MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2000

Ť La emboscada, obra de paramilitares: habitantes

Grupos de elite del Ejército, al municipio de El Bosque

Ť Los agresores, con ropas negras y rostros pintados

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 13 de junio Ť Grupos de elite del Ejército Mexicano, helicópteros artillados y altos mandos militares se trasladaron al municipio El Bosque, en donde fueron emboscados policías municipales y de Seguridad Pública. Las versiones oficiales insisten en culpar de los hechos a simples gavilleros y narcotraficantes, aunque no descartan a integrantes de grupos guerrilleros. Sin embargo, existen señalamientos por parte de los habitantes del lugar que acusan a paramilitares y grupos de choque, financiados por el gobierno, de ser los autores de la muerte de los siete policías.

Esta mañana, al menos unos diez helicópteros artillados sobrevolaron la capital de Chiapas, y enseguida fueron trasladados a la base militar instalada en Puerto Caté, colindante entre los municipios de Simojovel y El Bosque, en donde se efectuó la emboscada perpetrada por un grupo de civiles armados.

También se trasladó a la zona un convoy de militares de miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), integrado por oficiales de elite, especialistas en "acciones inmediatas".

Los efectivos castrenses, integrantes de la 31 Zona Militar, con sede en Rancho Nuevo, son los encargados de coordinar los operativos "pie tierra" que efectúan cientos de policías federales y estatales, en busca de los autores de la emboscada.

Versiones no confirmadas señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, también arribó a la entidad y sostuvo una reunión con el Consejo Estatal de Seguridad; el delegado de la PGR, Martín Ortiz Lerma, y el encargado de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos de Civiles Armados, a cuyo cargo quedó la investigación del caso.

Homenaje a las víctimas

Poco antes, durante la ceremonia para homenajear a los policías muertos, el procurador general de Justicia del estado, Eduardo Montoya Liévano, dio a conocer algunas evidencias que indican que la emboscada pudo haber sido perpetrada por "grupos de narcotraficantes", en contra de quienes se han hecho diversos operativos en los últimos meses, quemándoles 26 plantíos de enervantes.

"Pero no quiero adelantar indicios; no descarto a nada ni a nadie", añadió el funcionario, al ser cuestionado sobre las versiones que indican que pudo haber sido una célula del Ejército Popular Revolucionario (EPR), o grupos radicales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"Ya lo decía ayer: no descarto a nada ni a nadie, porque en las últimas semanas coinciden muchas cosas (...) por ahí existen algunos grupos radicales. Lo que sí puedo afirmar es que los parapetos que pusieron en los caminos fueron hechos por profesionales en la materia; las piedras, bien colocadas, cubiertas de follaje y en un lugar estratégico".

Montoya Liévano explicó que la acción iba dirigida a los agentes policiacos, a sabiendas de la hora y el lugar por el que pasarían. "Escogieron la curva precisa, para poder atacar desde diferentes ángulos, sin ninguna posibilidad de que los policías pudieran salir con vida".

Añadió que los policías no tuvieron tiempo de disparar, y los dos que sobrevivieron fue gracias a que los agentes que murieron cayeron encima de ellos. Incluso, datos de la necroscopia dejan ver que a algunos de los agentes fallecidos les dieron el llamado "tiro de gracia".

Las primeras indagatorias, añadió el procurador, señalan que fueron entre 10 y 14 los emboscadores; éstos vestían ropa color negro y llevaban el rostro maquillado del mismo color, con el propósito de no ser reconocidos. Las armas que utilizaron fueron AR-15 y dos escuadras.

En el hospital de Bochil, a donde fueron trasladados los heridos, se informó que el hijo del presidente municipal de El Bosque, Rosemberg Gómez, tiene pocas posibilidades de sobrevivir, ya que recibió cinco impactos de bala en el estómago. En tanto, el estado del policía Belisario Gómez Pérez es de menor gravedad.

Por su parte, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) -organización independiente con presencia en la región- señalaron que los principales grupos armados que operan en la zona son el denominado Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), y otras organizaciones de choque que promovió el gobierno estatal.

Víctor Manuel Pérez López, dirigente de la CIOAC, explicó que entre 1997 y 1998, cuando el Partido del Trabajo logró la administración de la alcaldía de Simojovel y tenía una fuerte representación en la de El Bosque, el gobierno estatal armó a un grupo disidente del PT. A estas personas, explicó, "se les financió en la compra de armas de alto poder, con el propósito de enfrentarlas con los integrantes del PT y de la CIOAC, para minar su presencia, lo que se logró durante las elecciones de 1998, cuando el PRI nuevamente se apoderó de las alcaldías".

Sin querer revelar nombres de los dirigentes de estos grupos, pero señalando que "cualquiera de la zona sabe quiénes son", el vocero de la CIOAC subrayó que una vez cumplido su objetivo, los grupos armados por el gobierno se dedicaron al asalto y el narcotráfico.

"Actúan en completa impunidad, salen a los caminos a asaltar en pleno día, aun cuando militares y policías realizan patrullajes y recorridos frecuentes. Entonces, nosotros pensamos que son estos grupos de choque, o los integrantes del MIRA, quienes emboscaron a los policías", explicó.

Como un ejemplo de las acciones que han realizado estos grupos, el dirigente de la CIOAC recordó las dos emboscadas que se han realizado en esa misma región en lo que va del año. La primera ocurrió el 13 de enero, en el camino que conduce a la comunidad Chavajeval, en El Bosque; en ella murió Martín Sánchez Hernández, base del EZLN.

