MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2000
Ť Buscará evitar operativos de represalia
Indagará la CNDH matanza de siete policías en Chiapas
Ť Llama el obispo Felipe Arizmendi a no caer "en el desánimo"
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 13 de junio Ť Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que investigará de oficio la situación relacionada con el asesinato de siete policías, ocurrido ayer en el municipio de El Bosque, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel afirmó que estos hechos "no deben desanimarnos en los avances que se han logrado en la paz"
Alejandro Souza Bravo, coordinador de la CNDH en los Altos y la Selva de Chiapas, dijo que ese organismo tratará "de que en la investigación se respeten los derechos humanos, para que ésta no sirva, como es uno de los temores, para ningún tipo de operativo extra, que vaya más allá de las investigaciones".
Dio a conocer que debido a lo delicado de la situación, la CNDH solicitó hoy al Ejército Mexicano, a la Procuraduría General de la República (PGR) -que atrajo el caso- y al gobierno de Chiapas, que en el ejercicio de sus respectivas atribuciones legales "se aseguren que en las acciones que realicen con motivo de la emboscada se salvaguarden los derechos humanos de la población, sin distinción fundada en características de algún tipo, y en particular respetando el pleno goce de su derecho a la paz y la seguridad públicas".
En sendos oficios -de los cuales se entregó copia a la prensa-, Souza Bravo lamentó la muerte de los siete agentes, pero insistió en que tanto en los patrullajes, los operativos de búsqueda de los presuntos responsables de la agresión, como en las indagaciones, las instancias mencionadas respeten las garantías individuales de los pobladores de la región.
Luego, en entrevista, reiteró que "ninguna investigación puede ser usada para violentar los derechos humanos de los habitantes del estado", por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza, desde ayer, un "monitoreo constante con las autoridades" que llevan a cabo las indagaciones del caso.
Al dar a conocer que este miércoles llegará a esta ciudad el cuarto visitador de la CNDH, Leoncio Lara, para encabezar las investigaciones relacionadas con el asesinato de los siete policías, Souza Bravo dijo que desde ayer en la tarde, cuando se conocieron públicamente los hechos sangrientos de El Bosque, el organismo lleva a cabo una labor de "prevención".
"Se ha tenido contacto permanente con las autoridades estatales para que nos informen qué ha pasado y que, en caso de que hubiera un operativo, se nos mantenga al tanto para garantizar el respeto a los derechos humanos", subrayó, y añadió que en plática telefónica el procurador de Justicia del estado, Eduardo Montoya Liévano, le garantizó "el respeto a los derechos humanos en las diligencias, y las garantías de la paz y la seguridad públicas, que son un derecho colectivo de los chiapanecos".
En tanto, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel -quien este día ofició una misa por los siete muertos- afirmó que los hechos ocurridos este lunes en El Bosque -territorio perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de las Casas- "no deben desanimarnos en los avances que se han logrado en la paz" en Chiapas, al tiempo de invitar a "todos a evitar ya este camino de las armas".
Luego de lamentar los acontecimientos violentos, el prelado aseveró que "todo ser humano tiene el derecho inviolable a la vida, y nadie se puede constituir en dueño de las vidas de los demás. Jesucristo nos ha enseñado a respetar la vida, incluso de los enemigos".
En breve entrevista, el sucesor del obispo Samuel Ruiz García agregó que "la religión quiere ayudar a la reconciliación", pues si ésta está bien entendida, "lleva a la paz, una paz justa, digna, de reconciliación", comentó.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas reiteró su preocupación de que los "lamentables sucesos de El Bosque vayan a ser tomados como pretexto por parte de las autoridades para crear una situación de mayor tensión y violencia en Chiapas".
En un comunicado de prensa, el organismo recordó que como consecuencia de la emboscada que el pasado 7 de mayo dejó tres indígenas de Chenalhó muertos a balazos, "se llevó a cabo una desproporcionada movilización de efectivos militares y policiacos, incluyendo a la Policía Federal Preventiva".
La organización no gubernamental aseveró que no se pueden descartar las posibilidades de que los hechos de ayer tengan que ver con una "estrategia desestabilizadora del mismo gobierno, como afirman algunos analistas". En todo caso, señaló que "es preocupante que empiece a desatarse una incontenible espiral de violencia".
Al mismo tiempo pidió al gobierno que "no escatime el apoyo económico a los deudos de las siete víctimas ni las indemnizaciones de ley que les corresponden por haber muerto sus familiares en el desempeño de sus funciones".
