JUEVES 15 DE JUNIO DE 2000
* De ellos, 11% eran niños o niñas: Comisión del Esclarecimiento Histórico
Desaparecieron militares a unos 50 mil guatemaltecos
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 14 de junio * Los regímenes militares que impusieron el terror en Guatemala durante 36 años provocaron la desaparición de entre 45 mil y 50 mil personas, y de éstas 11 por ciento --alrededor de 5 mil niños o niñas-- eran arrebatados de sus familias, de su identidad y de su cultura, según datos del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).
Entre esos pequeños, "desaparecidos" o "ejecutados", se encuentran las dos hijas y la hermana de Adriana Portillo, una madre guatemalteca víctima de la represión, quien desde hace 18 años emprendió la búsqueda infructuosa para conocer "la verdad" y "encontrar los cadáveres (de su familia) para darles una sepultura digna".
Tras comprobar la escasa voluntad de justicia del gobierno y del aparato judicial guatemaltecos, Portillo se presentará este viernes ante la Audiencia Nacional de España en la querella por genocidio, terrorismo y tortura contra ocho oficiales y altos mandos del ejército y la policía (Fernando Romeo Lucas, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, entre ellos) presentada en diciembre pasado por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.
El abogado de la acusación popular, Antonio García, explico a La Jornada que ya cuentan con el compromiso de prestar declaración de algunos "militares arrepentidos" que participaron en el exterminio.
El caso Guatemala sigue sumando testimonios y declaraciones a un sumario que, antes del comienzo del proceso estrictamente judicial, ya supera las 2 mil hojas.
El caso se encuentra a la espera de que el pleno de la sala de la Audiencia Nacional de España decida sobre un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado del país ibérico, que ha manifestado que esta denuncia no corresponde a los juzgados españoles.
La fiscalía mantuvo esta postura en los procesos contra el ex dictador Augusto Pinochet y contra las juntas militares de Argentina, finalmente admitidos a trámite, como se espera que suceda en este proceso.
La decisión se conocerá en unas semanas, estima la defensa, y señala que en tanto se ha "vestido al sumario con testimonios, declaraciones y casos particulares", como el que relata Adriana Portillo: "La historia dolorosa de mi familia realmente se inició en julio de 1981, cuando uno de mis hermanos murió en un enfrentamiento militar que involucró a más de mil agentes del ejército y de la policía y de otras fuerzas de seguridad del gobierno de Guatemala".
Recuerda: "Ese día me encontraba haciendo los quehaceres de mi hogar cuando en la televisión se transmitió en vivo el bombardeo de una casa; cuando el humo de las bombas se esclareció se le permitió a la prensa entrar a ella y se encontraron ocho cadáveres, cinco hombres y tres mujeres, de esos uno de ellos era mi hermano de 23 años, Carlos Alfredo. Nosotros, la familia, no nos presentamos a reclamar su cadáver por las implicaciones en esta época, en la que reconocer que se estaba asociado con la guerrilla era una sentencia de muerte".
Seis semanas después, el 11 de septiembre de 1981, relata Portillo, "en un operativo militar que se llevó a cabo en dos lugares diferentes se desapareció a mi papá, a mi madrastra, a una cuñada de 18 años, a mi hermanita de 18 meses y a mis dos hijas, Rosaura y Glenda, de 10 y de nueve años, respectivamente. La versión del ejército fue que la casa de mi papá era una casa de seguridad de la guerrilla, que allí habían encontrado armamento y material subversivo, incluyendo trajes mayas y un perro pastor alemán, que figura en el acta como perro subversivo".
Portillo, quien tuvo que exiliarse en Estados Unidos, desde donde mantuvo su dolor y su afán de justicia, con la voz rota por el llanto señaló que "como madres o familiares de niños y niñas que desaparecieron no andamos sólo a la búsqueda de niños que sobrevivieron, andamos también a la búsqueda de los cadáveres de los niños que no sobrevivieron. Yo, como madre, busco los cadáveres de mis hijas; tengo el derecho a recuperarlos y darles una sepultura digna".
Según la CEH, la desaparición de niños se realizó principalmente entre 1979 y 1986 y "aunque es posible que la mayoría (de los 5 mil niños) esté muerto, también es posible que más de unos pocos estén vivos", tras ser sometidos estos años a vejaciones y trabajos forzados en las casas de los propios militares represores.
El abogado de la acusación popular y representante del sindicato español Comisiones Obreras, Antonio García, adelantó a este periódico que el "caso está debidamente estructurado, además hay testigos, que no podemos revelar por razones obvias, pues me refiero a militares o policías que participaron directamente en los hechos, lo que se conoce vulgarmente como arrepentidos. Hay algunas personas de estas características que están dispuestas a comparecer en la causa".
También reiteró su denuncia de la situación que reina en Guatemala desde el comienzo del proceso, con amenazas, agresiones y asaltos a sedes de organismos.