VIERNES 23 DE JUNIO DE 2000
* La PGR ofrece disculpas y se compromete a resarcir los daños
Investigan abusos policiacos en el cateo a la casa del cónsul honorario de Suecia
* Libre, la mujer arrestada en el operativo de Tijuana
Jorge Alberto Cornejo y Víctor Guerra, corresponsales * La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California liberó la noche del miércoles a la mujer detenida durante el infructuoso operativo realizado en dos residencias de la ciudad de Tijuana, que tenía como objetivo la detención de los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, jefes de un cártel de drogas.
La dependencia indicó que Patricia Ivone Navarro Agúndez, sin embargo, rindió declaración ante el Ministerio Público Federal y que el inmueble en el que se le ubicó, en la calle Ottawa del fraccionamiento Paraíso, quedó asegurado por la PGR.
La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) abrió una línea de investigación para establecer una posible relación de las propiedades cateadas ųincluida la del cónsul honorario de Suecia, Rodolfo González Salazarų con la organización de los Arellano Félix, en virtud de que "coincidentemente" cuenta con testimonial de averiguación previa de que dicha residencia fue enajenada por una familia de apellido González a Ramón Arellano.
Asimismo, la Contraloría Interna de la PGR abrió una investigación respecto de las denuncias sobre abusos cometidos por los policías que participaron en los cateos, a fin de deslindar responsabilidades.
Las dos familias afectadas presentaron denuncias penales, que ya fueron ratificadas, por los delitos que resulten contra los militares y civiles que participaron en las acciones durante la madrugada de ayer.
Al referirse a estos hechos, el gobernador Alejandro González Alcocer dijo que el operativo fue un atropello para las familias bajacalifornianas, y los responsables deberán asumir las consecuencias.
En tanto, el procurador de Justicia estatal, Juan Manuel Salazar Pimentel, se refirió a las acciones de la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional como "actos de barbarie", y solicitó a ambas dependencias que identifiquen a los agentes que participaron en los operativos a fin de deslindar responsabilidades.
Este jueves la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana entregó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, una copia de las quejas de las familias afectadas, por lo que designó a un visitador especial para revisar el caso.
Interviene la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una queja de oficio por violaciones a las garantías fundamentales de los familiares del cónsul honorario de Suecia en México, Rodolfo González Salazar, y de los integrantes de la familia Moreno Navarro, cometidos por efectivos del Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República durante dos cateos realizados la madrugada del miércoles en Tijuana.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, se entrevistó ayer con el diplomático en su domicilio y fue informado de la intimidación y amenazas contra sus hijos, su sobrina y empleados domésticos.
En un comunicado, el organismo señala que "no es función de la CNDH otorgar o quitar a nadie cartas de buena conducta, sin embargo, como toda intervención policiaca, ésta debió hacerse con pleno apego y respeto a los derechos humanos".
Declaran siete detenidos en Sinaloa
En Sinaloa, seis hombres y una mujer que fueron detenidos en el aseguramiento de cinco fincas de las que presuntamente es propietario Ismael Zambada García, El Mayel ųcateadas por personal del Ejército y de la PGRų, declararon esta mañana ante el Ministerio Público Federal adscrito a la delegación estatal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (Feads), con sede en Mazatlán.
Las comparecencias han ocurrido en un hermetismo total, al grado de que sólo se han filtrado cuatro nombres de los siete sujetos arrestados en los operativos contra el presunto jefe del cártel de Sinaloa. Ellos son: Jaime Beltrán Chávez, Marco Antonio Chávez, Leticia Ortiz Hernández y Victorio Sánchez Peña.
La mujer y Sánchez Peña son señalados como los principales prestanombres de El Mayo, quien supuestamente tiene toda una red de negocios lícitos donde se lava el dinero obtenido en las transaciones de venta de drogas en Estados Unidos.
Mientras, los soldados resguardan las fincas El Sauce y El Rancho, ubicados en la sindicatura de Quilá, Puerto Rico, a unos 2 kilómetros de la carretera Quilá-El Salado, y dos ranchos cercanos a los otros tres que sería propiedad del jefe del cártel de Sinaloa.
* Atribuye las acciones a agentes de la UEDO * Las pesquisas estaban relacionadas con la captura de los Arellano Félix
José Galán * Veinticuatro horas después de la fallida incursión a la residencia del cónsul honorario de Suecia en Tijuana, Baja California, y cuya entrada fue franqueada con explosivos, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una disculpa pública y "lamentó" los inconvenientes provocados por el operativo, al tiempo que se comprometió a resarcir los daños ocasionados.
Además, la PGR informó que la contraloría interna realizará la investigación sobre los excesos policiacos denunciados tanto por el cónsul honorario de Suecia, Rodolfo González Salazar, como por los propietarios de otra residencia donde también se efectúo un cateo sin resultado alguno.
A pesar de que los primeros testimonios atribuyeron ambas acciones a agentes de la fiscalía antidrogas de la PGR, la dependencia atribuyó la responsabilidad de las acciones a agentes adscritos a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), quienes iban respaldados por elementos del Ejército Mexicano.
La PGR informó que dichos operativos fallidos estaban relacionados con las indagaciones que realiza en Tijuana, Baja California, para lograr la captura de los hermanos Arellano Félix y de miembros de su organización delictiva, que se intensificaron a raíz de los homicidios de los funcionarios José Luis Patiño Moreno, Oscar Pompa Plaza y el capitán Rafael Torres Bernal, ocurridos el pasado 10 de abril en un tramo de la carretera conocida como La Rumorosa.
Explicó que el Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo datos de algunos inmuebles de Tijuana que eran utilizados por el cártel de los Arellano Félix como puntos de reunión, entre ellos los ubicados en la calle Ottawa 12541, colonia El Paraíso, y en la calle Ensenada 2000-701, entre las calles Dinamarca y España, donde se informó de la presencia de un convoy de automóviles con personas armadas.
Por ello, la noche del 20 de junio elementos de la UEDO fueron alertados y se solicitaron órdenes de cateo al MPF que las obsequió, así como la comisión de peritos en diversas materias. Como respaldo se pidió la ayuda de elementos del Ejército Mexicano.
Para entrar a las residencias se dinamitaron los accesos y los agentes federales y efectivos militares ingresaron a los domicilios. Para su sorpresa, sólo había mujeres y niños inocentes en ellos. Sin embargo, de acuerdo con los informes recabados, eso no les impidió amedrentarlos apuntando sus armas de fuego directamente a la cabeza de los menores.
La PGR argumenta que existe una posible relación de las propiedades mencionadas con el grupo de los Arellano Félix, por lo que la residencia de la calle Ottawa fue asegurada, mientras que la casa del cónsul honorario de Suecia se entregó a sus dueños sin mayores explicaciones.