Luis Hernández Navarro
Fraude patriótico
El murmullo es ya escándalo. Las evidencias son tantas y se acumulan tan aceleradamente, que resulta imposible ocultarlas. Como en 1986 en Chihuahua el dispositivo se ha puesto a caminar. Es el nuevo fraude patriótico que busca evitar el triunfo de la reacción.
Uno a uno, los ingredientes de la vieja alquimia priísta se han comenzado a mezclar. De un lado están las tradicionales desigualdades del proceso electoral tales como el acceso sin equidad a los medios de comunicación electrónicos; el desequilibrio en el financiamiento; el uso de recursos públicos para favorecer al candidato oficial; el protagonismo presidencial a favor de Francisco Labastida, justificado por Gilberto Rincón Gallardo del PDS, y la coacción y compra de votos, documentada por una delegación de observadores internacionales organizada por Global Exchange. Del otro se encuentra la creación de un estado de opinión pública que justifique la inconveniencia patriótica de un triunfo de la reacción y admita casi cualquier medida que impida su victoria.
El guión se repite. Hace 14 años se usó a los maestros de Chihuahua para impedir que Francisco Barrio ganara la gubernatura. Con ellos se organizaron brigadas para la "promoción" del voto, responsables de comprometer miles de sufragios de otros mentores y padres de familia con la causa tricolor. Al frente de la operación se encontraba la profesora, diputada federal y dirigente nacional del gremio, Elba Esther Gordillo.
Hoy, en el ámbito nacional se ha echado a andar nuevamente la maquinaria electoral del magisterio oficialista. La figura fuerte del sindicato es la responsable del operativo norteño de 1986. Sólo que ahora, tiempos de pluralidad y máscaras, éste requiere de un disfraz adecuado. El SNTE se ha hecho un traje a la medida: la Organización Nacional de Observación Electoral del Magisterio (ONOEM), en la que participan cerca de 30 mil trabajadores de la educación. Diversas asociaciones cívicas han denunciado que el objetivo del organismo gremial nada tiene que ver con garantizar elecciones libras y justas, y que, por el contrario, su pretensión es presionar a los votantes a favor del PRI y participar en la realización de encuestas de salida. Alianza Cívica ha señalado que en la ONOEM puede haber un conflicto de intereses, puesto que el sindicato, al que pertenece, cuenta con aspirantes a puestos de elección popular y el Trife "prohibió realizar actividades de observación electoral a organizaciones que presentaran candidatos".
De la misma manera, se han puesto a caminar los viejos pactos corporativos en el campo. El pasado 7 de junio, once organizaciones rurales agrupadas en el CAP firmaron con Francisco Labastida un acuerdo político en el que se comprometen a denunciar a Vicente Fox por "ser contrario a los intereses campesinos". El documento fue promovido por Margarito Montes, dirigente de la UGOCP, integrante del PDS, apoyador entusiasta de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional, personaje cercano a Carlos Hank y candidato fallido a una diputación plurinominal por el PRI.
También en Chihuahua, en 1986, se utilizó a los campesinos para frenar el ascenso panista. En aquel entonces se autorizaron importantes recursos para desarrollar programas de vivienda rural y se incrementó el precio de garantía del maíz para tratar de revertir el malestar que existía hacia el PRI en la región.
Después de emplear las encuestas como muestra de su triunfo adelantado, el hombre de las botas ha debido probar una "sopa de su propio chocolate". Diversos estudios de opinión, con graves incongruencias (como presentar a los postulantes a diputados de la Alianza por México siete puntos arriba de Cuauhtémoc Cárdenas), lo ubican en segundo lugar.
Obviamente no es mentira que Vicente Fox es conservador, pero ello no justifica el procurar evitar su triunfo de cualquier manera. El es un fundamentalista de derecha disfrazado de oportunista pragmático. Ni el apoyo de algunos intelectuales críticos ni el de unos cuantos ex comunistas en nombre de la alternancia pueden ocultar la naturaleza de su propuesta (allí está el respaldo de Pro Vida a su candidatura) o los compromisos que ha entablado con sus patrocinadores. Pero pretender frenar su avance por la vía del fraude patriótico es una insensatez. Escamotear la voluntad popular en nombre de "los intereses de la patria" meterá a un ya de por sí dividido país en una confrontación política de graves consecuencias. La caída del peso la semana pasada es sólo una pequeña llamada de atención de los costos a pagar.
En estas circunstancias, nada provechoso resulta al candidato de la Alianza por el Cambio equiparar a Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI. Su denuncia sobre una alianza entre ambos no tiene sustento y le cierra la puerta a posibles convergencias en la lucha por la limpieza electoral. El ascenso sostenido del abanderado de la Alianza por México y su autoridad moral lo han convertido en, cuando menos, fiel de la balanza y garantía de que el fraude patriótico no avanzará.