Bernardo Bátiz Vázquez
Comisión 2000
Una de las maniobras tradicionales del partido en el gobierno, para mantenerse en él y obtener votos no del todo libres, ha sido la de cambiar servicios públicos por votos o bien amenazar con la suspensión o no prestación de esos servicios, si en la zona, colonia, pueblo o distrito no gana el PRI.
Hace algunos años, cuando fui candidato a diputado por el primer distrito de la ciudad de México, recorrí los edificios del conjunto habitacional que se encuentra en los terrenos del antiguo estadio, frente al Centro Médico Nacional, antes de que el temblor de 85 destruyera varias de sus construcciones. Después de recorrer muchos metros de pasillos y escaleras, encontrando siempre el recibimiento atento y cortés, un vecino, compadecido de mi esfuerzo, me dijo que independientemente de las simpatías de los vecinos, ya les habían advertido los administradores del conjunto, que si en las casillas instaladas ahí perdía el PRI, les duplicarían las rentas.
Durante el sexenio de Salinas fue Pronasol el principal instrumento para convencer a los pobres de México de que votaran a favor del partido del gobierno, so pena de perder las migajas que ese organismo les otorgaba para amortiguar su pobreza extrema.
Hoy son los nuevos programas como Progresa, Procampo y otros, los que se emplean para los mismos fines, sólo que ya no le es tan fácil al sistema salirse con la suya, porque existen grupos sociales, organismos no gubernamentales, partidos y gobiernos de oposición que vigilan y denuncian los abusos en ese sentido, y que son, por cierto, los que hacen, según definición del presidente Zedillo, inequitativas las elecciones.
En la Cámara de Diputados, el 9 de diciembre del año pasado, con el voto en contra de la mayoría priísta, se aprobó la creación de una comisión especial que se conoce con el nombre de Comisión 2000, cuya finalidad es vigilar que no se usen los fondos públicos federales para apoyar campañas partidistas.
Los precedentes de esta comisión fueron la aprobación de otras similares para los estados de Veracruz, Tabasco, Nayarit, Coahuila y Guerrero; la de Tabasco dio motivo a una controversia constitucional interpuesta por el gobernador de ese estado, que culminó con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que definió como legítimo el derecho de los legisladores para formar este tipo de comisiones, pues una de sus funciones es precisamente la de cuidarle las manos a quienes, abusando de su poder, utilizan los dineros del pueblo para beneficiar su propia causa política.
Prácticamente, en todas las capitales de los estados del país y en el Distrito Federal existen módulos de esta comisión abiertos para orientar a la ciudadanía cuando se pretenda coaccionar con los programas sociales y para recibir quejas, datos e información sobre esta anomalía que enturbia el proceso electoral.
A la fecha existen cerca de treinta denuncias, de las cuales varias están acompañadas de elementos de prueba que han permitido a la Comisión 2000 turnar los asuntos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo para que en esas dependencias se dé seguimiento a los casos y se sancione a los culpables.
Los integrantes de la Comisión 2000 no están dispuestos a tolerar que se amenace a los sectores más pobres de la población si no votan en el sentido que se les indica, aprovechando que los promotores del voto han colaborado anteriormente con los programas sociales. Una de sus misiones es descubrir y denunciar a quienes hagan este uso indebido de recursos, que son de todos y de ningún partido en particular; la otra misión es la de persuadir a los votantes de que los programas sociales existentes u otros mejores y más bien estructurados se echarán a andar en el futuro, independientemente de cuál sea el partido que gane las próximas elecciones y cuál pierda, especialmente porque, como vienen las cosas, no habrá ni un ganador absoluto ni un perdedor absoluto; lo más probable es que un partido gane la Presidencia de la República, sin contar necesariamente con mayoría en las Cámaras y otros cargos públicos en juego y tan importantes como el gobierno de la ciudad de México y el de otras entidades, y que hagan suficiente contrapeso al gobierno federal aun cuando pueda ser de su mismo partido.