MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2000
Ť Están involucrados autoridades, personal de Tv Azteca y de la CDHDF
Diez averiguaciones en torno al caso Stanley
Ť Cuatro de ellas se turnaron a la Procuraduría General de la República y una a Sonora
Elia Baltazar Ť Derivado de las investigaciones que durante un año ha realizado la procuraduría capitalina sobre el homicidio de Francisco Stanley, se han iniciado 10 averiguaciones previas más relacionadas con el caso, cuatro de las cuales se turnaron a la Procuraduría General de la República y una más a las autoridades de Sonora.
Estas averiguaciones previas involucran tanto a funcionarios públicos del ámbito federal y local, como a autoridades penitenciarias, directivos y empleados de Tv Azteca, así como a personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Así pues, relacionados de una u otra forma con el caso, están el ex director general de Normatividad y Supervisión en Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Marcos Manuel Souberville, quien autorizó las credenciales de la dependencia para Francisco Stanley, su hijo y Mario Rodríguez Bezares; el ex director de Prevención y Readaptación Social de la misma Segob, Miguel Angel Yunes; el responsable de esa área en Veracruz, Rafael Carvajal, así como el director y subdirector del penal de la Fortaleza de San Carlos, en Perote.
Para las autoridades de la PGJDF, la investigación del caso Stanley ha significado el enfrentamiento con poderosos intereses que se encuentran detrás de este asesinato, lo cual se ha traducido en una constante obstrucción de las averiguaciones en diferentes etapas.
Así, están pendientes los resultados de las indagatorias que en su poder tiene la PGR, donde se encuentra radicada aquella que involucra a Francisco Stanley con el posible delito de lavado de dinero, pues se presume que los recursos de la empresa de su propiedad, ST Producciones, tuvieron como origen el narcotráfico, dadas las relaciones comprobadas del conductor de televisión con Amado Carrillo, El señor de los cielos.
Luego está la que se inició por la portación de armas y credenciales expedidas por la Secretaría de Gobernación para Stanley, el hijo de éste y Mario Rodríguez Bezares, firmadas por Marcos Manuel Souberville, ex director de Normatividad y Supervisión, que los acreditaba como funcionarios públicos de la dependencia federal, autorizados para ir armados. Lo anterior, incluso, significó la renuncia de Souberville.
En manos de la justicia federal también se encuentran las averiguaciones previas que se iniciaron a partir de la denuncia de la lectora de noticias de Tv Azteca, Lilly Téllez, en contra del procurador capitalino Samuel del Villar y del subprocurador Hugo Vera, así como la que recientemente se inició por la posible comisión de delitos contra la salud y tortura contra autoridades del penal de la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, donde estuvo preso Luis Gabriel Valencia, uno de los principales testigos del caso.
A las autoridades de Sonora se envió la indagatoria por el posible delito de peculado, luego que se comprobara que la camioneta en que se transportaba Lilly Téllez el día en que abordó al procurador capitalino, Samuel del Villar, frente a su casa, era de la representación del gobierno de aquel estado.
La PGJDF, en tanto, tiene bajo su responsabilidad no sólo la indagatoria de la muerte de Stanley, sino el esclarecimiento de los hechos que motivaron la retractación de Valencia, sobre quien pesan ya dos averiguaciones previas por falsedad de declaraciones, una de ellas derivada de la denuncia que presentó el fiscal Fernando Castro, por las acusaciones que en su contra y en contra del subprocurador Mauricio Tornero hizo el interno.
También se inició la investigación por la denuncia de hechos que presentó Del Villar contra el abogado de los Amezcua, Everardo Rojas, quien afirmó que el procurador conocería el cielo y el infierno con el caso Stanley, en un tono que se interpretó como una amenaza velada. Y una más devino de la denuncia que presentara el interno Alfredo Islas, por la visita que recibió en el Reclusorio Preventivo Sur de personas no identificadas que se hicieron pasar por funcionarios de derechos humanos, luego que fue interrogado por las autoridades, pues compartía dormitorio con los Amezcua.
Así, a la fecha la PGJDF ha llevado a cabo al menos mil 500 diligencias para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 7 de junio en el estacionamiento del restaurante El Charco de las Ranas, y tomado declaración a cerca de 400 testigos relacionados con el caso.
Ť Se provocó lesiones
Incrementan la vigilancia sobre Valencia López
La Dirección General de Reclusorios incrementó la vigilancia sobre Luis Gabriel Valencia López, testigo del caso Stanley, incluso con un médico las 24 horas del día luego de que el pasado domingo él mismo se golpeó contra los muros, muebles y vidrios y amenazó a los custodios con acusarlos de haber sido ellos los que lo golpearon.
"Cuento con el apoyo de Televisión Azteca, la Comisión de Derechos Humanos (del Distrito Federal) y otros organismos", advirtió Valencia, informó ayer el jefe de Servicios de Apoyo del Reclusorio Oriente, Abraham García Martínez.
