VIERNES 23 DE JUNIO DE 2000
* Pide que sea retirado de su cargo y procesado
La Sección Instructora dice que Espinosa puede ser desaforado
* Hasta la próxima legislatura se definiría la situación del funcionario
Ciro Pérez * El secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, perdió ayer una histórica batalla en San Lázaro. Por mayoría de votos (3-1), la Sección Instructora determinó que en la denuncia presentada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se encuentran acreditados los elementos materiales del delito de peculado y la presunta responsabilidad del funcionario, por lo que "procede retirarle el fuero constitucional y permitir con ello la acción de la justicia en su contra".
Luego de rechazar también por mayoría el proyecto de dictamen presentado por el priísta Miguel Quirós Pérez, en el que se exculpa a Espinosa Villarreal, la Sección Instructora aprobó un nuevo documento elaborado por el presidente de ese grupo de trabajo, el panista Juan Marcos Gutiérrez, en el que se pide, además, la inmediata separación del cargo al funcionario y sea sujeto, por tanto, a la jurisdicción de los tribunales competentes.
Este es el primer paso para que el funcionario responda ante un juez por el peculado por 420 millones de pesos que habría cometido como jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF), pues se requiere que el dictamen aprobado ayer sea puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para definir la situación del titular de Turismo.
La Sección Instructora ayer mismo entregó el documento al presidente de la mesa directiva de la Cámara, el panista Francisco José Paoli Bolio, quien tendrá que solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el periodo extraordinario respectivo. Según los legisladores que aprobaron el dictamen, es poco probable que la mayoría priísta en la Comisión Permanente apruebe un periodo extraordinario, por lo que se prevé que la suerte de Espinosa se defina en la próxima legislatura, que inicia en septiembre.
De acuerdo con el dictamen del panista, "Espinosa autorizó la no comprobación legal del gasto de la partida 3605; el oficial mayor, Manuel Merino, recibió por esa vía hasta 420 millones de pesos y los ingresó en cuentas encubiertas a nombre de la Oficialía Mayor. De ahí los egresó con destino desconocido aunque su obligación era comprobar legalmente la aplicación de esos fondos y, además, devolvió 134 millones de pesos en depósitos en efectivo y cheques de cuentas distintas a las que eran supuestamente de la Oficialía Mayor.
"Ello prueba que el dinero se distrajo al no ser comprobado su gasto y, además, beneficiándose presumiblemente a sí o a terceros, durante el tiempo que lo retuvo en cuentas que no eran propias del entonces DDF".
Oscar no es un ángel: Quirós Pérez
En su oportunidad el representante del PRI en la Sección Instructora consideró que a pesar de encontrarnos a una semana de las elecciones no habría para su partido ningún costo político por la declaración de procedencia contra el funcionario.
"Creo que la ciudadanía está hasta el mismísimo gorro de muchas cosas, de esa campaña política que ha privado de parte de la oposición, de la descalificación, el ataque, la personificación en el cuestionamiento y las argumentaciones por lo que hace a la propuesta y al proyecto de nación que han quedado relegados. Solamente el candidato Labastida lo ha hecho con seriedad y probablemente algún otro candidato, pero no el de la derecha. Un elemento más, un pelo más al gato no creo que tenga para nadie mayor relevancia. Sí considero que queda mal el Poder Legislativo a través de una disposición, de un acuerdo que va a ser necesariamente combatido tratando de mostrar su ilegalidad", aseguró el priísta.
En corto, admitió que Espinosa "no es un ángel caído del cielo", pero aseguró que el proyecto de dictamen que aprobaron los opositores "no procede".
Conforme a los legisladores del PAN, Juan Marcos Gutiérrez; del PT, Ricardo Cantú, y del PRD, Alvaro Arceo Corcuera, se acreditaron los elementos necesarios del delito así como la presunta responsabilidad de Espinosa Villarreal, quien además de desempeñarse como jefe del DDF y secretario de Turismo, tuvo un papel relevante en las campañas presidenciales de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo.
