CHIAPAS: EL FANTASMA DE LA PROVOCACION

El indignante asesinato de siete policías municipales y de Seguridad Pública en el municipio de El Bosque, ubicado en la zona de conflicto en Chiapas, hecho en el que otras dos personas resultaron heridas de gravedad, merece el repudio social y demanda una investigación objetiva y profunda del multihomicidio y la consignación de los culpables.

La versión oficial del gobierno chiapaneco, la única disponible hasta el cierre de esta edición, indica que los fallecidos cayeron en una emboscada cuando, a bordo de un vehículo oficial, efectuaban "un operativo para detectar gavillas que se dedican al asalto, robo y abigeato" (sic). No puede descartarse, ciertamente, el que los propios maleantes perseguidos hubieran abierto fuego sobre sus perseguidores. Sin embargo, el sentido común y el historial de acciones de los gobiernos federal y estatal en la región del conflicto chiapaneco obligan a sopesar la posibilidad de que las muertes fueran resultado de una acción provocadora y desestabilizadora montada con propósitos inconfesables. Es pertinente aportar, a este respecto, algunos elementos de juicio.

Por principio de cuentas, El Bosque es una zona de influencia zapatista, y en la cabecera municipal se asentó un municipio autónomo que fue violentamente desmantelado por efectivos policiales y militares justamente hace dos años. El condenable asesinato de los policías ocurrido en la mañana de ayer podría dar pie, en las esferas gubernamentales, a atribuir al EZLN, o a otra organización insurgente, la autoría de la emboscada. Con ello se conseguiría una coartada para intensificar la presencia policiaco-militar en la región zapatista y acentuar el permanente hostigamiento contra las comunidades indígenas rebeldes.

Ahora bien: en la lógica en la que ha venido operando el EZLN desde mediados de enero de 1994 hasta la fecha --es decir, en la convicción de la suspensión de las hostilidades y de la búsqueda de alternativas para resolver de manera pacífica las causas del alzamiento--, una acción como la perpetrada ayer carecería de sentido; peor aun: sería, a todas luces, contraproducente para los propios zapatistas.

No debe olvidarse, por otra parte, que en la región mencionada --específicamente, en la comunidad de Los Plátanos-- operan grupos paramilitares de filiación priísta para los cuales sería deseable una movilización militar como la que podría producirse en la zona con el pretexto de los asesinatos.

Un factor adicional --pero no menos importante-- a considerar es la inminencia de los procesos electorales federal y estatal --2 de julio y 20 de agosto, respectivamente-- y el hecho de que el mantenimiento o el reforzamiento del despliegue militar en Chiapas para esas fechas contribuye a inhibir el voto opositor y facilita el sufragio corporativo a favor de los candidatos oficiales. En este contexto, no puede descartarse que la emboscada referida hubiese sido una maniobra de las oligarquías locales contra la candidatura al gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía, la cual ha conjuntado tras de sí a prácticamente todo el abanico de las oposiciones y ha adquirido una fuerza inocultable.

Toda vez que la Procuraduría General de la República ejerció la facultad de atracción del caso --con base en el robo, por parte de los agresores, de las armas de uso exclusivo del Ejército que portaban las víctimas--, cabe exigir a esa dependencia que las pesquisas pertinentes no se traduzcan en nuevas agresiones y hostigamiento contra las comunidades indígenas rebeldes ni sean utilizadas como cobertura para incrementar el cerco militar que padecen tales comunidades. Habida cuenta que el gobierno actual no fue capaz de resolver el alzamiento chiapaneco y sus causas profundas, y que a lo largo de casi seis años se ha dedicado a administrarlo, sería inadmisible que, en su tramo final, indujera una profundización de las tensiones en la entidad.