron una marcha multitudinaria contra el FMI. La propia Iglesia católica criticó las desigualdades sociales y a ese organismo internacional, aunque ahora, asustada por las consecuencias políticas de su osadía, diga que su vocero habló por cuenta propia en la manifestación en la que se propuso la desobediencia civil, realizar cacerolazos y recurrir a la desobediencia fiscal ya que, según los sindicalistas, el gobierno cobra impuestos a los pobres pero no a los ricos.

Ante esta amenaza, el gobierno acusa ahora a los sindicalistas opositores de "golpismo político" y de conspirar contra la estabilidad del peso, que vale un dólar, buscando devaluarlo, y sostiene que en el último mes recaudó 11.5 por ciento más en impuestos, como resultado de las nuevas leyes impositivas y de una reanimación económica que la mayoría de los argentinos no registra.

Independientemente de que las medidas propuestas por la CGT no fueron jamás aplicadas contra el gobierno de Carlos Menem, tan ligado al FMI como el de De la Rúa y responsable de la grave situación económica y social que este último ha heredado, queda el hecho de que la población no aguanta más una lógica económica según la cual, para satisfacer al FMI y lograr resultados macroeconómicos "positivos", hay que aumentar la desocupación, reducir los salarios reales, desmantelar lo que queda de los derechos sociales y, sobre todo, no tocar a los grandes capitales para no asustar a los inversionistas extranjeros y, supuestamente, para que dichos capitales "goteen hacia abajo" invirtiendo y gastando, creando empleos y desarrollando la economía.

Para colmo, los nuevos recortes de más de 600 millones de dólares en salarios de funcionarios estatales no sólo afectan aún más el ya deficiente funcionamiento de la máquina estatal, sino que aumentan las filas de una desocupación oficial que supera el 18 por ciento como promedio nacional y, sobre todo, no tocan las partidas de representación ni los altos sueldos de quienes realizan los cortes.

A la terrible desigualdad social se unen así la burla, la insensibilidad y el agravio a los pobres, y todo eso da material para medidas poco razonadas y que no se inscriben en la construcción de una alternativa pero que son muy populares.

En Argentina, como en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y el resto de América Latina, la política promovida por el FMI y acatada sin chistar por los gobiernos, sean éstos neoliberales o de la supuesta tercera vía, está totalmente desgastada, es inaplicable y promueve futuras explosiones sociales que, desgraciadamente, podrían ser canalizadas por demagogos aventureros, populistas de derecha o incluso por alternativas militares.

Lo más sensato sería, por lo tanto, cambiar de rumbo mientras se está a tiempo, en vez de caminar derecho hacia el desastre.