Detallaron que el oficio del 5 de enero de 1995, firmado por Oscar Espinosa, es "ilegal", porque ordena erogar la partida 3605 pidiendo como único requisito que el oficial mayor expidiera un recibo simple. Contra éste se expidieron a su vez las "cuentas por liquidar certificadas", que son el requisito inmediato y previo para egresar en forma definitiva un gasto. Los legisladores sostienen que no se puede pretender que se trate de una "ministración o transferencia" de recursos a gastos por comprobar, "porque eso no se hace a través de una cuenta por liquidar certificada, según la ley".
Sostienen que las cuentas por liquidar certificadas se autorizaron y se expidieron por diversas cantidades que suman 420 millones de pesos, teniendo como receptor de manera personal al oficial mayor, Manuel Merino, con la autorización expresa de Espinosa. El dinero ingresó a diversas cuentas de Bancomer, Inverlat y Banpaís, a nombre de la Oficialía Mayor teniendo Merino capacidad de egresar el dinero de dichas cuentas sin requisito mayor que su firma o la de su jefe de Recursos Materiales.
"Existen constancias en autos de que en dichas cuentas ingresó y egresó dinero el mismo día y en cantidades de hasta 10 millones de pesos sin mayor comprobación. No existe comprobación de la totalidad del gasto, ni tampoco de las parcialidades en que los cheques fueron entregados conforme a las cuentas por liquidar certificadas".
Los legisladores explicaron que no se trata de fondo revolvente alguno o de gastos por comprobar, puesto que ello no es posible conforme a la legislación financiera, a través de la autorización y expedición de las cuentas por liquidar certificadas, mismas que califican la validez de un pago hecho en definitiva, "mucho menos por los montos a que hemos hecho referencia".
Antes de iniciarse la reunión de la Sección Instructora, el responsable del primer proyecto de dictamen, Miguel Quirós Pérez, pidió que se permitiera llamar a comparecer al ex funcionario del gobierno capitalino, Jesús González Schmal, a efecto de que respondiera sobre el expediente D27, que forma parte del anexo 23 del acta de entrega que firmaron Merino García y González Schmal, petición que fue denegada por los legisladores opositores.
De acuerdo con ellos, el anexo 23 del acta de entrega-recepción ųque no aparece por ningún ladoų "no acredita de ninguna manera ser el contenedor legalmente idóneo de documentación comprobatoria alguna, ya que conforme al acta en cita, dicho anexo es la relación de los documentos que se encontraban supuestamente en los archivos de la Oficialía Mayor en ese momento. Sin embargo, sí se encontraron en la secretaría de Finanzas las cuentas por cobrar certificadas, correspondientes a las erogaciones de la partida 3605 que nos ocupa, y a las cuales sólo les corre agregado el recibo simple que autorizó Espinosa Villarreal, contraviniendo el código financiero", aseguraron.
Entre los elementos de análisis que motivaron la decisión de remover el fuero constitucional a Espinosa, consta la devolución de 134 millones de pesos de dinero recibido ųpresuntamente gastado y comprobadoų que al final resultó como "aparentemente no gastado". Dichos recursos ingresaron a las cuentas de la Oficialía Mayor, tratando de aparentar que el dinero permanecía dentro del patrimonio del DDF y que de allí egresaron. "Tan es así, que la devolución no proviene, como sería de suponerse, de las cuentas oficiales sino de depósitos en efectivo".
Según Quirós, uno de los argumentos torales del proyecto de dictamen rechazado, consiste en afirmar que los documentos comprobatorios del correcto ejercicio del presupuesto de egresos del entonces DDF por lo que hace a la partida 3605, existía en el expediente D27 que forma parte del desaparecido anexo 23 del acta de entrega que firmaron Merino y González Schmal.
Según el priísta, el expediente ha sido negado por las autoridades del DDF, "ya que echaría por tierra toda la acusación no solamente contra Merino, sino contra Espinosa, a quien acusan de haber actuado en complicidad con el primero". Sostuvo que el desafuero de Espinosa responde a intereses de corto plazo por las elecciones del 2 de julio.