PERU: DEMOCRACIA INTERRUMPIDA

La mayor parte de los gobiernos representados en la reunión anual de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Windsor, Canadá, han mostrado una clara falta de voluntad para condenar la farsa electoral que culminó en Perú hace quince días con un "triunfo" del presidente Alberto Fujimori -quien concurrió solo a la segunda vuelta de los comicios, ante el retiro de su adversario, Alejandro Toledo-- y para emprender acciones que permitan el restablecimiento de la institucionalidad peruana.

Ni siquiera el crítico informe presentado por la misión de la OEA que asistió al proceso electoral peruano, y que se retiró por considerarlo viciado y desvirtuado, ha logrado disipar el afán de proteger a Fujimori que muestra la mayor parte de los representantes latinoamericanos ante el organismo hemisférico, afán que ha sido percibido como una cura en salud ante la eventualidad de que distorsiones semejantes en sus respectivos países pudieran dar pie a presiones internacionales.

Ayer, en la reunión de Windsor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció un baño de agua fría a los defensores de Fujimori, al presentar un documento durísimo en el que se afirma, entre otras cosas, que el empeño fujimorista de permanecer otro lustro en el poder se llevó a cabo mediante una "interrupción irregular del proceso democrático". Adicionalmente, el texto de la CIDH apunta a la ilegitimidad de la candidatura misma del mandatario de origen japonés, cuyo registro hubo de pasar por la destitución arbitraria de tres miembros del Tribunal Constitucional que consideraban que Fujimori no tenía derecho a ser reelecto por una segunda ocasión.

El informe de la CIDH, aunado al documento previo de la misión de observación electoral de la OEA, presidida por Eduardo Stein, coloca a los cancilleres del hemisferio en una posición difícil, toda vez que los priva de argumentos para cerrar los ojos -como pretenden-- ante la perpetuación, por vías seudoelectorales, de un régimen que sólo en su propio discurso puede hacerse acreedor al apelativo de democrático.

En efecto, el gobierno peruano perdió la condición de democracia hace ocho años, cuando Fujimori, en el curso de un golpe de Estado emprendido desde la Presidencia, suprimió al resto de las instituciones civiles, acabó con la división de poderes e instauró una tiranía civil que, desde entonces, ha violado en forma regular los derechos humanos y políticos de los peruanos. Desde entonces, el resto de los gobernantes latinoamericanos han optado por hacerse de la vista gorda y han compartido la mesa y la foto con un dictador que, para serlo, no necesita de uniforme castrense.

Pero el proceso "electoral" de abril y mayo en Perú ha sido una farsa demasiado evidente, y si la diplomacia latinoamericana no se deslinda de manera inequívoca de la dictadura fujimorista enviará una señal extremadamente peligrosa y potencialmente desestabilizadora a toda la región: si se legitima ese antecedente, cualquier presidente "democrático" podrá torcer procesos electorales a voluntad, barrer con la institucionalidad republicana de su país o perpetuarse en el poder sin temor de que sus pares regionales le quiten el saludo.