Ť Reforzar vigilancia y decomiso de armas en la zona, plantea Gobernación
Teme la Cocopa que se incremente la presencia militar
El asesinato de siete policías el lunes pasado en El Bosque, Chiapas, demuestra que a pesar de los esfuerzos para abatir los índices de criminalidad en la región, la acción de la "gavilla" revela una "particular peligrosidad", por lo que este hecho es una llamada de atención a las autoridades para incrementar la vigilancia y continuar con las acciones de decomiso, señaló el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Dionisio Pérez Jácome. En tanto, para la Cocopa y ONG este suceso puede ser tomado como pretexto para aumentar la presencia de la policía y del Ejército en la zona.
En entrevista, Dionisio Pérez Jácome dijo que aunque ha disminuido la incidencia de este tipo de acciones en el estado, "las circunstancias que se dieron el lunes demuestra que siguen existiendo uno o varios grupos con armas o con propósitos de delinquir; inclusive, se apoderaron de algunas armas de los policías que fueron victimados".
Este hecho, tanto para organizaciones de derechos humanos como para integrantes de la Cocopa, resulta preocupante, ya que puede ser usado como argumento por las autoridades para incrementar en la región la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército. "Al parecer, el gobierno mexicano está preocupado y ocupado en crear o fomentar las condiciones que justifiquen la entrada definitiva de la PFP en Chiapas", advirtió el Centro Miguel Agustín Pro.
Este suceso se puede convertir en un pretexto para incrementar la presencia de la PFP, además que fomenta la zozobra en el estado y mantiene el temor de la población de que se den acciones de mayor fuerza, consideró Edgar Cortez, director del Centro Miguel Agustín Pro. "Hasta el momento la presencia de militares y de las policías no ha sido suficiente para hacer frente a grupos paramilitares y delincuentes, y lo que esto refleja es la ineficacia en la procuración de justicia", agregó.
El centro destacó el hecho de que versiones extraoficiales de la Sedena negaran la participación del EZLN, pero señalaron al EPR como probable responsable, lo que puede derivar en una nueva justificación para la ocupación policiaco-militar. Hizo un llamado de alerta sobre el aumento de las posibilidades de un operativo militar contra el EZLN. "Consideramos que el actuar de las autoridades encargadas de la impartición y procuración de justicia debe apegarse en todo momento a derecho".
Asimismo, expresó su preocupación por este clima de violencia, impunidad y amenaza que prevalece en la entidad, que se da ante "tácticas gubernamentales que no conllevan a una solución pacífica y de fondo de un conflicto con raíces políticas, económicas y sociales".
La situación que se vive en Chiapas es "grave y crítica", señaló el senador perredista Carlos Payán. Propuso que la Cocopa viaje a la entidad para investigar los sucesos, y lamentó que esta instancia legislativa apenas "se mueva", y se vea imposibilitada de actuar en actos en los que su papel sería fundamental.
En tanto, Gilberto López y Rivas, también legislador perredista, señaló que este tipo de actos tiene todos los visos de ser una "provocación" de las organizaciones paramilitares que se fomentan desde el gobierno mismo del estado.
Desde la Cocopa, como en otras organizaciones y organismos no gubernamentales, se había advertido desde hace tiempo que podrían suceder acciones de esta naturaleza, previo a las elecciones, a fin de generar una mayor tensión en la zona y fortalecer la presencia del Ejército y de los cuerpos policiacos, dijo López y Rivas, quien anunció que este miércoles se reunirán los integrantes de la Cocopa para analizar la situación.
Asimismo, descartó que los hechos del municipio de El Bosque estén relacionados tanto con el EPR como con el EZLN. Del primero, dijo, no hay indicio alguno de que existan bases eperristas, además que no hay ningún informe oficial o extraoficial que sugiera siquiera su presencia. Respecto de los zapatistas, señaló que ellos están en este momento reactivando, a través de diversos actos, sus propuestas políticas, por lo que también queda descartada esa posibilidad.
Por su parte, el priísta Fernando Iturribaría Bolaños, también integrante de la Cocopa, aunque calificó la emboscada como un acto de "franca provocación", consideró que la intervención de la Policía Federal Preventiva y el Ejército se hace más necesaria para salvaguardar la seguridad en la zona de influencia zapatista.
"Incidentes como el ocurrido en esa entidad es una muestra más de que debe continuar la presencia del Ejército Mexicano en la zona del conflicto. Si bien existe rechazo de algunos grupos a esta presencia, otros más sí están de acuerdo en que estén en ese lugar", dijo el senador del PRI. Finalmente, el senador del PRD, Higinio Martínez, dijo que no se puede pensar que hay una aparente calma entre el EZLN y el gobierno, pues la situación es inestable. Así, más que una decisión de militarizar la zona, la parte gubernamental tiene que reanudar el diálogo y atender las demandas de los zapatistas. (Angélica Enciso, José Antonio Román, Ciro Pérez y Alonso Urrutia)