MARTES 20 DE JUNIO DE 2000
* Ilegal, el juicio por el asalto al cuartel, dice la CIDH
Cumplen 21 días de ayuno los 12 condenados por La Tablada
* Rechaza el Partido Justicialista una salida judicial al conflicto
* Los acusados han denunciado torturas; el proceso, irregular
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 19 de junio * La huelga de hambre que realizan los 12 detenidos políticos argentinos condenados por el asalto al cuartel de La Tablada en enero de 1989, cumplió hoy 21 días sin que haya visos de solución debido al rechazo del opositor Partido Justicialista (PJ-peronista) a una salida judicial que contenga las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que objetó la legalidad del juicio.
En años posteriores al regreso de la democracia tras la última dictadura militar (1976-83), ex miembros del guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y políticos provenientes de otros sectores, incluyendo el peronismo, habían conformado el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que de proseguir aglutinando fuerzas como lo estaba haciendo, hubiera podido convertirse en un importante movimiento de la izquierda.
Pero el ataque al cuartel de La Tablada el 23 de enero de 1989, bajo la dirección del ex jefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo, afectó a esa organización no sólo con la muerte de varios de sus miembros en el combate que se libró con fuerzas policiales y del ejército (tres emetepistas incluso desaparecieron tras ser detenidos). También provocó una salida masiva de militantes que no conocían el asalto armado, que los detenidos justificaron por informaciones que tenían sobre un plan de golpe de Estado que allí se planeaba, y afectó a toda la izquierda local.
Los prisioneros fueron juzgados bajo el marco de la ley de Defensa de la Democracia, pero la CIDH rechazó el proceso por una serie de ilegalidades, ya que se dejó sin posibilidad de revision judicial a los acusados que denunciaron torturas. Algunos recuperaron su libertad y el sacerdote Antonio Puigjané, con 71 años, fue enviado a un convento para continuar su condena, pero hasta ahora no se han seguido las recomendaciones de ese organismo.
Desde México, los tres partidos mayoritarios de ese país se expresaron a favor de una solución política urgente para el caso. Justamente en territorio mexicano Gorriarán fue detenido en 1995 por agentes de seguridad de esa nación que actuaron bajo asesoría de sus colegas argentinos.
La entrega del ex guerrillero a un grupo del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) en el aeropuerto de México desató en su momento una tormenta ante los reclamos de uno y otro países. Recientemente, el Congreso mexicano solicitó a Argentina la libertad de todos los detenidos, mientras que Gorriarán interpuso un recurso de amparo contra las autoridades de migración y el presidente Ernesto Zedillo, por considerar ilegal la forma de entregarlo a las autoridades argentinas.
Gorriarán fue condenado aquí a cadena perpetua junto con Jorge Felicetti. Ambos han firmado ante el juez su rechazo a que se los asista con suero en caso de una descompensación y su decisión de llevar la huelga hasta sus últimas consecuencias.
El diputado justicialista Mario Cafiero propuso la intermediación de monseñor Estanislao Karlic, presidente de la Comisión Episcopal, después que el bloque justicialista se negara a debatir las propuestas para zanjar la situación. "No aceptamos un debate bajo el chantaje de la huelga de hambre", sostuvieron.
El proyecto para tratar de liberar a los prisioneros, presentado por el diputado Ramón Torre Molina, de la oficialista coalición Alianza (socialdemócrata), propone la modificación de la Ley de Defensa de la Democracia, incorporándole el derecho constitucional de la doble instancia, que está en todos los tratados internacionales en coincidencia con la posición de la CIDH.
Pero Mario Cafiero solicita que sea levantada la huelga de hambre para negociar dentro de los términos de "reconciliación y asunción de responsabilidades". En algunos sectores se teme que esto quiera favorecer también al ex coronel Mohamed Alí Seineldin y a los otros militares carapintadas que cumplen prisión perpetua por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 1990.
Mientras, los organismos humanitarios locales advierten sobre el peligro de la continuidad de la huelga de hambre, en la que participan tres mujeres, entre ellas Ana María Sívori, ex esposa de Gorriarán.
El pasado 21 de mayo, Gorriarán denunció que el diputado justicialista César Arias fue enviado por el ex presidente Carlos Menem el 22 de agosto de 1998 para ofrecerle la libertad si involucraba a Raúl Alfonsín, quien gobernaba el país cuando ocurrió el copamiento del cuartel, ubicado en la provincia de Buenos Aires.
En una entrevista con el periodista Miguel Bonasso, el ex jefe guerrillero relató cómo Arias le sugirió que ayudaría a su libertad si "dijera públicamente" que había existido un "arreglo" con Alfonsín, quien pertenece a uno de los partidos de la coalición Alianza. Gorriarán explicó que no había denunciado antes el hecho porque creía que podría "afectar la liberación" de los otros detenidos, quienes llevan ya 11 años en prisión. Aunque el asalto a La Tablada fue rechazado aquí por la izquierda, también existe una posición común para exigir la libertad de los procesados en un juicio lleno de irregularidades y en el que no hubo oportunidad de apelar.