MARTES 20 DE JUNIO DE 2000

ƑDe qué tamaño es el riesgo?

 

* Alberto Aziz Nassif *

Nadie dijo que sería fácil sacar de forma pacífica al PRI de Los Pinos. Cuando sólo faltan unos cuantos días para la elección del 2 de julio se han encendido las luces rojas y se ha instalado como tema central el viejo problema del fraude electoral. Los partidos y los candidatos de oposición, así como organizaciones sociales y observadores nacionales y extranjeros, consideran que la elección tiene riesgos.

Hay evidencias documentadas de los problemas que desde hace meses han desequilibrado la elección en favor del PRI: la maquinaria que presiona, coerciona, amenaza, intimida y usa el poder del gobierno y los recursos públicos para conseguir votos; la estructura de gobierno, que va del Presidente de la República a los gobernadores del PRI, está en abierta campaña por su partido; los millones de mexicanos vulnerables que viven en condiciones de pobreza extrema y que son presa fácil de la coacción; los concesionarios de medios de comunicación, sobre todo en los estados, que cubren mayoritariamente a los candidatos priístas. Con todos estos factores, podemos preguntarnos: Ƒde qué tamaño es el riesgo de la elección?

Los avances en materia electoral son una realidad. El Instituto Federal Electoral (IFE) se ha ganado la confianza de la sociedad, tiene prestigio y opera con profesionalismo; sin embargo, hay problemas de fraude que están fuera de su control.

Algunos consejeros electorales reconocen el problema de la falta de equidad en la cobertura que los medios realizan, la cual no sólo se refiere a criterios cuantitativos de tiempo, sino al tratamiento cualitativo, a la forma en la que se presenta la información de los candidatos opositores, a los acentos, a la modulación. Es conocida la lucha que tuvo que dar el IFE con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión para litigar los tiempos legítimos a los que tiene derecho como organismo y que le fueron negados durante una parte importante del proceso de capacitación electoral. La pobreza es el campo fértil para que los programas sociales como Progresa sean un botín para favorecer el voto por el PRI.

De acuerdo con la observación que realizó la organización Global Exchange, existen compra y coacción del voto en todos los estados que cubrió su trabajo, es decir, en Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí e Hidalgo.

En el mismo estudio, Las condiciones preelectorales en México, se analiza la debilidad del sistema legal para atender los delitos electorales; los observadores de esta misión pudieron comprobar cómo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) cuenta con recursos escasos y no tiene capacidad para dar seguimiento a los casos.

En estos días se ha documentado en la prensa el caso de una denuncia en Pemex sobre el uso ilegal de recursos de esa empresa para favorecer a Francisco Labastida (Reforma, 17/06/00). Un ciudadano con valor civil, Ramiro Berrón, coordinador técnico de la Región Sur de Pemex Exploración y Producción, hizo la denuncia sobre los mecanismos de promoción y coerción del voto para apoyar la campaña priísta. Este caso muestra lo que es una voz común: la burocracia está bajo coerción.

Todas estas llamadas de atención generaron finalmente un acuerdo de la oposición (Partido de Centro Democrático, Alianza por el Cambio y Alianza por México) para coordinar acciones y defenderse de la embestida del aparato priísta. Los riesgos de fraude son reales y a pesar de que han sido acotados por el IFE y por los miles de ciudadanos que tendrán en sus manos la elección, hay todavía zonas oscuras que están fuera del control legal y legítimo que se puede tener sobre el proceso electoral.

La cerrada contienda presidencial presenta un escenario peligroso, porque con estos indicios de fraude se puede afectar el resultado y darle la vuelta. El panorama es compatible con esa cultura política de la duda permanente que se traduce en una convicción: el PRI puede perder, pero no va a soltar el poder. Este supuesto se escuchaba en la década de los años ochenta en los estados en los que había una competencia cerrada.

La única forma de neutralizar el fraude, ya sea como falta de equidad, compra o coacción, es mediante un voto libre y masivo. Esperemos que el país no tenga que pasar por un escenario altamente conflictivo para lograr una alternancia pacífica en el poder. Si el 3 de julio tenemos un triunfo del PRI por escaso margen, la dimensión fraudulenta de ese resultado nos llevará a un complicado conflicto poselectoral; de ese tamaño es el riesgo. *