CAZADORES DE CABEZAS CON RESPALDO OFICIAL

Rancheros racistas de Arizona y California se organizan cotidianamente para cazar alien invaders (la literatura y el cine amarillistas utilizan el término alien -"foráneo", "alienígena"- para estigmatizar las posibles invasiones de extraterrestres). Esta locura, en un país en el que un buen porcentaje de la población cree efectivamente en este tipo de invasiones, es particularmente peligrosa porque cuenta con la protección de la poderosa extrema derecha que, como el ex senador republicano y actual candidato presidencial por el Partido de la Reforma, Pat Buchanan, prohíja las actividades criminales de ese grupo xenófobo.

Estos modernos cazadores de cabezas enfrentan armas en mano una creciente tendencia de centenares de miles de trabajadores mexicanos y centroamericanos a encontrar la posibilidad de una vida mejor en la emigración, hacia el mercado de trabajo donde sus brazos se cotizan más que en sus países de origen. Aquellos criminales potenciales descienden, por supuesto, de inmigrantes, están convencidos que su país es mejor que los otros y no se cansan de proclamarlo, pero pretenden impedir a tiros que quienes creen en sus afirmaciones busquen a su vez compartir el sueño americano y el Destino manifiesto, como lo hicieron sus antepasados.

Dado que su violencia no es sólo verbal y no se limitan a expresar su racismo y su ignorancia, sino que se organizan ilegalmente para cazar personas, deberían ser perseguidos por la ley. Pero no es así, ya que las autoridades locales comparten la xenofobia de esos energúmenos y consideran que no hay "elementos suficientes" para iniciar una acción penal, a pesar de los panfletos en los cuales aquéllos incitan a organizar la cacería "para reafirmar la soberanía". Es más, los incitadores a cometer delitos se reúnen públicamente en edificios fede- rales y organizan sus cacerías de seres humanos con comidas, bebidas, estacionamiento gratis y diversiones, como ofrecen en su propaganda.

La cobertura oficial que reciben va más allá, porque la ofensiva militar y policial de ambos lados de la frontera mexicano-estadunidense coloca a las víctimas -los emigrantes- de la política expulsora de mano de obra en México y de la oferta en el mercado de trabajo de Estados Unidos como si fueran criminales. Eso hace que el proteccionismo contra una mercancía peculiar -la fuerza de trabajo- se ejerza con las armas y contra los seres humanos que personifican a aquélla.

Ahora bien, como estos hechos demuestran que la negación de la humanidad de los trabajadores que explotaban y explotan (hasta hace pocos decenios en el caso de los negros, ahora en el de los inmigrantes) está enraizada en la parte más sucia y oscura de la cultura estadunidense, es deber de las autoridades nacionales mexicanas y del gobierno federal estadunidense combatir, castigar, erradicar el racismo, la xenofobia, los linchamientos, la organización para delinquir, y garantizar los derechos humanos de las víctimas de las políticas neoliberales que ellas promueven.