VIERNES 16 DE JUNIO DE 2000
* Califica el presidente de "golpe de efecto inviable" la medida opositora
Deroga el Senado decretos de De la Rúa sobre recortes de salarios
* Es una provocación, afirman analistas argentinos * Menem, detrás la maniobra de los peronistas
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 15 de junio * El Senado argentino, controlado por la oposición peronista, derogó anoche los decretos de necesidad y urgencia por los que el presidente Fernando de la Rúa estableció recortes de salarios y de jubilaciones de privilegios comprendidos en el último ajuste económico.
Pero esta medida, considerada un "golpe de efecto inviable" por De la Rúa, fue calificada de "provocación" por diversos analistas locales, que recuerdan que justamente fueron los mismos peronistas quienes convalidaron durante 10 años la política de privatizaciones y ajustes "salvajes" de la administración anterior del presidente Carlos Menem, que llegó a emitir centenares de decretos de necesidad y urgencia.
Aunque las medidas tomadas por el gobierno de De la Rúa son consideradas antipopulares incluso entre legisladores oficialistas, también las críticas alcanzan al jus- ticialismo (peronismo) oficialista del pasado, al que se acusa de haber dejado al país en severa situación de crisis y de amparar la corrupción que hoy pesa en la sociedad, y que dejó la pesada herencia de 10 mil millones de dólares en déficit fiscal.
En las sombras de esta maniobra se proyecta la figura de Menem, quien intenta regresar al escenario político, aunque está fuertemente desprestigiado y además enfrentado con poderosas figuras que le discuten el poder en la dirigencia peronista.
Hace días ya se postuló --mediante una desconocida fundación-- para la presidencia en el 2003, pero sólo logró reunir a sus más allegados y favorecidos del pasado.
El voto de los senadores peronistas fue calificado como "una estocada" propinada justo cuando el presidente culminaba su visita a Estados Unidos, donde recibió respaldos oficiales y empresariales.
La derogación, que alcanza también al permiso a la medicina privada para competir con las llamadas "obras sociales" (servicios de salud) manejados por los sindicatos, pasó ahora a la Cámara de Diputados, en donde la Alianza gobernante --integrada por la centrista Unión Cívica Radical y el centroizquierdista Frente País Solidario-- tiene mayoría.
Proyecto disidente alternativo
Pero 10 diputados disidentes de esa coalición política decidieron presentar un proyecto alternativo al opositor y al oficialista, al considerar que el peso del último ajuste exigido a Argentina por el Fondo Monetario Internacional recae únicamente sobre los asalariados.
Su propuesta pide que el gobierno restablezca los aportes patronales al sistema de seguridad social, particularmente en aquellas empresas, antaño estatales, que fueron privatizadas por Menem.
También pide dar participación a los sindicatos en las tareas de fiscalización para combatir el trabajo en negro, y solicitan que estudiantes de economía actúen como auxiliares en la represión de la evasión de impuestos, de la que culpan principalmente a las grandes empresas.
En tanto, el descontento ante el último ajuste que recortó gastos públicos por casi mil millones de dólares continuó este jueves con nuevas manifestaciones de protesta de trabajadores estatales que conforman un plan de lucha contra el ajuste.
Los funcionarios de la cancillería se autoimpusieron una jornada de 15 horas de trabajo, que también se extendió a 110 embajadas y oficinas consulares, en un "paro a la japonesa" en disconformidad con la reducción salarial.
Voceros de la protesta señalaron que los diplomáticos en el exterior no reciben reintegros por gastos y otros que deben ser atendidos por la cancillería.
En los meses finales del gobierno de Menem se produjeron protestas en diversas embajadas y consulados por el atraso en el cobro de los sueldos y las partidas de gastos, luego que algunas sedes debieron casi dejar de funcionar por cortes de agua y de luz ante las deudas acumuladas.
En medio de esta situación de tensión social, un tema que volvió al tablero fue el de la discriminación, ya que mientras el mandatario pedía perdón por segunda vez en poco tiempo a la comunidad judía --esta vez a la de Estados Unidos-- por el hecho de que Argentina amparó a criminales nazis, un juez debió suspender un partido de fútbol por los cánticos pro nazis y antisemitas de las barras bravas.
Cuando aún sigue en el misterio la responsabilidad de los cruentos atentados contra la embajada de Israel (1992 ) y la sede social de la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), aparecen cada vez más grupos de cabezas rapadas y otros que actúan contra los inmigrantes de los países limítrofes y también realizan manifestaciones antisemitas.
En estos días existe fuerte preocupación en la comunidad judía ya que se han puesto de moda este tipo de consignas en las canchas de fútbol --desde cánticos favorables a Adolfo Hitler hasta arrojar jabón a las canchas, en referencia a que los nazis utilizaron cadáveres de prisioneros judíos para hacer jabón--, por lo que el brote antisemita de los hinchas (seguidores de un equipo) de fútbol ha disparado el temor.
Esto, junto a la violencia delictiva que se instaló en el país en los últimos ocho años gracias al desempleo y la exclusión social, puede resultar en un coctel explosivo.
Por otro lado, trascendió que la Cámara Federal confirmaría el rechazo de eximir de prisión al ex director de PAMI (la obra social de los jubilados) Víctor Alderete, amigo personal de Menem, acusado ante la justicia por severos delitos.
La recientemente fundada Oficina Anticorrupción lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita, entre otras 20 denuncias, y éste sería finalmente el primer detenido por la saga de corrupción que ha puesto en la mira a varios ex funcionarios menemistas, mientras la justicia reúne pruebas, aunque para la población --que ha reclamado en 85 por ciento medidas urgentes de castigo para los corruptos del pasado-- hay lentitud en los juicios abiertos.
El gobierno, por lo pronto, se halla abocado a preparar las instancias de un diálogo para enfocar los principales problemas de la crisis económica y social que abate al país sudamericano.
La Iglesia católica participaría en consultas cada vez que sea necesario, pero no intervendría en el diálogo porque no integra ningún sector político o social, pues algunos de sus voceros consideran que debe estar por encima de todos los sectores, "no ser una parcialidad más ni inmiscuirse en problemas técnicos que son de competencia exclusiva del ámbito civil".
En los últimos tiempos, la Conferencia Episcopal ha continuado con sus reclamos por la grave situación social y la extensión de la pobreza en todo el país, además de pedir a una misión del Fondo Monetario Internacional que considere el problema de la deuda externa argentina, que obliga a pagar 25 millones de dólares diarios únicamente para cubrir los intereses.