SABADO 3 DE JUNIO DE 2000
* Renunció Carlos Silvani, jefe de la Dirección General Impositiva
Minimiza el gobierno argentino la posibilidad de un estallido social
* Hay grupos violentos, incluso armados: Storani * Convalida la justicia decreto para bajar salarios
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 2 de junio * El ministro argentino del Interior, Federico Storani, minimizó hoy la posibilidad de un gran estallido social en el país, y aunque reconoció que existe una difícil situación en diversas provincias, "no vemos que esté afectada la gobernabilidad", sostuvo tras descalificar el paro nacional anunciado por las centrales de trabajadores para el 9 de junio que, dijo, "no servirá para nada".
En tanto, Carlos Silvani, el jefe de la Dirección General Impositiva renunció a su cargo en momentos en que se informó que la recaudación impositiva subió 449 millones de dólares en mayo pasado, lo que significa 11.5 por ciento con respecto a abril, gracias a la moratoria dispuesta.
Silvani, sin embargo, ha sido criticado por algunos sectores gubernamentales al no tomar medidas para frenar la evasión fiscal entre los sectores más poderosos, que tienen deudas millonarias, y por no atender el problema clave de la Aduana, convertida desde hace unos años en un foco de corrupción y contrabando.
Storani informó que el gobierno evalúa el impacto de las medidas económicas de los últimos días, las que justificó, en especial la baja salarial, al señalar que fue la única opción para no realizar despidos masivos ante la grave situación en la que este gobierno recibió el país, con un déficit fiscal de 7 mil millones de dólares, que en los hechos suma 10 mil millones.
El ministro dejó entrever que hay "sectores violentos" e incluso armados que están impulsando a la gente con serios problemas de trabajo y quienes son azuzados por líderes opositores de las mismas provincias, además de que existen funcionarios que "dejan crecer" los conflictos para luego pedir auxilio al gobierno central y "nacionalizar la crisis".
Criticó, por otro lado, al dirigente Hugo Moyano, del sector disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), por instar a la desobediencia fiscal --lo que calificó de posición irracional-- durante la multitudinaria marcha del miércoles, la que, dijo, fue "muy heterogénea, con personas vinculadas al anterior gobierno", aunque admitió que hay sectores simpatizantes con el actual gobierno "desencantados" por las medidas.
A la pregunta de la prensa sobre si no hubiera sido una buena medida exigir los aportes patronales a los concesionarios de empresas de servicios y otras que ganan millones de dólares mensuales, Storani sostuvo que hubo que negociar para que aumentaran las inversiones pues "necesitamos recursos urgentes para la reactivación económica" del país. Tampoco quiso responsabilizar de toda la crisis al Fondo Monetario Internacional, "aunque hay debates universales sobre el tema".
Sobre la intervención de Gendarmería en los distintos conflictos, dijo que se trata de medidas de seguridad interna y que su gobierno ha tratado de tener "tolerancia" ante la comprometida situación social.
Por último, se refirió al tema de las acciones mafiosas que en los últimos años se tradujeron en amenazas a periodistas, asesinatos de testigos, escándalos de corrupción, ocultamientos de pruebas y "guerras sucias" que marcaron al gobierno anterior, y sostuvo que se ha logrado ya un "menor andamiaje en toda la estructura del Estado", pero que falta aún modificar las estructuras de la justicia para romper algunos nichos de ese poder mafioso.
Por otro lado, la Corte Suprema argentina decidió convalidar un decreto del ex presidente Carlos Saúl Menem, del año 1995, para bajar salarios, lo que era anticonstitucional, y de esta manera dio vía libre para la poda dispuesta por el actual gobierno de Fernando de la Rúa.