MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2000
Ť Terminar con la beligerancia, demanda el PSOE a ambos gobiernos
Querella del lehendakari contra el delegado de Madrid
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 13 de junio Ť El gobierno vasco decidió hoy presentar una querella contra el máximo representante del Ministerio del Interior español y delegado en el País Vasco, Enrique Villar, a quien acusa de los delitos de "prevaricación" y "calumnia"
La demanda judicial, explicó la vicelehendakari vasca, Idoia Zenarruzabeitia, se sustenta en una declaración que Villar hizo el jueves a la cadena CNN, en la que afirmó que "nos (al Ministerio del Interior) es difícil compartir ciertos datos (policiales), aunque deberíamos hacerlo, con un gobierno que colabora con los asesinos a los que perseguimos", lo que significa a juicio del Ejecutivo vasco una flagrante violación del Estatuto de Gernika (aprobado en 1979, en plena transición a la democracia) y de la Constitución (firmada en 1978).
El titular del Interior, Jaime Mayor Oreja, calificó de "barbaridad" la querella y señaló que los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV, gobernante en Euskadi) se "equivocan de adversario", pues, dijo, esos recursos judiciales debería aplicarlos a "los miembros de ETA y a los militantes de Herri Batasuna (HB, considerado brazo político de ETA)".
A juicio del gobierno vasco, lo dicho por Villar significa que la cartera de Mayor Oreja "lleva a cabo acciones y omisiones" en materia de seguridad escritas en el Estatuto de Gernika y la Constitución.
Zenarruzabeitia explicó que la decisión de dirimir en los juzgados la controversia de competencias con el Ministerio del Interior se tomó en una reunión de gabinete del jefe de gobierno, Juan José Ibarretxe, quien el próximo 22 de junio se reunirá en Madrid con el jefe de gobierno español, José María Aznar.
Las acusaciones tanto desde el Ministerio del Interior como desde el gobierno regional de "ocultar información" policial sobre los movimientos de los comandos de ETA pareció quedar zanjada el pasado miércoles tras la reunión entre Mayor Oreja y Javier Balza, consejero del Interior vasco, quienes acordaron un nuevo método de intercambio de información.
La polémica de "falta de coordinación" entre las dos instituciones surgió luego del asesinato del político socialista Fernando Buesa, el pasado 22 de febrero, al trascender que el Ministerio del Interior "ocultó" a la policía vasca información que apuntaba a Buesa como posible víctima de ETA.
Para el gobierno del País Vasco, "este comportamiento entra dentro de la comisión de un presunto delito de prevaricación perseguible por la vía penal, además de constituir un flagrante incumplimiento del acuerdo estatutario".
El asunto es "de una gravedad extrema" ya que los responsables de la seguridad de Euskadi son las autoridades locales, a las que "intencionadamente Madrid oculta de forma interesada información sustancial para realizar su función". En cuanto al delito de "calumnia", éste se basa en la afirmación de Villar de que el PNV y el gobierno de Ibarretxe "colaboran con asesinos".
Mayor Oreja aseguró que el estado de derecho debe "aplicarse a los delincuentes, a los terroristas, a lo que amparan el crimen en el País Vasco y no precisamente a quienes desde una y otra institución están haciendo lo que pueden para que haya más orden y más ley".
El vocero del Partido Socialista Obrero Español, Ramón Jáuregui, pidió a las dos administraciones que "terminen con la beligerancia partidaria" en el decisivo tema de la coordinación policial.
En cuanto a la seguridad de las posibles víctimas de ETA, el ayuntamiento navarro de Villava acordó hoy --con el voto de los concejales de EH-- pedir al gobierno regional más protección para los concejales.
HB, que por primera vez se suma a este tipo de iniciativas, reconoció que "es evidente que desde la ruptura de la tregua y tras las dramáticas consecuencias que está teniendo, la seguridad de los cargos municipales está seriamente amenazada".