DERECHOS HUMANOS: ASIGNATURA REPROBADA

En el capítulo dedicado a México del informe anual de Amnistía Internacional (AI), divulgado ayer, se presenta un balance exasperante sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos en nuestro país: siguen siendo frecuentes las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, tortura y maltrato de prisioneros, en tanto que la impunidad subsecuente a tales violaciones permanece como norma.

El documento de la organización humanitaria destaca, por una parte, la situación imperante en Chiapas, en donde la creciente militarización da pie a la duda sobre la sinceridad de los propósitos gubernamentales de restablecer el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). AI señala que los actos de intimidación contra los indígenas por parte de grupos paramilitares persisten, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció, a principios de 1998, que había identificado 12 grupos de "civiles armados" que operaban en la entidad. Amnistía Internacional evoca también la impunidad que impera, hasta la fecha, en torno a la matanza de Acteal, cometida por uno de esos grupos, pero en la que cabe presumir la responsabilidad de los más altos funcionarios del gobierno estatal de la época.

El informe recuerda, a propósito de la impunidad, que seis de los ocho altos funcionarios implicados en la matanza de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero -incluyendo al ex gobernador Rubén Figueroa- no han sido llevados ante la justicia.

Por otra parte, el reporte de AI comenta los sistemáticos abusos a los que son sometidos los internos de la prisión de Apodaca, Nuevo León -documentados hace un año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH- y el rechazo del gobernador a las recomendaciones respectivas.

Un aspecto particularmente inquietante del documento referido es el conjunto de agresiones sufridas por los defensores de derechos humanos, entre ellos Digna Ochoa, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, secuestrada en dos ocasiones, y Tom Hansen, ex director del grupo humanitario estadunidense Pastores por la Paz, quien fue arrestado en 1998, en Chiapas, y expulsado sumariamente del territorio nacional.

En suma, en materia de derechos humanos, el país podría considerar a la administración que está por concluir como el sexenio perdido. Ante esta constatación lamentable, quienes aspiran a gobernar a México a partir de diciembre de este año deberían formular compromisos más explícitos y detallados con la vigencia del estado de derecho y con la protección de las garantías individuales.