MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 2000
* Washington, decidido a sostener esa política
Deploran ONG que EU mantenga operativos contra migrantes
* Acuerdos bilaterales, sin efecto en derechos de trabajadores
María Esther Ibarra * El Centro de Apoyo al Migrante junto con diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos y de ayuda a trabajadores migratorios dieron la voz de alerta cuando, en noviembre pasado, insistieron en demandar al gobierno de Estados Unidos que, por razones humanitarias, suspendiera los operativos fronterizos durante los meses críticos del año para evitar las muertes de más indocumentados.
Sin embargo, deploraron que a la fecha "nada ha pasado, nada". Por el contrario ųenjuiciaronų ,"a medida que avanzan unilateralmente los planes de control de Estados Unidos, las condiciones se agudizan en las ciudades fronterizas del norte de México y en los lugares de tránsito de los migrantes".
En el marco de las relaciones bilaterales, también solicitaron al gobierno federal y al Congreso de México que plantearan a su contraparte estadunidense, por lo menos, la revisión y evaluación de dichos operativos.
Empero, la cacería de indocumentados y las recientes muertes de dos connacionales ųel mundo presenció en vivo por televisión, cómo se ahogaronų "confirman la posición del gobierno estadunidense de no modificar su política migratoria, tal como lo declaró el embajador Jeffrey Davidow durante su visita en noviembre de 1998 a Tijuana, Baja California".
Para el Centro de Apoyo al Migrante continúa vigente el informe que esa ONG entregó a la alta comisionada de Naciones Unidas, Mary Robinson, durante su visita el año pasado a Tijuana. Entre los principales aspectos sobre los que el centro alertó se encuentra el que Washington "está dispuesto a seguir jugando todos los riesgos de su política migratoria, a pesar del costo social y en vidas humanas que ello acarrea".
Si bien señaló la desatención del gobierno mexicano en materia de indocumentados, resaltó proponer al Senado estadunidense la adopción y ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, instrumento del derecho internacional propuesto por México en el seno de la ONU en 1989 y adoptado por los países miembros un año después.
Dirigido por Raúl Ramírez Baena, el organismo no gubernamental lamentó que "no se observan cambios significativos en el mejoramiento de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares", a pesar de que México y Washington han suscrito diversos acuerdos y han emprendido acciones en materia migratoria (reuniones interparlamentarias, grupos bilaterales de trabajo, memorandos de entendimiento, operativos de salvamento y rescate, etcétera.)
En el ámbito federal de México ųseñala el informeų el Programa Nacional de Atención a Migrantes, que comprende las campañas de prevención de riesgos (en los lugares de origen y de tránsito), los grupos Beta de protección de migrantes en la frontera norte y sur de México y el Programa Paisano (para prevenir abusos sobre mexicanos residentes en Estados Unidos, que ingresan al país cada fin de año), "no ha logrado incidir en los niveles de abusos".
Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha desentendido del fenómeno migratorio, toda vez que este Centro de Apoyo al Migrante desde su apertura, en 1997, ha informado reiteradamente a dicha comisión sobre los casos de abusos en ambos lados de la frontera.
"Es de resaltar que no se haya expedido siquiera una recomendación por la deficiente e ineficaz acción de las áreas de Protección Consular en defensa de los mexicanos en Estados Unidos, y por los abusos cometidos en los Precos. Mucho menos se ha manifestado en torno a la muerte de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos", acotó.
En el ámbito estatal, las políticas migratorias "dejan mucho qué desear", pues el gobierno del estado de Baja California, "a lo más, aporta sólo su tercera parte de agentes policiacos al Grupo Beta (el resto lo aportan el gobierno federal y las administraciones municipales), y otorga un pequeño subsidio a los albergues de atención a migrantes en la región, lo cual no puede interpretarse en sí como una política migratoria".
A iniciativa de las ONG de apoyo a migrantes en Tijuana, el gobierno de esa ciudad instaló en octubre pasado el Consejo Municipal de Atención a Migrantes, que "representa un avance, pero que depende básicamente de la estructura vertical de la administración municipal (lo encabeza el propio presidente municipal), y está planteado como un organismo de consulta, asesoría y orientación". A diferencia, las ONG propusieron un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con funciones más operativas que consultivas.
El gobierno mexicano, por su parte, "no se decide a combatir las causas estructurales que provocan, entre otros problemas, la emigración masiva hacia el norte, privilegiando los programas de ajuste económico impuestos a México desde el exterior"
Tampoco "ha hecho efectivos los acuerdos signados entre los dos países para evitar las muertes y las violaciones a los derechos humanos de migrantes, y para garantizar la repatriación digna, segura y ordenada de los indocumentados, como acordaron ambos gobiernos desde 1996, mediante la firma del Memorándum de Entendimiento sobre Protección Consular".
Propuestas de las ONG en la frontera
Ante ese panorama, algunas ONG de ambos lados de la frontera, en distintos foros han planteado diversas propuestas; entre ellas, que el gobierno mexicano coloque el tema en la agenda nacional, mediante el concurso de las ONG, de las iglesias, el Congreso de la Unión, los Congresos locales de los estados de origen, de tránsito y receptores de migrantes, las universidades, los medios de información y los partidos políticos.
Asimismo, la participación de las legislaturas de los estados fronterizos en las reuniones entre autoridades y parlamentarios de México y EU, por ser estas entidades las que sufren las consecuencias directas de las estrategias estadunidenses de control fronterizo.
Otras de sus propuestas comprenden la investigación expedita de las quejas, conforme a la alta movilidad de los migrantes, para "evitar con ello el imperio de la impunidad, como sucede hasta ahora"; así como la firma de convenios y acuerdos bilaterales para que los trabajadores migratorios en EU, independientemente de su condición migratoria, gocen de los mismos derechos laborales y sociales que tienen los trabajadores estadunidenses.