JUEVES 15 DE JUNIO DE 2000
* Debe aplicarse sólo cuando sea estrictamente necesario: Aguilar Borrego
Demandan CT y UNT eliminar la requisa
* Candidatos a legisladores se comprometen a impulsar reformas para lograr su desaparición
Elizabeth Velasco C. y Fabiola Martínez * Aunque la huelga sigue siendo el instrumento para que los trabajadores puedan obtener mejores condiciones laborales y sociales, es un hecho que debe eliminarse la requisa, particularmente cuando se aplica en servicios que no son estrictamente indispensables, a fin de que no se lesionen los derechos laborales, manifestó ayer el vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), Enrique Aguilar Borrego.
El también dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib) consideró que el próximo año el Congreso de la Unión tiene que abordar las modificaciones que requiere la Ley Federal del Trabajo (LFT), y entre los puntos a discutir estaría el de la requisa.
A su vez, candidatos a puestos de representación popular, impulsados por la Alianza por México, Democracia Social y PARM, emitieron ayer un ''compromiso con los trabajadores'' para impulsar la reforma social y democrática del Estado, en el que destacan diversas reformas legislativas para la ''eliminación'' de la requisa.
Esta figura jurídica, incluida en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Vías Generales de Comunicación, faculta al gobierno para intervenir en diversos sectores y empresas cuando se presenten casos de guerra internacional, grave alteración del orden público, desastres naturales y cuando se afecte la economía nacional. Con base en este último punto, las autoridades han intervenido para requisar huelgas de pilotos, sobrecargos y telefonistas, entre otros gremios.
Al respecto, Aguilar Borrego destacó que la requisa sólo deberá prevalecer para casos que son verdaderamente necesarios, como los servicios hospitalarios, el suministro de energía eléctrica y de agua, la distribución de alimentos, entre otros servicios que ''son de alta prioridad y no pueden suspenderse'' porque causarían un grave daño a la población y a la economía.
Agregó que la eliminación de la requisa, cuando no amerite el caso, es una ''vieja demanda'' del CT. ''Consideramos que para que opere mejor la huelga y los trabajadores hagan uso de un derecho laboral consagrado en la Constitución, debe ser eliminada en ciertos casos, y para ello debe reformarse la legislación laboral''.
Con matices, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se pronunció en contra de esta figura aplicada ''de manera discrecional'' por el gobierno para someter el derecho de huelga, consagrado en el artículo 123 de la Constitución.
En el caso de los telefonistas, comentó Francisco Hernández Juárez, dirigente de este gremio, el gobierno ha intervenido en diversos paros y huelgas registradas en la trayectoria de los telefonistas, ''vulnerando la Constitución''.
En la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, organización con 42 años de existencia, el gobierno ha aplicado también la requisa en múltiples episodios con el argumento de que el paro de una aerolínea afecta la economía nacional. Así actuó, por ejemplo, en las dos huelgas en Aerolitoral, empresa con apenas una veintena de aviones. En protesta, los pilotos con movimientos requisados han presionado por otras vías a la empresa, como única alternativa para hacer valer su derecho de huelga, toda vez que no se ha permitido la suspensión de operaciones.
La misma suerte ha corrido la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación en las dos recientes huelgas estalladas en Aeroméxico, en 1998 y la que concluyó apenas ayer.
El documento firmado por aspirantes a legisladores incluye también un compromiso por promover en el Congreso una reforma laboral y productiva, así como la renovación ''unitaria, democrática y libre del sindicalismo nacional''.
En ese sentido, Aguilar Borrego expresó que dentro del marco de las reformas laborales tienen que discutirse mecanismos que permitan el fortalecimiento y la generación de empleo, así como la equidad en la distrubución de la riqueza vía los salarios, ya que no puede continuarse con el pago de percepciones a todas luces insuficientes para cubrir las necesidades elementales, como el actual mínimo de apenas 37.90 pesos diarios.
Los legisladores de los partidos referidos se pronunciaron también por la eliminación de los contratos de protección, la supresión del apartado B del artículo 123 constitucional, relativo a los trabajadores al servicio del Estado, y la creación del Instituto Autónomo para el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos.
Convocaron a los candidatos a la Presidencia de la República a iniciar un ''diálogo inmediato de cara a los trabajadores'' para que adquieran compromisos en torno a la agenda laboral del próximo gobierno y la transición a la democracia.