JUEVES 8 DE JUNIO DE 2000
* Podrían algunos alcanzar cadena perpetua: fiscal
Comparecen testigos en juicio en Italia a represores argentinos
Afp, Dpa y Reuters, Roma, 7 de junio * La sexta audiencia del juicio en Italia para juzgar en ausencia a siete ex represores argentinos por la desaparición y muerte de ocho ciudadanos italianos, se inició hoy con una de las fases mas dramáticas, la comparecencia de los primeros testigos de aquellos hechos.
Con voz entrecortada, Angela Boitano reconstruyó durante casi una hora ante la segunda corte criminal de Roma el secuestro y desaparición de sus dos hijos, Miguel Angel y Adriana, durante la dictadura militar argentina (1976-1983), y luego le tocó el turno a María Manca, madre del desaparecido líder sindical Mario Mastinu.
Después de 16 años y a pesar de los múltiples aplazamientos y dificultades jurídicas, Italia comenzó el juicio contra los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, así como contra el prefecto de Tigre, Juan Carlos Gerardi, y los suboficiales Julio Rossin, Alejandro Puertas, José Porchetto y Omar Maldonado.
Suárez Mason, ex jefe del primer cuerpo del ejército, el principal acusado, cumple prisión domiciliaria en Argentina por su presunta participación en un plan sistemático de robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención de la dictadura, y posterior supresión de su identidad.
El septuagenario ex general se rehusó la semana pasada a ser trasladado a Italia para declarar ante el tribunal romano, pese que antes había pedido asistir, así que el tribunal decidió juzgarlo en ausencia.
De los 600 casos denunciados, los jueces definieron que existen elementos suficientes para examinar la desaparición y muerte de ocho ciudadanos italianos, entre ellos Laura Carlotto y su bebé Guido, hija y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la entidad Abuelas de Plaza de Mayo.
Deberán testimoniar ante el tribunal italiano el ex fiscal argentino Emilio Strassera, el ex oficial de la marina José Luis D'Andrea Mohr, y el cónsul italiano en Buenos Aires entre 1976 y 1977.
Periodistas, ex jueces, sobrevivientes de los centros clandestinos y familiares de desaparecidos tendrán la tarea de ilustrar a la corte, integrada por seis civiles y dos jueces, el panorama político y social de Argentina durante el régimen militar, bajo el cual desaparecieron unas 30 mil personas.
El fiscal italiano Francisco Caporale dijo que la máxima pena posible por los cargos formulados contra los ex militares es la de cadena perpetua, pero agregó que el principal interés de las partes perjudicadas es que se hable de las atrocidades cometidas por los generales en Argentina.
Varios ex represores fueron juzgados y condenados tras el regreso de la democracia en 1983 en aquel país, pero quedaron en libertad poco después al beneficiarse con leyes exculpatorias, mientras a los jerarcas militares se les otorgó un indulto.