Luis Linares Zapata
Elección de Estado o transición

Súbitamente, las campañas electorales y los mismos candidatos fueron desplazados del centro del escenario público por un escándalo en ciernes que marca la actualidad: la intentona de montar, a nivel nacional, lo que se ha dado en llamar una elección de Estado. Los componentes de tal fenómeno están ahí. Ya constituyen una densa realidad que se va cerrando sobre todos los rincones del país, que se denuncia en numerosos foros y en torno a lo cual se comienzan a movilizar cuantiosos recursos, individuos y organizaciones, ya sea para tratar de prevenirse contra ello o para imponerla aun en contra de la voluntad mayoritaria de la población.

En un recuento final tal parece que dicha operación de coacción, compra de voto y hasta fraude a la antigua usanza, se enfrentará, una vez más, con la organicidad y hasta intolerancia que la sociedad ha ido acumulando contra tales prácticas. El vencedor de la disputa no se puede todavía asegurar, pero en vista de las enormes dificultades de llevar a cabo tan grotesca operación de asalto a la libertad ciudadana, el elevado costo económico que implica y que llegaría, sin duda, a cifras de los cientos de millones de pesos, la sofisticación y el número de los observadores, la experiencia de los partidos políticos, las leyes e instituciones independientes y hasta la vigilancia internacional, parecen balancear el resultado a favor de la sociedad y su deseo de asegurar elecciones equitativas.

Cuatro son los componentes básicos sobre los cuales se pretende montar tal elección de Estado. Uno, quizá el más documentado, sea el comportamiento irregular e inequitativo de los medios electrónicos de comunicación a favor del PRI y su candidato y en contra de los demás.

El segundo componente de la operación de Estado lo conforma la desmesurada, e innecesaria en muchos aspectos, campaña de propaganda que mantiene al aire, desde hace meses, el gobierno federal. El tercer componente sigue el curso de las inducciones que se vienen dando en diversas instancias burocráticas para que los funcionarios y trabajadores expresen sus preferencias y participen en la promoción del voto por el partido gobernante.

El activismo es bienvenido en casi todas sus modalidades, pero cuando a éste se le relaciona con los medios de sustento se transita por una línea de cuestionable legitimidad que, con frecuencia innecesaria, raya en la coacción. Pero esta práctica, aun con los excesos que a diario se vienen denunciando, puede ser tolerada en un afán de adecuarse, en momentos cercanos y propicios, a una estricta ética funcional que mejor cumplimente las libertades cívicas y las responsabilidades en los sitios de trabajo y los espacios públicos.

Lo que sí es ya un franco temor y la realidad de un verdadero escándalo nacional, es la intentona, ya bastante propalada y hasta documentada por organismos sociales internos y del exterior, del indebido uso partidario de diversos programas federales. En todos ellos se aprovechan las debilidades de amplios grupos de la población y los cuantiosos recursos que se destinan para llevarlos a término.

El botín para adquirir votos por estos medios se concentra, sin exclusividad, en el centro, sur y sureste de México. Corre, sin embargo, la conocida especie (cuarto componente) de la operación desatada para comprar directa y obscenamente una cantidad tal de votos que aseguren el triunfo del candidato Labastida.

Se incluyen también otras formas ya empleadas con relativo éxito (recuérdese la última contienda para gobernador en Guerrero y las decenas de miles de votos de la Montaña que dieron el triunfo al PRI): expulsiones probables de vigilantes partidarios para el relleno de urnas y todas esas tristes acciones y hasta flagrantes delitos que, sin duda, se intentará repetir en zonas marginales pero jugosas en ánforas repletas. Calculan, los que de ello saben porque han participado en impunes conspiraciones pasadas, que pueden conseguir hasta dos o tres millones de sufragios mediante tales procedimientos.

Es, afortunadamente, dudoso el resultado por varias razones. La principal objeción proviene de la deshonestidad de los mismos operadores. Se adhiere a ello la indisposición de los electores ya muy reacios a ser vejados. O debido a la vigilancia de los partidos que tratarán de cubrir todas las urnas. O por las acciones concertadas de la sociedad con las autoridades del IFE. Pero también porque toda esa compra de conciencias y miserias puede ya estar considerada dentro del recuento favorable al PRI que señalan las encuestas y sólo estarían encareciendo y desligitimando el voto que, ya de todas maneras, se daría por el PRI y sus abanderados. Todavía hay espacios y tiempo para desmontar tan improcedente operación.