Defienden tarahumaras el recurso pese al aval de Semarnap
Extinguen santuario forestal
Blanche Petrich Ť Este es el caso del ejido Pino Gordo. El centro ceremonial de la comunidad se llama Choréachi (pino gordo, en rarámuri), uno de los últimos reductos no evangelizados de la sierra, donde los indios son gentiles, los que no son paguótame. Los no bautizados deben permanecer así, según sus creencias, para que sus danzas y fiestas, su yúmare y su matachín, tengan valor a los ojos de Dios. Ellos, los cimarrones, no necesitan iglesia --dicen-- porque hablan directamente con el ononúame (Dios). El nonagenario Agustín Ramos es el médico-guía, el owirúame, el que sueña y sus sueños salen ciertos.
Son cerca de tres mil sus habitantes.
El nombre Pino Gordo no es casualidad. Se llama así porque ahí la cubierta forestal es lo que llaman los especialistas bosque antiguo o sobremaduro, virgen, de pinos y encinos centenarios, los más gruesos de la especie endémica chihuahuensis. De las vastas extensiones de este bosque, que a principios del siglo XX cubrían desde Texas hasta el norte de Jalisco --93 mil 560 kilómetros cuadrados-- hoy quedan algunos diminutos lunares en Durango y en la Sierra Huichola. En Pino Grande está el mayor remanente, un área de 571 kilómetros cuadrados. Esto es, 0.61 de la extensión original.
El siríame (gobernador) del lugar, Manuel Aguirre, es de muy pocas palabras, hecho que se acentúa además porque requiere de intérprete para hablar en castilla. Pero no se necesita mucho rollo para definir su filosofía respecto a los recursos forestales: "La madera no se vende." Punto.
Al amparo de un conflicto interejidal, Semarnap expidió en 1997 un permiso de explotación forestal a favor de un cacique del ejido vecino, Coloradas de los Chávez. Romualdo Olguín, chabochi (blanco), que tiene ahí cinco aserraderos.
Los ejidatarios de Choréachi se ampararon y en 1998 lograron la suspensión del permiso, pero durante los meses que estuvo vigente, los talamontes extrajeron de ese pequeño reducto dos millones de pies cúbicos de arbolado viejo, tan preciado en Estados Unidos, donde sí es un delito talar este tipo de especies vírgenes. Esto equivale a 4 mil hectáreas afectadas; 11 mil añosos pinos afectados.
La suspensión del permiso es temporal y la urgencia de tener una resolución definitiva se debe --y así lo reconocen funcionarios de la delegación estatal de Semar- nap-- a que el ejido Coloradas de los Chávez "está presionando mucho" para que la autoridad levante la suspensión de la licencia de extracción y así ellos continuar su labor de desmonte.
Los ejidatarios de Pino Gordo sostienen que el permiso es ilegal, ya que Semarnap no puede otorgar licencias de aprovechamiento forestal en tierras en conflicto, y aquí hay viejo litigio territorial, no sólo con el ejido vecino, Coloradas de los Chávez, sino también entre los habitantes del mismo ejido, ya que otro grupo de 18 familias, asentadas en Cumbres del Duraznal, reclaman la titularidad. Estos, asesorados por una de las fracciones de El Barzón estatal, aceptan la solicitud de los de Coloradas de talar el bosque.
El pleito con Cumbres de Duraznal se remonta a los años treinta. Corruptelas y vicios de las distintas autoridades agrarias enredaron de tal modo el caso que dio pie a que, en los ochenta, el grupo de Cumbres, encabezado por un hombre de Delicias, Raúl Aguirre, acudiera en masa al Registro Civil a cambiar sus nombres. Eligieron, no al azar, los apellidos de los antiguos habitantes --Napuchi, Sanatochi, Merichi-- para acreditarse como descendientes de aquéllos que en los treinta habían recibido las tierras en dotación agraria.
