SABADO 3 DE JUNIO DE 2000
* Acusa a militares de Guatemala por 36 años de crímenes
Avanza la denuncia de Menchú en los juzgados de España
* El dictamen para la admisión del trámite podría darse en un mes
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 2 de junio * El caso Guatemala en España avanza a pesar del entorno adverso que ha prevalecido desde que irrumpió en el escenario judicial, en diciembre pasado, con amenazas de muerte contra la lideresa indígena y Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, y el resto de los involucrados en el proceso judicial.
La denuncia presentada ante la Audiencia Nacional de España por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura a lo largo de los 36 años de regímenes militares en Guatemala, pretende juzgar a oficiales y altos mandos del ejército y la policía de ese país, entre ellos el general Fernando Romeo Lucas, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Victores, para quienes habrá "una orden internacional de búsqueda y captura" antes del próximo mes de julio, explicó a La Jornada Antonio García, el abogado que junto con Carlos Vila representan a la acusación popular.
El abogado también se refirió a cartas amenazantes que han recibido los últimos meses y de la visita "clandestina" que les hizo en Madrid un supuesto representante del ejército guatemalteco.
Menchú entregó pruebas que documentan la limpieza étnica realizada por la cúpula militar, y que provocó la muerte de unas 250 mil personas, la mayoría indígenas mayas. Entre los informes entregados destaca el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El curso del proceso está a la espera de que el Pleno de la Sala de la Audiencia Nacional decida sobre un recurso de apelación presentado por la propia fiscalía del Estado español contra la admisión a trámite de la querella.
Esta actitud del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, es la misma que mantuvo en los procesos contra la cúpula militar argentina y contra el ex dictador Augusto Pinochet, y que finalmente no prosperó, con lo que se dio luz verde al argumento de que los tribunales españoles son "competentes", al tratarse de una violación de los derechos humanos. El juez Guillermo Ruiz de Polanco, que instruye el caso, se ha inclinado en favor de la admisión al trámite.
Este dictamen de la sala se hará en "aproximadamente un mes", dijo García, y explicó que si la decisión es favorable, "como debe ser dados los precedentes de Chile y Argentina", se "emitirá una orden internacional de búsqueda y captura" contra los acusados, dado que ellos mismos decidieron "hacer dejación de comparecencia ante la justicia".
El abogado, que también representa al sindicato español Comisiones Obreras (que se hizo parte de la acusación), señaló que hasta el momento sólo han prestado declaración los testigos que residen en España, como el ex embajador español en Guatemala Máximo Cajal, pero que una vez que la sala de lo penal se pronuncie se "llamará a toda la batería de testigos y peritos que hemos propuesto".
La declaración de Cajal, indicó García, "es fundamental para el proceso, pues representa una prueba muy sólida" de que el incendio de la embajada española el 31 de enero de 1980 ųacción militar en la que murieron 37 personas y en la que estuvo a punto de ser linchado el propio embajadorų "se produjo en una forma absolutamente brutal y desproporcionada", y desecha la tesis de que "no era territorio español" o que fue "la propia embajada la que pidió el ingreso del ejército".
En lo relativo a la actitud del gobierno español presidido por José María Aznar, Antonio García exigió el "cese del fiscal Jesús Cardenal, que sistemáticamente se opone a que prosperen las demandas, supongo que por conveniencias políticas y por la propia estructura conservadora que impera en este país".
Las amenazas de muerte y las cartas ofensivas que han recibido tanto Menchú como los miembros de su Fundación y las personas que han decidido fungir como acusación popular en el proceso, también han sido recibidas en las oficinas madrileñas de Comisiones Obreras.
"No podemos permitir que en aras de intereses inconfesables se quiera martirizar a patriotas ejemplares (en alusión a los presuntos genocidas) cuyo único pecado fue cumplir con su deber de evitar que Guatemala sufriera la tragedia de Cuba y Nicaragua", indica la misiva. Al referirse a la apertura del proceso, señala: "Merecen el repudio de los buenos guatemaltecos, que hemos demostrado ser la inmensa mayoría, actitudes indignas y cobardes como la de Rigoberta Menchú, a quien no le ha importado ponerse de rodillas ante el trasnochado imperio español para que pisoteen la soberanía de nuestra patria. Más despreciable es saber que detrás de esa traidora de la raza maya-quiché están conocidos delincuentes subversivos como Gustavo Meoño Bremer (alias comandante Manolo) y los comunistas internacionales de las autodenominadas Comisiones Obreras de España. Esos son los traidores que quieren enlodar la honra de los patriotas". Las misivas están firmadas por el "comité de acción nacional para la defensa de la democracia y la libertad".
Asimismo, Antonio García relató que a unas semanas de iniciado el proceso, una supuesta periodista, que se presentó como reportera de Terra México, les estuvo grabando y tomando fotos, y que más tarde fueron informados de que se trataba de una presunta enviada del ejército guatemalteco.