MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 2000
* Especialistas: se ha relegado en la ley y en los hechos su participación
Ciudadanos, al margen de las decisiones delegacionales
* Jorge Alcocer y senadores priístas, responsables de las fallas y omisiones de la reforma respectiva
"Una nueva elección nos aproxima al cansancio electoral, aunque no exactamente, pues a ratos uno ve que no hay demasiado interés en la sociedad por estos cambios que se proponen, pero no por el cansancio, sino por el desinterés porque sabe que su opinión no cuenta y que las decisiones se toman en otra parte. En suma, se ha relegado en la ley y en los hechos la participación ciudadana".
Ricardo Olayo * El sinsentido de elegir jefes delegacionales que no tendrán nuevas facultades tiene paternidad en la negativa de la mayoría priísta en el Senado y en la actuación del ex subsecretario de Gobernación Jorge Alcocer, sostiene Ignacio Marván Laborde al hacer el análisis de la situación legal en que iniciarán trabajos los funcionarios en septiembre.
La encomienda popular que recibirán los delegados por medio del voto tiene además la puerta abierta para que se aplique el equivalente federal a un juicio político cuya promoción puede hacer el propio jefe de Gobierno o bien un tercio de los integrantes de la Asamblea Legislativa, es decir al menos 22 diputados.
Ya iniciado este procedimiento la suerte final del jefe delegacional corre a cargo de los diputados sin la participación de sus electores en la demarcación, según lo estipula el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Para Carlos Martínez Asaad y Manuel González Oropeza --estudiosos junto con Marván de la realidad jurídico política del DF-- la reforma que encaminó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es insuficiente y en el caso de la remoción tiene omisiones importantes pues no da derecho al delegado de impugnar lo que resuelvan los diputados y deja de lado la participación ciudadana, que podría estar representada en un cabildo.
La reforma alcanzada para los delegados tampoco prevé la vía de la controversia si se quiere inconformar en la aplicación de una ley, señaló González Oropeza. En su opinión, se trata de "un juego de suma cero: si se le da más (poder) a las delegaciones Ƒde dónde se saca?, pues se le deberá quitar a la jefatura de Gobierno; no hay otra opción".
Una nueva elección, alertó por su parte Martínez Asaad, nos aproxima al "cansancio electoral, aunque no exactamente pues a ratos uno ve que no hay demasiado interés en la sociedad por estos cambios que se proponen, pero no por el cansancio, sino por el desinterés porque sabe que su opinión no cuenta y que las decisiones se toman en otra parte". En suma, se ha relegado en la ley y en los hechos la participación ciudadana.
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Para los tres investigadores el marco legal con que se llega a los comicios de julio, a tres años de distancia de la primera elección de jefe de Gobierno capitalino, requiere de una reforma política que recoja las propuestas que se plantearon en este lapso.
Por separado, expresaron sus consideraciones con respecto a la capacidad de gobierno de los nuevos jefes delegacionales y las tareas pendientes en la reforma política de la ciudad de México. Martínez Asaad observó que uno de los saldos negativos de las actuales disposiciones es que margina la participación ciudadana a tal extremo que hoy nada se sabe de los comités vecinales elegidos el año pasado y de su vinculación con los delegados electos.
A nadie escapa que no se ha llegado al fondo del asunto y que al mismo tiempo se tiende un velo por el alto valor que se da a la elección, dijo. "Vivimos en un país y en un sistema donde se deja todo el peso del concepto democracia a las elecciones, para decir: ahora sí somos un país democrático porque podemos elegir a éste, a éste otro y a todas las autoridades, pero no es cierto, un país es democrático cuando además de las elecciones tiene una cultura democrática internalizada".
Agrega: "vamos a tener delegados paradójicamente muy débiles con mucho poder. Muy débiles a la organización del gobierno central, pero fuertes a la organización de su localidad. No hay mecanismos de vigilancia y de control ciudadano salvo el del jefe de Gobierno; quiero ver el problema que se generará cuando de pronto un delegado sea presionado a renunciar y sea de un partido diferente al jefe de Gobierno".
En este panorama la solicitud de destitución resultará atractiva a los partidos políticos ya sea para desgastar el encargo que sólo durará tres años, la mitad del que dispondrá el jefe de Gobierno, o por inconformidad de los ciudadanos, pues en algunas demarcaciones, el triunfador en la urna el domingo 2 de julio no lo será por la mayoría absoluta de más de 50 por ciento ante la distribución del voto.
"Saldrá barato para las minorías proponer la destitución", indicó Marván, al anticipar un escenario de contienda política en la Asamblea Legislativa. El investigador con licencia del CIDE subrayó que en este procedimiento el ciudadano que votará por su delegados deberá conformarse con ser observador o bien informarse por los medios de comunicación.
Si bien el delegado tiene oportunidad de presentar sus alegatos, también lo es que la ALDF se constituirá como una instancia de definición para cortar el mandato. Otra de las vías del relevo, precisó, se encuentra en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del DF, el cual indica que "en caso de sentencia ejecutoria condenatoria por delito doloso", el juez deberá notificar a la ALDF "para el sólo efecto de que declare la destitución del cargo y nombre al sustituto".
En esta hipótesis, se tendrá que esperar a que el juicio penal se desarrolle y haya una sentencia firme --inatacable en tribunales-- para lo cual pueden pasar algunos años, sobre todo si se trata de un expediente voluminoso. Así que de acuerdo con la ley el delegado puede estar en proceso penal y seguir despachando hasta que acabe el proceso o culmine su periodo de tres años.
