JUEVES 8 DE JUNIO DE 2000

* Incluidas, las familias Fox y Labastida, además de empresas de Salinas Pliego

Lista del Fobaproa con 747 nombres de personas y firmas

* Gurría incurrió en complicidad o encubrimiento, denuncia el legislador perredista Pablo Gómez

José Antonio Román * El coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, presentó un listado con 747 nombres de empresas y particulares que se beneficiaron del Fobaproa, y en el que aparecen un senador priísta, nueve gobiernos estatales, dos municipales, dos diarios de circulación nacional, Televisión Azteca y otras empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, además de los apellidos Labastida y Fox.

Primero en conferencia de prensa y luego en la tribuna de la Comisión Permanente, el legislador perredista acusó al secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y el vocal ejecutivo del IPAB, Vicente Corta, de incurrir, probablemente, en el delito de encubrimiento o complicidad, al no dar parte al Ministerio Público de las irregularidades detectadas en los créditos reportables que le fueron entregados por el auditor Michael Mackey.

Desde tribuna invocó también el derecho de los diputados a conocer el resultado de la auditoría, pues fueron ellos quienes encargaron la revisión a Mackey, y es el momento en que desconocen prácticamente todo lo relacionado con ese trabajo, mientras que el gobierno, que conoce todo, "no ha hecho absolutamente nada".

Insistió en que debió ser la Cámara de Diputados la instancia que conociera a plenitud dicha auditoría y ser ella la que le entregara al IPAB, situación en la que coincidió el diputado panista Edgar Ramírez Pech, quien exhortó, a su vez, a Francisco Labastida Ochoa a que otorgue la clave para acceder al disco del Fobaproa.

Pablo Gómez aclaró que el listado, el cual no contiene el monto del crédito original, es un anexo que viene en un acta de entrega-recepción de papeles del Fobaproa al IPAB, y es el único anexo contenido en las copias enviadas por el instituto a la comisión investigadora integrada en la Cámara de Diputados. "No sabemos cuáles de estos créditos fueron ilegales, porque los considerados ilegales por el auditor Mackey no los conocemos, solamente el gobierno. Además, la lista de créditos considerados como ilegales por el auditor Mackey no ha sido reportada, o al menos no se ha demostrado que haya sido reportada, como es su obligación, por el IPAB al Ministerio Público de la Federación", comentó el legislador.

Subrayó que Vicente Corta no tiene autoridad alguna para reconvenir a ningún legislador, en referencia a las declaraciones que recientemente hizo al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la comisión investigadora del IPAB en la Cámara de D iputados. "Ningún diputado puede ser reconvenido ni por un tribunal, ni por la Corte, ni por el Presidente de la República, ni por un servidor público de bajo nivel como es el señor Corta", dijo en tono enérgico el coordinador perredista Pablo Gómez, quien desmintió que en estos datos exista el llamado secreto bancario, pues desde que la nación absorbió los créditos no pagados a la banca, en ese momento se convirtió en un asunto de carácter público.

Reiteró que el asunto es nacional, porque afecta las finanzas públicas, es la deuda de todos los mexicanos y no hay nada que deba mantenerse en secreto, reiteró tanto en la conferencia de prensa como en su intervención desde la tribuna.

Más adelante, dijo que este listado no tendría ninguna significación si se tuviera la lista de créditos reportables, pues es probable que algunos de éstos estén en la lista de los considerados ilegales, pero eso no se podrá saber sino hasta que se haga público el informe de la auditoría Mackey. En el largo listado entregado ayer por el coordinador de la bancada perredista se encuentran empresas como General Motors, Videovisa, Salinas y Rocha, TAESA, Hoteles Aristos, Dina, Gutsa, Cementos Cruz Azul, Desarrollo de Club de Golf Lomas, IUSA Peralta, Mex-Lub, Protexa, Estrella Blanca, Home Mart, Pelletier, así como varias autopistas carreteras y hasta el parque recreativo Reino Aventura.

El Universal y Excélsior, reportados

Entre los particulares se encuentran los apellidos y nombres de Aguirre Vizzuet, Agustín y Eduardo Legorreta, Lankenau, Cabal, Hank Rhon, Justo Fernández, Loret de Mola, Maurer Espinosa, Sada Zambrano y Alberto Santos Hoyos, quien por cierto es senador priísta, además de Labastida y Fox. De los gobiernos estatales reportados en esta lista se encuentran los de Nuevo León, Coahuila, Campeche, Yucatán, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Sonora y DF, así como los del municipio de Mazatlán y de Naucalpan. Con respecto a los diarios de circulación nacional, están El Universal y Excélsior, así como Televisión Azteca y empresas como Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Pablo Gómez mencionó que del listado se desconoce si estos créditos son ilegales, pero de lo que sí pueden estar seguros los mexicanos es que todas estas personas y razones sociales no pagaron a los bancos los créditos solicitados y las instituciones bancarias se los entregaron como cartera vencida al Fobaproa. Hoy todo esto forma parte de un enorme costo fiscal que estamos pagando todos.

"Y algunos nombres de personas muy prósperas y de empresas también muy prósperas, no obstante lo cual le han pasado una parte de sus adeudos con la banca al erario público, a través del monstruoso mecanismo del Fobaproa, inventado por el señor Zedillo y su gabinete, que son los responsables principales de la operación del Fobaproa. Les entrego la lista; es exactamente como la mandó el IPAB; no sabemos por qué la mandaría, son más de 700", dijo el legislador al entregar copia a los medios.

Luego, en la tribuna, el diputado panista Edgar Ramírez Pech demandó que la junta de gobierno del IPAB entregue las listas de quienes están involucrados en el Fobaproa, toda vez que no procede el argumento de no conocer esa información porque, de hacerlo, se violaría el secreto bancario.

Aclaró, además, que el PAN jamás ha respaldado que esas listas permanezcan en secreto, pues desde el año pasado exigió la publicación de las listas de los créditos reportables, e incluso la depuración de las mismas, porque de lo que se trata es que se sepa quiénes abusaron de ese instrumento.

Por su parte, Bernardo Bátiz, del PRD, denunció que el legislador del PAN, Fauzi Hamdan es el responsable de haber puesto candados para que no se conociera la lista de los deudores del IPAB.

En este sentido, señaló que tanto el PAN como el PRI no desean abrir los candados, por lo que consideró infundadas las declaraciones de los legisladores panistas, que ahora demandan, que la lista se dé a conocer.

Durante todo el tiempo que duró el tema del Fobaproa en la sesión, ninguno de los legisladores priístas subió a tribuna a hacer uso de la palabra, conformándose con seguirlo desde sus curules.