El funcionario informó que el pasado 4 de junio el testigo, quien enfrenta un proceso por falsedad en declaraciones tras su retractación ante la autoridad jurisdiccional, pidió hacer una llamada telefónica, los custodios le indicaron que tenían que pedir la autorización, puesto que se trataba de un área restringida y por las medias de seguridad bajo las que se encuentra. Valencia, dijo García Ramírez, "se desesperó y comenzó a golpearse" para luego decir a los custodios que iba a levantar un acta para acusarlos a ellos dado que tiene el apoyo de la televisora y el ombudsman señalados.
"Ahorita tenemos órdenes de la dirección para que se incremente la vigilancia a esta persona y haya un médico las 24 horas del día, que además certificará las lesiones que se provocó", dijo.
Declara comandante
En tanto, ayer se realizó una audiencia en el juzgado 55 penal de Reclusorio Oriente, en la que se presentó a declarar el comandante de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Rafael Telésforo Tuxpan Zainos, diligencia que se retrasó por casi cuatro horas; inició a las 14 horas y se prolongó hasta minutos después de las 21 horas.
Sólo durante la primera hora se formularon cuatro preguntas, de las cuales sólo dos habían sido admitidas.
El funcionario dijo que son falsas las acusaciones de Valencia López sobre las supuestas amenazas para obligarlo a acusar a Ignacio Amezcua, Paola Durante y Erasmo Pérez. Admitió que visitó al testigo en 16 ocasiones en la Penitenciaría del Distrito Federal de Santa Marta Acatitla, en el Reclusorio Sur y en los penales de Perote, Veracruz y la ciudad de Puebla, pero aclaró que fue por las llamadas telefónicas que el cocinero hizo a la Procuraduría y en los términos del acuerdo A/002/90 para brindar protección a testigos que se consideran en peligro.
Mientras tanto, en Sonora, el representante del gobierno del estado en el Distrito Federal, Abelardo Rodríguez Mendoza, compareció ante la Contraloría General de la entidad con respecto al juicio administrativo que se sigue en su contra, por prestar en forma no autorizada un automóvil propiedad del estado a su ex esposa, Lilly Téllez, empleada de Televisión Azteca.
Por medio de un equipo de abogados, Rodríguez Mendoza argumentó en su declaración que los hechos que se le imputan son parte de los fines y obligaciones que tiene la representación, y se encuentran fundados en el reglamento interior de gobierno del propio organismo.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ningún funcionario público puede hacer uso indebido de los bienes muebles e inmuebles propiedad del gobierno en beneficio de particulares, por lo que se presume una clara violación a esta disposición. (Angel Bolaños y Cristóbal García Bernal, corresponsal)
Pruebas en contra de los implicados
Luis Ignacio Amezcua Contreras (jefe del cártel de Colima; presunto autor intelectual de la muerte de Paco Stanley)
Ť Ratificación judicial de la declaración de Luis Gabriel Valencia López en el auto de término el 1 de septiembre de 1999.
Ť Imposibilidad de tres testigos presentados por la defensa de Amezcua para acreditar que estuvieron con él el 22 de abril de 1999.
Ť Testimonio de Luis Cisneros que acredita que Valencia era su cocinero y que confirma que conoció a Pérez Garnica
Ť Declaración del propio Amezcua, en la cual no puede desacreditar la imputación que obra en su contra.
Erasmo Pérez Garnica, El Cholo (presunto autor material del homicidio y ex burro del cártel de Colima)
Ť Ratificación judicial de la declaración de Valencia López el 1 de septiembre de 1999.
Ť Imposibilidad de cinco testigos para desacreditar que el procesado estuvo en un lugar distinto al de los hechos el 7 de junio y el 22 de abril.
Ť Reconocimiento judicial de cinco testigos de los hechos sobre la participación del procesado en el homicidio de Francisco Stanley.
Paola Durante Ochoa (acusada de servir como enlace para realizar el asesinato de su jefe)
Ť Ratificación judicial de la declaración de Luis Gabriel Valencia López.
Ť Testimonio de tres testigos que vinculan a Paola Durante con los hermanos Amezcua y con la distribución de metanfetaminas.
Ť El registro de visitantes del Reclusorio Sur, en donde aparece el nombre de Paola entre los de los hermanos Amezcua, y el testimonio del reo Luis Alfredo Islas que confirma que no fue a visitarlo a él.
Ť Declaraciones judiciales de la propia Paola, en las cuales no puede desacreditar que estuvo en la celda de Luis Amezcua el 22 de abril.
Mario Rodríguez Bezares (acusado de haber contribuido a la colocación de Francisco Stanley)
Ť Ratificación judicial de Valencia López
Ť Declaración ante las autoridades de Jorge Gil, quien confirma que el patiño ubicó telefónicamente a Stanley en El charco de las ranas.
Ť Testimonio del doctor Jesús Alberto Zavala, ortopedista del Hospital Angeles, en el que establece que Rodríguez Bezares no presentaba ninguna disfunción o problema en el pie el día de los hechos. (Agustín Salgado)