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Todas las fallas u omisiones que se observan en la ley tienen un origen. Si bien los partidos políticos tuvieron que aceptar de última hora las modificaciones que introdujo el Senado, por el riesgo de no realizar la elección de delegados, tal como da testimonio el presidente de la Comisión del DF en la Cámara de Diputados, Alejandro Ordorica.
Con sus modificaciones los senadores priístas limitaron diversas facultades que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) habían acordado en la creación de órganos colegiados alrededor de un titular (el cual podría denominarse jefe delegacional) indican las minutas de trabajo y las iniciativas de ley formuladas en octubre del año pasado; aunque los partidos políticos ya no tocaron más estos temas.
Marván informó que hubo sesiones con el subsecretario de Gobernación, funcionario habilitado para proyectar los alcances de los ordenamientos del DF, y de ellas se sabe que fueron diques para llegar a acuerdos y que precisamente el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida, derivó la responsabilidad en Alcocer.
Narra que hubo reuniones de investigadores y estudiosos y que no se advirtió disposición para retomar las propuestas que se habían hecho y posteriormente los senadores priístas detuvieron el proyecto de reforma.
"La ciudad debe funcionar gane quien gane, y eso lo tiene que poner sobre la mesa el PRI, porque si no coinciden las mayorías en los distintos niveles de representación, no se puede caer en la parálisis o la manipulación", declaró en entrevista Marván Laborde, quien es contendiente al Senador en la fórmula cuya cabeza es Demetrio Sodi de la Tijera.
Uno de los actores en aquel proceso de propuestas de reforma en 1999 fue el investigador de la UNAM y ex titular del IFE en el DF, Manuel González Oropeza, quien confirmó que primero en el ámbito local, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se negó a asistir a las mesas de trabajo que promovió el Gobierno del Distrito Federal con los partidos políticos.
En el polo opuesto, el resto de las fuerzas apoyaron cambios de fondo, pero al paso de los meses "las propuestas se perdieron". Le tocó organizar un seminario y una consulta para exponer y someter a consideración todas las propuestas.
Junto al grupo de politólogos que organizaron la consulta acudió a la Cámara de Diputados, con la lideresa del Senado María de los Angeles Moreno, y también a la Asamblea Legislativa. En este último órgano tuvieron mayor recepción, pero al mismo tiempo los diputados locales están limitados por la ley en materia de reformas constitucionales al Estatuto de Gobierno capitalino.
El resultado tras la intervención de la fracción priísta en el Senado "no tiene relación con lo que se propuso, quizá sólo en alguna ley, pero las tesis principales no se tomaron por lo que sigue pendiente una reforma constitucional", destacó.
La legislación "es desafortunada porque no va en el sentido de dar un tratamiento de estado al Distrito Federal. Resulta que ya hay gobierno local, pero no atribuciones plenas y claras y ese esquema se reproduce al nivel de las delegaciones", puntualizó.
Lo negativo es "el espíritu de conservadurismo que hay y que las medidas así son más peligrosas que las decisiones radicales. En mi opinión lo radical sería: que el DF tuviera poderes propios, autonomía y libertad como cualquier estado y con figuras que cada vez serían equivalentes".
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Carlos Martínez Asaad pone énfasis en un renglón que se ha relegado: el de la participación ciudadana. De los legisladores federales priístas que impidieron una mayor transformación, dijo que al no dar mayor peso a la participación ciudadana, "cancelaron una vía formal de integración de los ciudadanos de participar en una forma de gobierno que con sus dificultades tienen ya los municipios".
A él le correspondió en 1995 encabezar la elección de consejeros ciudadanos, ejercicio en que participó un millón de ciudadanos. El camino recorrido viene desde las juntas vecinales a los consejos ciudadanos que desaparecieron luego de ser una figura controvertida porque excluyeron a los partidos políticos para proponer candidatos. Aquella determinación fue criticada por el PAN y el PRD, "y sin embargo, cuando se reforma la Ley de Participación Ciudadana, en 1996, establece de nueva cuenta que los partido no participan", recordó.
A raíz de aquella ley se establecen "los comités vecinales que resulta una figura aún más desafortunada, si pensamos que por ejemplo los consejos de ciudadanos llevaron a las urnas a más de un millón de empadronados, y en el caso de los comités no rebasó los 100 mil votantes".
Ahí hay un ejemplo de la clara atención que le dan las autoridades a la participación ciudadana, pues en este gobierno se suspenden los consejos ciudadanos, evidentemente tras una negociación política y luego se proponen los comités vecinales, pero para elegirlos no se cumplieron los plazos y se pospusieron los comicios en dos o tres ocasiones, indicó.
Ahora, de los comités en vigencia "se sabe muy poco, tienen menos peso ante la ley de los consejos ciudadanos que al menos conocían el programa operativo anual y tenían reuniones mensuales para orientar y sancionar las acciones".
En cualquier caso, se requieren "programas de pedagogía ciudadana que aunque se han mencionado nunca se han puesto en práctica y sería importante, pues estamos en una situación difícil de aprender a ser ciudadanos, porque no sabemos cómo intervenir para que haya menos contaminación, para que el agua no se desperdicie tanto, para que los órganos administrativos funcionen bien".
El plebiscito y otras formas de consulta las considera a medio camino, porque se utilizan para avalar o legitimar una figura política o decisión administrativa, pero no es la oportunidad para actuar constantemente en los problemas más urgentes de las colonias, apuntó.