Juan Moreno Pérez
Serfin: la quiebra oculta
A pesar de que ahora se conozca que el rescate de Banca Serfin alcanzó más de 172 mil millones de pesos, esta cifra continúa siendo una abstracción para muchas personas, algo que no se alcanza a comprender del todo. Por ello, quisiera en este artículo hablar de los verdaderos beneficiarios de este rescate y de las muchas complicidades habidas durante su aplicación, no sólo de parte de las autoridades financieras, sino de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
El uso de cuantiosos recursos públicos ha sido justificado por el gobierno, como algo que fue indispensable para "salvar a los ahorradores". Como dice el vocero del IPAB para el caso de Serfin, en su carta enviada a La Jornada el pasado 3 de junio, "para garantizar los depósitos de más de 2 millones de personas". Esa excusa, aunque legítima en parte, permite esconder a los que verdaderamente se beneficiaron mediante rescates como el registro en Serfin.
Como es sabido, el dinero que presta un banco proviene de los depósitos hechos por los ahorradores. Por ello, la labor de esos institutos no consiste sólo en servir como intermediarios entre ahorradores y deudores, sino en calcular y tomar riesgos. Es decir, los bancos antes de prestar recursos que no son suyos se deben asegurar que quien reciba los créditos esté realmente en capacidad de regresarlos. Para ello, la ley ordena que se pidan garantías al otorgar un préstamo. Además, existen instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que se encargan de vigilar que los bancos cumplan eficazmente su cometido.
Al estallar la crisis a principios de 1995, muchos deudores de buena fe, que habían adquirido préstamos, tomando como base las tasas de interés que existían hasta fines de 1994, se encontraron en una situación de insolvencia, incapacitados para cumplir con sus obligaciones. Estos deudores fueron verdaderas víctimas de la crisis, requiriendo ayuda de la sociedad. Los apoyos a esta clase de deudores, sin duda implicaron un costo fiscal, pero se justificaron, al evitar la quiebra de los bancos, y con ella, la posible pérdida de los ahorros.
Pero existe otro tipo de deudores de las instituciones crediticias. Se trata de los propios banqueros o de gente directamente relacionada con ellos, a quienes se les hicieron préstamos cuantiosos, muchas veces sin garantía alguna. Estos deudores no pueden ser considerados víctimas de la crisis. Sus muchos abusos, así como la complicidad de las autoridades financieras, es lo que explica que el costo del rescate bancario haya aumentando tanto.
Lo que realmente esconde el rescate de Serfin empieza apenas a ser conocido. En un documento de la CNBV, dado a conocer por la revista Proceso el pasado 28 de mayo, se describe una serie de operaciones que significaron cuantiosos quebrantos para ese banco, y que las autoridades se negaron a investigar. Los abusos documentados son muchos, siendo encabezados por Adrián Sada González, accionista de Serfín y del Grupo Vitro.
Considerando algunas de las operaciones documentadas por la CNBV, se puede estimar que la familia Sada obtuvo directamente beneficios por 563 millones de pesos valuados al mes de abril de este año. Si además se consideran otras operaciones, incluidas en el mismo documento de la CNBV, llevadas a cabo por los Sada, a través de prestanombres (empleados de Vitro), se agregan otros 626 millones de pesos. Sólo estos mil 189 millones de pesos explican el 0.7 por ciento del quebranto total de Serfin.
En el multicitado documento de la CNBV también se comenta que en 1997 se decidió dar quitas de más de 50 por ciento a 247 deudores privilegiados, generando un quebranto de 2 mil 375 millones de pesos. Además, señala que a créditos escogidos, entre ellos algunos del Grupo Vitro, se les aplicó en 1998 una tasa de interés de cero, cargando las pérdidas a los resultados del banco.
Todos esos abusos fueron finalmente compensados por el Fopabroa o por el IPAB, para "garantizar" que los ahorradores no perdieran su dinero, cargando la enorme cuenta al empobrecido pueblo mexicano mediante la deuda pública. Aunque lo legal y honesto hubiera sido (y sigue siendo) utilizar todos los recursos en poder del Estado para tratar de recuperar los fondos producto del saqueo, las autoridades no sólo se negaron a investigar, sino que se prestaron a encubrir el enorme desfalco.
Para realizar la operación de encubrimiento, los funcionarios contaron con la eficaz ayuda de los legisladores del PAN. Contra todo lo que digan los voceros de ese partido, la decisión de encargar la investigación de las operaciones del Fobaproa a personas como el diputado panista Rogelio Sada, pariente cercano de Adrián Sada, dice mucho más que miles de palabras.
La negativa de las autoridades a brindar toda la información del rescate bancario se presta a muchas especulaciones, pudiendo resultar afectadas personas inocentes. Sin embargo, despiertan muchas sospechas hechos como el que Jaime Serra Puche haya pasado a formar parte del Consejo de Administración de Vitro, precisamente en 1998, cuando se documentaron las muchas operaciones irregulares de Adrián Sada, principal accionista de ese grupo industrial.