El conflicto ha subido de nivel en los últimos meses, y las amenazas con cuernos de chivo y los cortes de camino para impedir el paso de los fuereños han aparecido en este remanso de una cultura intrínsecamente pacífica.
Randall Grinrich, del Instituto Sierra Madre, plantea que, según un informe preliminar, aún pendiente de verificación en varios aspectos, se advierte que las cuencas hidráulicas en las alturas registran sequedades nunca antes vistas.
El informe contiene un detallado inventario de la fauna endémica de la zona. Ahí se tienen registradas 263 especies animales, 50 de ellas ya catalogadas en "estado especial", que significa que están amenazadas o en peligro de extinción. Una de ellas es la cotorra serrana, que sólo anida en bosque sobremaduro (es decir, con árboles centenarios, abundantes en piñas). Pero como ella están el loro real, el águila real, el gavilán azor y muchos más.
Grinrich comenta que hace 10 años, con un buen programa de protección, aún se estaba a tiempo de salvar este último reducto de un bosque único en el planeta. Existe, incluso, una propuesta para declarar la zona reserva de la biosfera. Hoy es demasiado tarde.
Ť Escasa atención a demandas por delitos forestales
La desertificación amenaza la Tarahumara, denuncian
Ť Autoridades y afectados revisan acusaciones de tala clandestina
Blanche Petrich, enviada, Chihuahua, Chih. Ť Desde la Tarahumara se mira un panorama aterrador. "La desertificación se nos viene encima en toda la sierra y no hay nadie que mueva nada. Es como una locomotora sin freno y en bajada. ƑQué hacemos?", pregunta Gabriel Parga, párroco de San Rafael, municipio de Urique, y vicario episcopal para indígenas de la diócesis de la zona.
Ha permanecido de pie toda la sesión, detrás de sus compañeros de causa, un grupo de representantes de organismos no gubernamentales (ONG) que trabajan entre los rarámuris y ejidatarios de la sierra en defensa de los bosques, o lo que queda de ellos. Encabezados por María Teresa Guerrero, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), revisan junto con las autoridades federales un paquete de 28 denuncias de comunidades indígenas por delitos forestales.
Frente a ellos, en la mesa que preside la reunión, en la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), Cuauhtémoc González Pacheco, director general de inspección y vigilancia de la Semarnap -enviado por la mismísima titular, Julia Carabias-, asiente. Se declara profundamente impresionado por el drama de los señoriales dueños del bosque, los tarahumaras, desde sus juveniles lecturas de Fernando Benítez (Los indios de México).
Contrasta con la actitud de la química María del Pilar Leal, delegada de Profepa, quien desde el inicio asevera que la preocupación de las actuales autoridades ambientales ha sido plenamente demostrada con la nueva ley forestal. A lo largo de la sesión, muerde la punta de su pluma, incómoda.
Y es que la Profepa no tiene buenas cuentas que rendir en esta reunión. Para atender casos en todo el estado cuenta nada más con dos supervisores. De las 31 denuncias populares y siete penales, tres recursos de revisión y dos peticiones de información -un mínimo muestrario de los litigios pendientes- sólo tres asuntos han sido resueltos. En dos casos se han emitido sanciones: multas que juntas suman no más de 728 mil pesos. Un pelo del gato, frente al enorme valor monetario de la madera extraída ilegalmente a los propietarios del bosque, los rarámuris y ódames.
Campaña contra los atentados al medio ambiente
En esa reunión, celebrada el 23 de mayo en esta capital, en el contexto de la campaña de las ONG chihuahuenses en contra de la impunidad ambiental penal, se revisaron casos de atentados contra el bosque que cubren -reconoció el propio enviado de la Semarnap- únicamente 3 por ciento de la problemática regional. Un débil reflejo de un fenómeno de autodefensa de los pueblos indios de la sierra que María Teresa Guerrero describe así:
"Haciendo uso por primera vez de una ley relativamente nueva, como una manifestación de repudio y protesta por la vía legal, estamos viendo cómo campesinos depauperados y saqueados reaccionan y toman la iniciativa. Entre 1996 y 1999 se presentaron 411 demandas populares en materia forestal, un promedio de ocho cada mes. Y con muy raquíticos resultados, por cierto. La ley se aplica a discreción del funcionario en turno y hay una tremenda dilación de la justicia. Es grave. La gente se puede desalentar."
