JUEVES 15 DE JUNIO DE 2000
* Críticas al apoyo de EU a medidas económicas
Paro general de burócratas contra el ajuste de De la Rúa
* Doce presos políticos cumplieron 16 días en huelga de hambre
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 14 de junio * Un paro general de trabajadores estatales, que culminó con una marcha de miles de personas hacia la céntrica Plaza de Mayo, marcó otro día de protesta ante las medidas de ajuste del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que incluyen reducciones salariales y despidos.
Los sindicalistas criticaron el "aliento" que le dieron las autoridades de Estados Unidos a De la Rúa --que este miércoles terminó su gira en aquel país-- para seguir adelante con los ajustes que han colocado a Argentina al borde del estallido social.
La protesta comenzó en la mañana con un paro de actividades en la administración pública y otros organismos estatales, cuyos empleados concurrieron a sus trabajos pero no realizaron labores. Además, a partir de hoy comenzaron a parar, durante dos horas por día, los empleados de bancos estatales.
El presidente Bill Clinton y grupos empresariales estadunidenses "felicitaron a De la Rúa por su 'coraje' para tomar las duras e impopulares medidas, porque a ellos les conviene un mercado de trabajo depreciado, pero a la hora de mostrar una conducta flexible después de la tolerancia que tuvieron con la corrupción generalizada del gobierno anterior, exigieron más al mandatario argentino en el tema de la desregulación del espacio aéreo, que sería uno de los golpes finales a la maltrecha soberanía local", dijeron a La Jornada dirigentes del Sindicato de Aeronavegantes.
En este marco, 12 presos políticos por el copamiento del cuartel La Tablada, en 1989 cumplieron 16 días de huelga de hambre en reclamo de su libertad.
Enrique Gorriarán Merlo, que en los 70 integró la dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo y luego dirigió el asalto junto a Jorge Felicetti, del Movimiento Todos por la Patria, firmaron ante el juez una petición para que si su estado desmejora, no les sea suministrado suero.
Acompaña a los ayunantes, desde un convento donde está bajo vigilancia, el religioso fray Antonio Puigjané, de 71 años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó el juicio y la desaparición de tres de los alzados detenidos tras el asalto que dejó casi medio centenar de muertos, habría enviado emisarios ante la posibilidad de que la protesta ponga en peligro la vida de los ayunantes.
Premios Nobel como Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, José Saramago y Gunter Grass han enviado cartas al titular de la CIDH y a la cancillería local exigiendo la libertad de todos los detenidos.
Los detenidos podrían ser liberados si pasan de condenados a procesados y así beneficiarse con la ley que computa dos años por cada uno de prisión, aunque Gorriarán Merlo y Felicetti necesitarán otro tipo de medida, ya que cumplen cadena perpetua y existe una cláusula que impide rever la causa.
El ministro del Interior, Federico Storani, respaldó la posible sanción de una ley que posibilitaría revisar las sentencias, ante lo que consideró una "recomendación razonable" de la CIDH, ya que los detenidos fueron juzgados bajo el marco de la ley de defensa de la democracia, que no permite la instancia de revisión judicial para acusados de atentar contra el orden constitucional.
La secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, consideró justo el reclamo de los presos, pero el opositor Partido Justicialista podría no dar su aprobación a ese proyecto que se tratará este jueves en el Congreso.