JUEVES 8 DE JUNIO DE 2000
* Se politizaría el caso, el argumento: el banco
La PGR no quiere llamar a comparecer al hermano de Fox
* Altas autoridades maniobran para que la denuncia no avance
Gustavo Castillo García, enviado, Reynosa, Tamps., 7 de junio * La Procuraduría General de la República (PGR) se niega a citar a Juan Pablo Fox Quesada para que comparezca ante el Ministerio Público Federal (MPF), bajo el argumento de que "no quiere politizar el asunto", ya que el hermano del candidato panista a la Presidencia de la República es considerado presunto responsable de los delitos de abuso de confianza y fraude, cometido en contra del banco estadunidense First National Bank, con el que contrajo un crédito por cien mil dólares desde octubre de 1997 y el cual, a la fecha, no ha pagado, indicaron fuentes cercanas a la defensa de la institución crediticia.
El bufete de abogados con sede en esta ciudad ha solicitado en reiteradas ocasiones a la PGR, a través del litigante Jesús H. Caballero, la comparecencia del hermano de Vicente Fox, sin embargo, "Juan Pablo ha argumentado que no acudirá ante el Ministerio Público ni pagará nada, hasta en tanto no sea legalmente obligado", indicaron las fuentes.
Asimismo, en la delegación de la PGR en esta ciudad se dijo que "no se ha pedido la comparecencia de Juan Pablo Fox, porque altas autoridades de la Procuraduría no quieren que esta denuncia interfiera con el proceso electoral del próximo 2 de julio".
Legalmente, Juan Pablo Fox Quesada está obligado a comparecer ante la representación social para responder por la denuncia interpuesta en su contra, y pese a que el 29 de mayo Paulina Lorea Hernández, defensora del menor de los hermanos Fox, aseguró en Guanajuato que el adeudo se pagará totalmente el próximo 15 de junio, las fuentes de la representación legal del First National Bank informaron que las negociaciones están "inconclusas, sin arreglo y por ello se sigue exigiendo la comparecencia".
La denuncia en contra del hermano del candidato de la Alianza por el Cambio data del 8 de marzo, cuando el representante legal en México del First National Bank, Michael McCarthy, presentó un escrito en el que pide se inicie una averiguación previa en contra de Juan Pablo Fox, debido a que solicitó un préstamo por cien mil dólares, mismo que no ha cubierto ni los intereses generados por éste.
El menor de los hermanos Fox Quesada solicitó la restructuración del crédito el 26 de octubre de 1998, comprometiéndose a pagar la cantidad de cien mil dólares, más un interés de 14 por ciento anual, mismo que respaldó con un cheque con vencimiento a octubre de 1999, sin embargo, tampoco cumplió.
De acuerdo con los documentos entregados a la Procuraduría General de la República, la institución crediticia con sede en Edimburg, Texas, sitio donde se realizó la firma del contrato, decidió investigar la personalidad de Juan Pablo Fox, encontrando que no fungía como director de la empresa Vegetales Frescos, con domicilio en San Francisco del Rincón, Guanajuato, ni tampoco tenía facultades para contratar préstamos, como lo había asegurado en los documentos con los cuales recibió el dinero.
Por ello, el First National Bank, aseguran las documentales que obran en la averiguación previa APR-195/00/III, exigió que mediante arreglos extrajudiciales se pudiera realizar el pago del empréstito, lo que motivó diversas reuniones entre ambas representaciones legales en la ciudad de McAllen, Texas, "pero no se llegó a ningún convenio", según las fuentes consultadas.
Sin embargo, el 29 de mayo Paulina Lorea Hernández afirmó que "la deuda está totalmente negociada", que era de carácter mercantil y no penal, y que el financiamiento "se ha ido cubriendo en partes, y desde aquí hasta el 15 de junio se habrá liquidado totalmente".
Pese a esas declaraciones, en la delegación de la Procuraduría General de la República en Reynosa los abogados del First National Bank no retiraron la querella, sino que una vez trasladada la averiguación previa a la ciudad de México, aquélla la ratificó y mantiene su exigencia de que Juan Pablo Fox sea citado a declarar ante el Ministerio Público.
En esta ciudad únicamente se dio entrada a la denuncia y se inició la integración de la averiguación, según los informantes; dicha investigación ahora está a cargo de la Subprocuraduría B de Procedimientos Penales, en la que es titular Alfonso Navarrete Prida.
* Sólo pagó $66 mil, que representan 3% de su débito; el resto, al Fobaproa
El grupo Fox recibió trato de privilegio en sus deudas
Antonio Castellanos * Los adeudos de la familia Fox, que sólo de la empresa Congelados Don José suman 22.6 millones de pesos, se encuentran en los pagarés que el Fobaproa entregó a Bital y Banco Santander por la compra de cartera y su capitalización.
