JUEVES 15 DE JUNIO DE 2000
* Homicidios y amenazas, otras anomalías, según el informe anual del organismo
Persisten tortura e impunidad en México, acusa AI
Angélica Enciso L. * En su informe anual sobre los derechos humanos en México, Amnistía Internacional (AI) destacó la difícil situación de la población indígena y el conflicto sin resolver entre el gobierno y el EZLN, así como los secuestros, los maltratos y las amenazas de muerte que recibieron estudiantes de la UNAM.
Durante 1999 las principales violaciones a los derechos humanos todavía fueron tortura, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias y homicidios; las víctimas también son las mismas: campesinos, indígenas, defensores de los derechos humanos y activistas políticos, señaló.
El informe El olvido está lleno de memoria, presentado ayer en el Distrito Federal, al tiempo que se exponía en distintos países, hace referencia al reconocimiento del gobierno mexicano de que se mantienen los problemas para la protección de los derechos humanos y su compromiso de introducir reformas y consolidar el estado de derecho.
Sobre Chiapas, destaca que el gobierno anunció propuestas para reabrir las negociaciones con el EZLN, pero al concluir el año no había ningún avance. Ante la creciente militarización en el estado, críticos dudaban de la autenticidad del planteamiento oficial, indica.
En esa entidad, abunda el documento, los homicidios, la tortura, los malos tratos a detenidos y el desplazamiento de comunidades indígenas se atribuyeron a las fuerzas de seguridad, a grupos paramilitares o a grupos civiles armados.
La población india fue víctima de conflictos entre comunidades y grupos con filiaciones políticas y religiosas opuestas.
Revela que fueron frecuentes los informes sobre actos de intimidación a las comunidades por parte de paramilitares, hechos que continuaron, aun con el reconocimiento gubernamental de que esos grupos estaban identificados y que se iban a investigar.
En relación con la UNAM, hace referencia a que estudiantes que participaron en la huelga durante el año pasado fueron secuestrados y amenazados de muerte.
Asimismo, se refiere a la aplicación de la ley, y menciona que aunque según la legislación mexicana ninguna persona puede ser detenida sin orden judicial ni permanecer recluida por más de 48 horas sin comparecer ante un juez, hubo frecuentes informes de que en la práctica las fuerzas de seguridad detenían a sospechosos y los mantenían bajo custodia sin respetar estas condiciones.
Esas personas con frecuencia sufrían malos tratos durante la detención y eran torturadas mientras permanecían bajo custodia, agrega.
La impunidad continuó siendo una de las principales violaciones graves a los derechos humanos. Una de las principales razones de ello, estima AI, es la ineficiencia del sistema judicial.
Recuerda especialmente el caso de la matanza en Aguas Blancas, en 1995, donde 15 agentes de policía y uno del Ministerio Público fueron acusados de homicidio y quedaron en libertad por orden judicial, además de que hasta fin de 1999 no había concluido el proceso de seis altos funcionarios que habían tenido relación con el hecho.
Destaca también que los defensores de los derechos humanos debieron hacer frente a actos de intimidación y acoso debido a sus actividades, ya que estuvieron sometidos a vigilancia, secuestros y amenazas de muerte.
Menciona el caso de Digna Ochoa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien fue secuestrada en dos ocasiones. Al respecto, la Red Todos los Derechos para Todos precisó que en lo que va del sexenio 155 defensores han sufrido distintos tipos de agresiones.
AI agrega que aun cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al gobierno mexicano que levantara las restricciones impuestas en 1998 por la Secretaría de Gobernación para la concesión de visados a representantes de organizaciones no gubernamentales extranjeras, al terminar el año no se habían atendido tales planteamientos.
En la presentación del documento, Michael Chamberlain, de la Red Todos los Derechos para Todos, advirtió que, en América, México, después de Colombia, es un país de "alta prioridad" para AI por la cantidad de denuncias que se reciben.
En este momento, abundó, previo al proceso electoral, es necesario advertir que la alternancia en el poder no garantiza que se respeten estos derechos.
Consideró que el nombre del informe, El olvido está lleno de memoria, hace referencia a las violaciones tanto conocidas como anónimas, y sobre todo a la impunidad. En el análisis que hizo sobre el documento, destacó que en él se presentan problemas sistémicos que revelan que estas violaciones se dan por fallas en el sistema de procuración de justicia.
La reforma a las leyes judiciales ha propiciado una mayor arbitrariedad por parte de las autoridades y de las fuerzas armadas que actúan en la lucha contrainsurgente; además, "la falta de control sobre el Ejército hace que las violaciones de éste queden en la impunidad".
Advirtió que lo que las autoridades hacen con los problemas de derechos humanos es administrarlos, en lugar de resolverlos, y Chiapas es el caso más claro.
Sobre la tortura, resaltó el hecho de que sea un problema que aún se presenta, ya que en la práctica los jueces aceptan testimonios obtenidos bajo coacción, lo cual refleja incapacidad para investigar.
Rocío Culebro, de AI México, declaró que los derechos humanos siguen siendo una tarea pendiente para los gobiernos.
"El año pasado trajo represión, pobreza y guerras", además de que una preocupación fundamental para esta organización son los defensores de derechos humanos, los cuales han sufrido agresiones en todo el mundo.