Emilio Pradilla Cobos
Acción colectiva ante la vulnerabilidad

La emergencia que aún se vive en Valle de Chalco-Solidaridad, estado de México, es un amargo recordatorio del alto grado de vulnerabilidad ante desastres naturales y socio-organizativos que tiene la Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal y 59 municipios conurbados de los estados de México e Hidalgo), y los costos que paga por ello la población directamente afectada y la ciudadanía en su conjunto. Los casos se repiten cada año en diversos puntos de la metrópoli, que ha rebasado sus umbrales de crecimiento en muchos ámbitos. Hasta ahora, las políticas del Gobierno federal y los gobiernos locales han sido insuficientes para responder a esta grave situación; por el contrario, cinco décadas de prácticas tendientes a la acumulación de capital, al beneficio empresarial y, en las dos últimas, a la inserción subordinada en la globalización, han llevado al alto grado de concentración demográfica, económica, política, cultural y de exclusión social y empobrecimiento que explican la vulnerabilidad.

Es urgente emprender una acción colectiva concertada democráticamente, de largo plazo, promovida y regulada por la planeación y la gestión de gobiernos territorial y socialmente responsables, coordinada a nivel metropolitano, que trascienda y articule los sectores administrativos, para reconstruir la metrópoli con criterios de viabilidad económica, equidad e inclusión social, sustentabilidad ambiental, habitabilidad y seguridad. El actual Gobierno capitalino es consciente de ello y ha llevado a cabo importantes acciones sectoriales para reducir estos riesgos, pero aún son insuficientes y actúan sobre menos de la mitad del territorio y la población de la metrópoli; siguen rumbos distintos a la dominante neoliberal y antiplaneatoria del proyecto hegemónico a nivel federal, lo que dificulta su aplicación. Las condiciones del cambio son complejas y hay que abordarlas simultáneamente, con prioridades coherentes y prestablecidas.

Se requiere la reorientación de los flujos poblacionales a nivel nacional, para reducir el crecimiento demográfico metropolitano, mediante políticas económicas -agropecuaria, industrial, comercial-, infraestructurales y sociales que busquen superar la desigualdad regional y el estancamiento de las regiones excluidas, que son, paradójicamente, las que tienen las mejores condiciones ambientales para retenerla o recibirla. La desconcentración de los flujos de personas, mercancías e información, diseñando redes de infraestructura y servicios conexos que privilegien la creación de nuevos nodos y la integración territorial nacional y no sólo de las regiones y ciudades ganadoras en la relación con el polo dominante de la acumulación capitalista mundial, Estados Unidos.

La restructuración de una economía metropolitana diversificada, que incluya la reindustrialización con articulación en redes, nueva tecnología apropiada, poco consumo de agua y suelo, integrada al resto de la actividad urbana, para generar más empleo, estable y bien remunerado. La promoción de un nuevo patrón de urbanización, con dos criterios: redensificación de áreas centrales dotadas de infraestructura; y control de la expansión física continua mediante el impulso de nuevos asentamientos semiautosuficientes separados por aislamiento ecológico y rural altamente productivo de servicios ambientales, productos agrícolas orgánicos y actividades recreativas para la población urbana. Una política social, sobre todo de vivienda, centrada en la superación de la exclusión social y territorial, la reducción de la vulnerabilidad y el mejoramiento de la habitabilidad, priorizando las áreas de mayor marginación y riesgo. Una política infraestructural de largo plazo, diseñada, financiada y aplicada conjuntamente por los gobiernos federal y local, que combine las grandes obras, con las pequeñas y locales, con mayor grado de sustentabilidad ambiental. Una política cultural para formar a los ciudadanos en el uso adecuado de todos los bienes y servicios urbanos.

Todo ello exige un cambio de rumbo de la política federal y de los gobiernos locales, que combine con equidad y justicia el funcionamiento del mercado con una nueva forma de responsabilidad social y territorial del Estado, y que garantice que las prácticas de todos los actores sociales caminen en este sentido. La revisión del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, acordada por la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, puede ser un eficaz instrumento de esta nueva política, si existen la voluntad política y la participación ciudadana para avanzar en esa dirección.