MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2000

Ť Temen socialistas y comunistas que se esté gestando una ley de punto final

Acuerdo en Chile para esclarecer suerte de más de mil desaparecidos

Ť Terminaron 10 meses de pláticas con militares Ť A partir de ahora somos mejores como país: Lagos

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 13 de junio Ť La mesa cívico-militar alcanzó un acuerdo para establecer la suerte de los poco más de mil de- tenidos desaparecidos de la pasada dictadura, que fue avalado hoy por el presidente Ricardo Lagos y las tres ramas de las fuerzas armadas, el Congreso y la derecha.

Sin embargo, los familiares de las víctimas manifestaron su rechazo por considerar que el acuerdo puede favorecer la impunidad de los militares responsables de crímenes, mientras que comunistas y socialistas rechazaron la posibilidad de que se convierta en una ley de punto final.

"Hoy, a partir de este acuerdo, somos mejores como país", declaró Lagos al recibir el texto inédito del documento firmado por la mesa de diálogo, durante una ceremonia en el palacio de La Moneda; afuera los familiares de las víctimas protestaban.

"Este acuerdo permite el compromiso solemne, cierto, convencido, de todos los que formamos parte de la patria de que en Chile nunca más se asesinará ni se hará desaparecer opositores, que nunca más agentes ejercerán de modo sistemático torturas y asesinatos y otras violaciones, que nunca más se podrá acceder al poder o pretender hacerlo por la vía violenta", apuntó Lagos.

El compromiso de los militares, que en un plazo de seis meses recopilarán y entregarán información sobre los detenidos desaparecidos y bajo la reserva de la identidad de los informantes, se selló en presen- cia de los comandantes en jefe del ejército, la armada y la fuerza aérea.

También estaban presentes ministros del gabinete de Lagos, los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, otros dirigentes del oficialismo y de la derecha opositora, y sólo se notó la ausencia de la Agrupación de los Familiares de los Detenidos Desaparecidos (AFDD), que nunca aceptó ser parte de la mesa de diálogo cívico-militar.

Se estima que el procedimiento de guardar la identidad de quien proporcione informaciones podría modificar la figura legal aplicada por los jueces en los procesos contra medio centenar de militares en retiro, que consideran las desapariciones como "secuestros permanentes", cuyo castigo no prescribe en el tiempo mientras nos aparezcan las víctimas.

Lagos, quien deberá emitir reformas sobre la base del acuerdo, dijo no tener dudas de que mediante el acuerdo "vamos a avanzar y vamos a encontrar a aquellos desaparecidos", y si bien asentó que con esto se cierra una página de la historia chilena, "este acuerdo no establece una historia oficial ni puede haber una historia oficial".

Es decir, acotó, los chilenos y chilenas seguirán interpretando los hechos del pasado. Lo más importante en cuanto a las diferencias, dijo, es que el acuerdo "nos reintegra al curso normal del país" y que lo fundamental es que arroja la capacidad del rencuentro con los valores nacionales.

El presidente encomió la valentía y coraje de las fuerzas armadas y carabineros de reconocer lo ocurrido en materia de violaciones de derechos humanos, e igualmente elogió la labor de los abogados de derechos humanos que durante mucho tiempo lucharon por abrir un espacio y aceptaron el diálogo sobre un tema tan doloroso.

La parte final del acuerdo, de seis cuartillas, se alcanzó luego de 11 horas de trabajo que culminó esta madrugada con la participación de los 22 delegados, entre repre- sentantes de las fuerzas armadas, abogados de derechos humanos y religiosos.

El proceso se prolongó durante 10 meses, ya que la mesa de diálogo fue instalada en agosto de 1999 por el anterior gobierno de Eduardo Frei, cuando Augusto Pinochet estaba detenido en Londres, pero el consenso de hoy hubo de superar uno de los diferendos centrales como fue el golpe de Estado de 1973 y su origen o visión.

El representante del ejército, general Juan Carlos Salgado, negó que el compromiso sea una "traición" a Pinochet. Lo consideró como una contribución a un esfuerzo nacional por el rencuentro, la paz, la convivencia y por la unidad del país.

La abogada y activista de derechos humanos Pamela Pereira negó que los lineamientos del acuerdo contemplen una ley de punto final, y coincidió en esto con el senador y líder del Partido Socialista, Ricardo Núñez, quien dijo que no se aceptará nada que se parezca a una ley de punto final, de borrón y olvido.

La dirigente comunista Gladys Marín y la AFDD, que siempre estuvieron contra la mesa de diálogo, rechazaron el pacto por la impunidad que puede significar y dijeron que la verdad deberá ventilarse ante los tribunales, y otros querellantes estimaron que lo que los militares no hicieron en todos estos años no lo harán en seis meses.

El mecanismo del acuerdo consiste en que Lagos recibirá los informes sobre los desaparecidos, preservándose la identidad de los informantes, y luego los transferirá a la Corte Suprema de Justicia, que comenzaría los juicios que confirmen el paradero y la muerte de los desaparecidos.

El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, descartó que el acuerdo vaya a influir en el proceso de apelación por el desafuero de Pinochet y que, "muy por el contrario, los antecedentes que entreguen los militares pueden servir a los jueces".