FMI: NUEVAS HIPOTECAS

A menos de dos semanas de los comicios presidenciales del 2 de julio en nuestro país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) programó el desembolso de nuevos créditos para México, por un monto de mil 500 millones de dólares, los cuales se entregarán en septiembre y noviembre de este año y en enero del próximo. El anuncio correspondiente estuvo acompañado por elogios del organismo monetario al desempeño de la economía nacional y a los resultados de la política económica del actual gobierno.

Ciertamente, la programación de los préstamos referidos es, en gran medida, una aplicación rutinaria de acuerdos establecidos entre México y el FMI en meses pasados, en el marco del "blindaje" concertado entre los organismos financieros internacionales, algunos bancos privados extranjeros y funcionarios del gabinete económico, como un mecanismo para impedir una repetición de las nefastas crisis financieras de finales ųo principiosų de sexenio.

Con todo, los acuerdos respectivos, y el anuncio formulado ayer por el FMI, constituyen una preocupante proyección transexenal de la política económica vigente, especialmente por lo que hace a los fondos previstos para enero del año entrante. Lo anterior no es, ciertamente, una noticia nueva; de hecho, los cinco mil millones de dólares que el FMI otorgará a nuestro país entre julio del año pasado y diciembre del presente habrán de ser cubiertos, en su mayoría, entre 2003 y 2005.

En su conjunto, tales maniobras financieras no sólo se traducen en una hipoteca del país sino que mermarán la soberanía del mandato popular del 2 de julio, toda vez que colocarán al gobierno que resulte electo ese día, sea del signo partidario que sea, ante la difícil disyuntiva entre aceptar términos y montos negociados por la administración precedente o rechazarlos y, con ello, crear tensiones indeseables en la relación con las entidades multinacionales referidas.

En declaraciones emitidas ayer mismo, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, habló de la existencia de "consensos cívicos", en aparente referencia a los dogmas económicos impuestos al país por el grupo gobernante del que forma parte. Aun si tales consensos existieran, los pactos financieros mencionados serían un abuso para con quienes sucedan a tal grupo. Pero la realidad indica que el conjunto de la sociedad mexicana está lejos de respaldar con unanimidad las doctrinas neoliberales vigentes; en esa medida, los acuerdos entre el gobierno zedillista con el FMI, el Banco Mundial y entidades bancarias privadas, y las obligaciones postsexenales adquiridas, constituyen, además, un irritante ejemplo de espíritu antidemocrático.