VIERNES 16 DE JUNIO DE 2000
La anulación
* Luis Javier Garrido *
Ernesto Zedillo se pretendió un "democratizador" y con tal de imponer a Francisco Labastida en la silla presidencial le está dando a México el proceso electoral más sucio de nuestra historia, de ahí sus arrebatos de desesperación.
1. Los discursos cada vez más frecuentes de Zedillo sobre las elecciones de 2000, pretendiendo a toda costa que la oposición convalide desde ahora las cifras oficiales del IFE, que ya se sabe que serán los resultados del fraude, no han hecho más que poner de relieve que la supuesta transición mexicana no pasó de ser simulación, y el principal artífice de esta reconversión del sistema, que es él, no ha sido más que un simulador.
2. Los hechos son ya inocultables y las manipulaciones fraudulentas del proceso son noticia en todo el mundo, de ahí que el gobierno mexicano parezca empeñado en señalar que sólo se trata de muestras de inequidad. El despilfarro de recursos oficiales en la campaña del PRI es inocultable, la cobertura en los medios ha sido tan sesgada, que avergonzaría a cualquier comunicador (menos, desde luego, a los mexicanos), la compra del voto está a la orden del día, el tráfico de credenciales para votar es cotidiano, la campaña sucia contra Fox supera a la que se realizó contra Cuauhtémoc en 1988, las amenazas a los humildes son cada vez más fuertes, como denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera (14 de junio). El proceso electoral es un asco y muchos pretenden minimizarlo.
3. El "fraude electoral" no sólo ha estado sustentado en México en a) manipulaciones ilícitas que se producen el día de la jornada electoral (como rasurado de padrón, carruseles o robos de urnas), tal y como pretenden los analistas oficialistas, o en b) presiones ilícitas (compra de votos, manipulación de los medios), que desde el siglo XIX han sido consideradas como expresiones del fraude, sino que es consecuencia, ante todo, c) de una serie de estructuras fraudulentas que va desde la existencia de un Partido de Estado, hasta la inexistencia de un sistema jurídico de garantías en materia electoral, ya que, dígase lo que se diga, el fraude electoral no se puede probar legalmente en México y en consecuencia no es posible, en los términos de la ley actual, anular una elección presidencial, además de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial no es más que un apéndice del Ejecutivo.
4. La anulación de la elección presidencial de 2000, que está siendo y será fraudulenta, sólo podría ser posible mediante una movilización cívica sin precedentes: mostrándole al grupo que detenta el poder que la sociedad no está dispuesta ya a seguir tolerándolo todo.
5. Las declaraciones de voceros del Departamento de Estado en el sentido de que la administración de Clinton descarta un "fraude electoral masivo en México" (14 de junio) carecen en este contexto de importancia; es bien sabido que la Casa Blanca ha apoyado todas las manipulaciones del grupo salinista y lo seguirá haciendo hasta que una amplia movilización popular la obligue a un cambio de políticas, como aconteció en el caso de Irán en 1979 o en los de decenas de dictaduras latinoamericanas. Para Washington, los tecnócratas mexicanos han sido útiles para sus intereses, pues han desmantelado al Estado surgido de la Revolución Mexicana, y por lo mismo se les ha tolerado todo género de excesos incluida su vinculación con el narcotráfico.
6. Los acontecimientos de 88 son altamente significativos, pues poco antes de que se consumara el fraude electoral, que permitió la llegada de Carlos Salinas a la Presidencia, en las fraudulentas elecciones de Filipinas el gobierno de Reagan y los observadores estadunidenses conminaron a la oposición de ese país a aceptar el veredicto oficial, y sin embargo, cuando las manifestaciones populares paralizaron al país, Washington viró en 180 grados su política, dio la razón a la oposición y exigió el fin de la dictadura.
7. Los partidos "de oposición" avalaron en México el subsistema electoral tramposo, aceptaron la oferta de los gobiernos de Salinas y de Zedillo de abrirles espacios de gobierno a cambio de que no objetaran las leyes sesgadas ni la subsistencia del Partido de Estado. Cuando Cárdenas dice que "pedirá nuevos comicios si hay fraude" (13 de junio) está diciendo algo inverosímil, pues el proceso electoral es ya uno de los más fraudulentos que recuerde el país. Al demandar el CEN del PAN a Zedillo que no siga apoyando a Labastida (14 de junio), no expresa más que un absurdo: Zedillo, en connivencia con Salinas, está imponiendo a Labastida para salvaguardar una serie de intereses privados.
8. El Ejecutivo en turno y el PRI no son más que las dos caras de una misma moneda, y si sectores de la oposición han buscado desvincular al uno del otro, ha sido por oportunismo político: para justificar su trato con Los Pinos y su aval al discurso sobre la supuesta "transición". Una transición política que no existe ni nunca ha existido, por lo que el escenario para los partidos "de oposición" es el mismo de siempre, y la única forma que tiene para vencer al aparato priísta es por nocaut: con una ventaja clara en las urnas, una amplia movilización social para defender el voto y un programa de resistencia civil.
9. El escenario para la sociedad es mucho más desolador que en 88, pues los partidos "de oposición" no sólo carecen de una caracterización correcta del régimen, de un programa de transición política y de estrategias y mecanismos para la defensa del voto y para las acciones de resistencia civil que podrían conducir a poner fin por la vía electoral al sistema de Partido de Estado, sino que en su afán de alcanzar el poder todos ya son, en sus propuestas fundamentales, instancias de poder funcionales al neoliberalismo y lo más grave, aunque se empeñen en negarlo: fuerzas políticas integrantes del "sistema" que se ha refuncionalizado con ellos.
10. Los mexicanos quieren un cambio, y la imposición de Labastida, a pesar de lo que diga Zedillo, sitúa a todos frente a un dilema: Ƒlos compromisos de las dirigencias políticas tienen que ir acompañados de la falta de lucidez de la sociedad? *