VIERNES 16 DE JUNIO DE 2000
Gobernabilidad democrática
* Gilberto López y Rivas *
El actual gobierno federal está apostando todos sus esfuerzos para mantener, a como dé lugar, los últimos vestigios de un régimen político resquebrajado desde 1988 y cuya crisis se hizo evidente en 1994 con la rebelión armada de los pueblos indios de Chiapas.
Durante estos últimos años, la gobernabilidad de nuestro país está en vilo. Por una parte la nueva expresión del cardenismo, cristalizada en Cuauhtémoc Cárdenas, permitió vislumbrar la disputa por un proyecto cuyos ejes fundamentales son la justicia social, la apertura democrática, un desarrollo económico sustentable (esto es, no expuesto a los vaivenes del capital financiero-crediticio ni a la caprichosa "autonomía" del mercado), y una recomposición del pacto social que dote de la legitimidad del consenso al ejercicio del poder político.
Por otra parte, la aparición de movimientos armados como EZLN, EPR y ERPI, con sus respectivas diferencias, vino a poner en duda el monopolio de la violencia física, indispensable para la estabilidad de cualquier Estado. En el caso particular del EZLN, se pudo constatar ante la opinión pública nacional e internacional, las condiciones de marginalidad y exclusión, discriminación y pobreza en las que viven los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de nuestro país. Aunque el gobierno federal desde 1994 ha intentado reducir dicho conflicto a unos cuantos municipios del estado de Chiapas, es indudable que refleja una problemática nacional. Entre otras razones porque los pueblos indios prácticamente no fueron considerados en el pacto social que dio origen al México posrevolucionario y hoy demandan el reconocimiento de sus derechos a la libre determinación y autonomía en nuestra Constitución.
El reciente movimiento estudiantil enarbolado por el Consejo General de Huelga (CGH) significó, más allá de las simpatías o antipatías respecto a su dirección política, una de las respuestas sociales más radicales a un modelo de política económica que llegó al extremo de vulnerar los derechos fundamentales de los individuos. Desafortunadamente, el gobierno federal capitalizó la resistencia estudiantil para hacer entrar en crisis a la máxima casa de estudios de nuestro país con la intención de reformarla vertical y cupularmente con un movimiento estudiantil aparentemente derrotado, dividido al interior y desprestigiado por los medios de comunicación frente a diversos sectores sociales.
Si a este panorama nacional añadimos la opción violenta por la que ha optado el gobierno federal para resolver las legítimas demandas sociales, nos encontramos con un escenario desolador en materia de gobernabilidad. Esta no sólo significa mantener el monopolio de la violencia física del Estado legitimado frente a la sociedad, también implica lograr un marco normativo acatado en la práctica social que permita dirimir conflictos y discrepancias pacíficamente a través del entramado institucional que da cuerpo al Estado mexicano. Pero lejos de ello, nos enfrentamos a un grave resquebrajamiento institucional que va desde la debilidad e incapacidad del Presidente de la República para tomar decisiones encaminadas a defender la soberanía nacional frente a Estados Unidos y la globalidad financiera, hasta la incidencia cada día más peligrosa del narcotráfico en la esfera de decisión política. Mientras un gobierno recurra más a la violencia, a la contrainsurgencia, a los paramilitares, a los asesinos, al acoso y hostigamiento (recordemos Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Taniperlas, por mencionar tan sólo algunos ejemplos) su gobernabilidad se halla más endeble.
De hecho, en la actual coyuntura electoral, el candidato del partido de Estado, Francisco Labastida, ha tenido que abandonar su débil discurso del nuevo PRI para incorporar en la negociación de la lucha interna de facciones, a lo más atrasado, corrupto y fraudulento de sus cuadros para mantener, por lo menos cierta unidad en el grupo gobernante; incluso para evitar de esta manera que se repitan los trágicos crímenes políticos de 1994 en su seno.
Es de vital importancia atar cabos de los elementos expuestos, para inferir que este proceso electoral no está exento de un clima de enrarecimiento provocado por el propio partido gobernante, al crear la imagen de que ante un eventual triunfo de la izquierda, del proyecto cardenista enarbolado por el PRD, se pudiese suscitar una crisis de gobernabilidad. Tal es el temor de la elite política, que ha inflado de manera burda y desmesurada la candidatura de Vicente Fox; primero, para evitar el triunfo de la izquierda, y segundo, para garantizar, frente a una eventual derrota del PRI, el triunfo de un partido que se ha comportado como la Celestina de su política económica.
Quienes ante este escenario han decidido pronunciarse por el supuesto voto "útil" o "condicionado", no comprenden o no les conviene comprender que se trata de una disputa de proyectos de país y no de candidatos de oposición que, de ninguna manera, representan lo mismo. Mientras uno de los candidatos de oposición no ha sido más que un alcahuete del régimen y un gerente del neoliberalismo, el otro no ha cesado de estar al lado de las causas más justas y democráticas.
En las próximas elecciones del 2 de julio, debemos optar por construir una gobernabilidad democrática hasta hoy inexistente, para lo cual se requiere responsabilidad y compromiso. Responsabilidad de nuestro ejercicio ciudadano al emitir un voto reflexivo que no se encuentre condicionado ni por la mercadotecnia ni por las despensas. Y compromiso con nuestro país y nuestros semejantes para impedir que se nos continúe asumiendo como un recurso y no como un fin de la política digno de ser considerado y respetado en la toma de decisiones. *