Asisten, como interlocutores de la autoridad, Cosyddhac y su brazo legal (Consultoría Técnica Comunitaria), Coalición Rural (un organismo trinacional México-Estados Unidos-Canadá), el Instituto Sierra Madre, el Centro de Derecho Ambiental y la diócesis. En algunos casos llevan un mandato de las comunidades involucradas. Pero en otros asisten personalmente los ejidatarios.
Profepa, fuera de tiempo
Es el caso de Néstor Pérez Rascón, asesor del ejido Ciénaga de Guacayvo. Típico norteño, franco: "Puede que Profepa esté haciendo su mejor esfuerzo, pero no está en tiempo. ƑPor qué tuvo que esperar a que las presiones le llegaran de las redes internacionales de ambientalistas?"
Los casos de Guacayvo, municipio de Bocoyna, son de los más graves por el monto de la madera extraída ilegalmente.
Desde 1998 han presentado cuatro demandas ante Profepa y cinco en la PGR, por derribo de arbolado y transporte de troncos sin marca oficial. En los parajes afectados -Pachorogo, Racoyvo, Rechagachi y Rincón de Gervacio- los aserraderos y taladores clandestinos simplemente aceleraron el saqueo mientras el procedimiento administrativo de Profepa avanza lentamente.
Pérez reclama: "Hemos destituido, uno tras otro, a los delegados de Semarnap. Hemos detenido en flagrancia a los talamontes, pero parece que Profepa necesita ver caer el árbol para reconocer el delito; nosotros mismos resguardamos la madera cortada ilegalmente hasta que la autoridad llega a confiscarla.
"Ahorita mismo tenemos 7 mil troncos bajo nuestra custodia. Denunciamos los aserraderos ilegales, todo lo tenemos que hacer nosotros. Ya acordamos, y estamos cumpliendo, no recoger un solo pedazo de madera talada fuera de la norma. Estamos amenazados, nos estamos exponiendo a que nos rafagueen por ahí cualquier día y no nos sentimos apoyados por la autoridad. Ya estamos hartos."
En este caso, con varias ejecuciones legales pendientes, Profepa impuso multas a los responsables, todos mestizos que actúan en colusión con el presidente municipal y con los "documentadores" de los patios y aserraderos que facturan la entrada y salida de madera en rollo, falseando bajo la mesa la documentación, siempre en detrimento del ejidatario indígena. Los infractores tendrán que pagar poco más de 700 mil de pesos.
ƑBroche de oro a la impunidad?
-Disculpe -pide la palabra María Teresa Guerrero-, según el procedimiento, Ƒa dónde va a parar el dinero recaudado por estas multas?
-Al municipio -responde la delegada de Profepa.
Ante la contrariedad y las exclamaciones de los asistentes a la reunión, que subrayan la complicidad de los presidentes municipales (priístas) con los taladores, las autoridades reconocen: "Sí, es una aberración".
Está por finalizar la reunión. Semarnap se compromete a instituir un comité permanente para desahogar estos expedientes en los seis meses que restan del sexenio.
González Pacheco promete ir a varios de los ejidos demandantes para escuchar directamente a las comunidades. Pero también es autocrítico. Habla del desfase de medio siglo de las leyes forestales, de la falta de recursos y burocracia que enferma a la administración pública. "Los funcionarios sólo podemos ofrecer soluciones a mediano plazo. El largo plazo nos condena", acepta.