En la segunda, ocurrida el primero de febrero, un grupo de cuatro indígenas tzotziles, que regresaban de vender café, fueron sorprendidos por unos encapuchados que, sin previo aviso, les hicieron diversos disparos con armas de alto poder. En el acto perdieron la vida Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández y Martín Gómez, y quedó herido Mateo Jiménez Núñez. Estos muertos también eran miembros de las bases de apoyo zapatistas.

Pérez López añadió que entre las bases del EZLN que existen en la zona, e incluso entre los grupos más radicales desprendidos del propio Ejército Zapatista, "existen normas de ética que les impedirían efectuar una agresión semejante".

Este mismo día, diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) exigieron que no se utilice la emboscada como pretexto para el arribo de nuevos elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la entidad. También pidieron que las incursiones de los militares en la zona no se usen como pretexto para acosar a las comunidades zapatistas que ahí existen.

Durante la sesión ordinaria de la LX Legislatura, la totalidad de los diputados determinaron formar una comisión que dé seguimiento a las investigaciones sobre los hechos de El Bosque, y las otras siete emboscadas que se han presentado en la entidad en lo que va del año.

El gobernador, por su parte, pidió nuevamente a la Federación que aplique un "desarme general en el estado". Antes, los mismos legisladores exigieron la destitución del actual secretario de Gobierno, Mario Lescieur Talavera, a quien acusaron de negligencia.

La diputada panista Victoria Rincón explicó que el encargado de la política interior del estado se ha dedicado a la labor proselitista de los candidatos del PRI a los diferentes puestos de elección popular, en vez de efectuar acciones concretas en contra de los grupos civiles armados que operan en completa impunidad.

Para este martes estaba programada la visita del presidente Ernesto Zedillo a Chiapas, para inaugurar la carretera fronteriza del sur, ubicada en la zona de Marqués de Comillas y Ocosingo. La misma fue cancelada, al igual que una gira proselitista del candidato del PRI a la gubernatura, Sami David.

Ť Ahí se localiza el mayor cuartel militar de la región de la Lacandona: ONG

Grave proceso de deforestación en San Quintín

Ť Proliferan los desmontes por la apertura de brechas de acceso a la reserva de Montes Azules

Matilde Pérez U. Ť En las cercanías del poblado de San Quintín -donde se localiza el mayor cuartel militar de la región de la Lacandona- y alrededor de laguna de Miramar -dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules- hay un grave proceso de deforestación, ganaderización y selva quemada, producto de los incendios forestales de 1998, informó Maderas del Pueblo del Sureste que, junto con otras cuatro organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos humanos, sobrevolaron y recorrieron por vía terrestre esa zona de Chiapas.

En el informe preliminar sobre la reserva de Montes Azules, dichos grupos indicaron que los desmontes se incrementan por la creación de una extensa red de amplias brechas de acceso en los límites suroeste y oeste de Montes Azules.

Los técnicos especializados en agroecología, manejo forestal y detección, prevención y combate incendios en la selva de los Chimalapas -integrantes de Maderas de Pueblo del Sureste- confirmaron que este año no se abrieron muchas áreas nuevas de roza, tumba y quema con fines agrícolas dentro de la porción de la reserva; sin embargo, en la zona de las Cañadas -al norte de Montes Azules- hay enormes áreas forestales abiertas a la agricultura y ganadería extensiva, que no tienen más de cinco años.

"Hay enormes superficies de selva, con arbolado seco y en pie, quemadas durante 1998, pero "no se denotó la presencia vecina a estas zonas, de áreas de roza, tumba y quema que hubieran provocado esos fenómenos", abundaron.

Respecto de la situación agraria de las doce comunidades de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Independiente y Democrática, las ONG ambientalistas y de derechos humanos -que permanecieron en el ejido Nuevo San Gregorio, localizado en el corazón de Montes Azules- puntualizaron que, de acuerdo con los testimonios e información agraria, once de esas comunidades ejidales tienen entre 20 y 30 años de fundadas, lapso que tienen exigiendo su reconocimiento y regularización agraria; sólo el poblado Buen Samaritano fue fundado en 1994.

De las doce comunidades, cinco están dispuestas a aceptar el reacomodo que les propone la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), si el gobierno federal compra tierras dentro de Chiapas, sin límite de precio y cuyo suelo sea de buena aptitud agropecuaria y forestal, y también si se les apoya con recursos económicos para el traslado, capacitación y desarrollo en este proceso de ordenamiento de uso de suelo y de actividades agropecuarias sustentables.

Las siete comunidades restantes ratificaron su decisión de no reubicarse y se comprometieron ante la sociedad civil, académicos y gobierno federal a convertirse en guardianas de la reserva de Montes Azules, si se les apoya con recursos para desarrollar un proceso de capacitación; experimentación en ordenamiento de uso de suelo; agroecología; silvicultura, y prevención, detección y combate de incendios forestales.

Incluso reafirmaron su compromiso de no utilizar el método de roza, tumba y quema; en su lugar, llevar a cabo labores agroecológicas.

El informe de las cuatro ONG concluye que en Montes Azules no se presentaron graves incendios forestales, como lo difundieron Semarnap, Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Biodiversidad, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y Conservación Internacional. "Los incendios forestales fueron sólo un pretexto manejado desde instancias de seguridad nacional del Estado, con fines político-militares y político-electorales, violando los derechos humanos y agrarios elementales de las comunidades indígenas", sostiene.