Por otro lado, las empresas del grupo Fox también recibieron del Banco Nacional de Comercio Exterior una línea de crédito por 10 millones de dólares, además de los que obtuvieron de la banca comercial (BBV, Serfin, Santander, Banorte y Banamex). En virtud de la deteriorada situación de estas empresas, el grupo Fox realizó negociaciones con sus acreedores.
De esta manera, los financiamientos otorgados a las empresas del grupo Fox (Botas Fox, Congelados Don José y El Cerrito), de las que es accionista y fiador el candidato presidencial panista Vicente Fox, fueron a parar al Fobaproa, que después se los heredó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Muchos créditos, sin autorización del Congreso de la Unión, pasaron a deuda pública y tampoco fueron revisados por el auditor Michael Mackey.
El grupo Fox logró restructuras que sólo se otorgan a privilegiados: pagó unos 66 mil pesos, que representan apenas 3 por ciento de su deuda, precisó la diputada Dolores Padierna, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y aspirante, por el PRD, a jefa delegacional en Cuauhtémoc.
Algunos créditos que corresponden al grupo Fox recibieron, en diciembre de 1996, la autorización por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior, de esquemas para restructurar a largo plazo sus obligaciones. Sin embargo, aquéllos no se concretaron al no poder sustentar su solicitud para liquidar en forma anual los créditos en julio de 1997, y fueron turnados al jurídico para su recuperación por la vía legal.
Los accionistas de Banco del Atlántico, Francisco Eduardo Labastida Ochoa y Francisco Eduardo Labastida Vargas, por su parte, obtuvieron créditos relacionados que, a valor actual, ascienden a 661.3 y 325.5 millones de pesos, respectivamente, que cayeron en cartera vencida y se fueron al Fobaproa y que ahora pagan los contribuyentes. En circunstancias similares se encuentran los créditos de Raymundo Gómez Flores y Diego Sada Zambrano (éste adeuda 365 millones de pesos).
La legisladora documentó los préstamos mencionados y afirmó que son sólo una mínima parte de los que se otorgaron sin garantía; son prueba de los autopréstamos y de todos los financiamientos irregulares que ahora pagan los contribuyentes. El Fobaproa fue un arreglo cupular logrado el 30 de septiembre de 1998 entre panistas, banqueros y funcionarios públicos.
Participaron Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, Carlos Medina, por el PAN, y Eduardo Fernández, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Carlos Gómez y Gómez influyó por parte de los banqueros. En las reuniones participaron el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, y por Gobernación, Jorge Alcocer, entonces subsecretario en esa dependencia.
Todo fue un engaño y manipulación desde entonces hasta el 12 de diciembre, cuando se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados, y al auditor canadiense Michael Mackey "le torcieron la mano" y le obligaron a sólo revisar los créditos, sin incluir los fideicomisos, donde también se relacionan préstamos efectuados a la familia Labastida.
El de Francisco Eduardo Labastida Ochoa, dice el documento entregado, es un "crédito relacionado, según la lista de participantes del fideicomiso F/2585, cuenta de inversión 3761. Este acreditado posee acciones de Banco del Atlántico, según contrato 3761".
La situación de Francisco Eduardo Labastida Vargas también se encuadra en el fideicomiso F/2585 y su titularidad de acciones en Atlántico está concentrada en el contrato 3764. Con fecha 9 de junio de 1997 el crédito se encuentra en trámite de juicio de amparo promovido por la parte demandada en contra de la sentencia dictada en segunda instancia ante el Tribunal Colegiado de Mazatlán.
Según la diputada Dolores Padierna, el 30 de septiembre de 1996 el Fobaproa recibió el paquete de créditos chatarra; fueron financiamientos sin respaldo, sin garantías, autopréstamos y relacionados. Entonces se violó la ley porque no estaba autorizado ese fideicomiso para hacer ese tipo de operaciones.
Así, los pagarés que el Fobaproa dio a Bital y Banco Santander por la compra de cartera y capitalización fueron por 41 mil 431.7 millones y el segundo por 57 mil 370 millones de pesos, respectivamente.
Por esa razón, aseguró, "el Fobaproa es más grande de lo que sabemos", ya que sin autorización de los diputados, muchos fueron llevados a deuda pública; los que conocemos fueron los que se quedaron en la llamada "deuda contingente". En esta última están los de Diego Sada Zambrano, que suman 365 millones de pesos.
Después de este escándalo, en julio de 1998 se da el segundo rescate de la banca a través del IPAB. Incluye a Serfin, Bancrecer, Promex e Inverlat, con una inyección de recursos de aproximadamente 300 mil millones de pesos, precisó Padierna, quien también exigió de las autoridades correspondientes el castigo a quienes pueden y no han querido pagar, y han cargado sus adeudos a los contribuyentes.