MARTES 27 DE JUNIO DE 2000

* Juan Moreno Pérez *

Las listas del Fobaproa

Durante el último debate entre los candidatos a la Presidencia, Vicente Fox, en un acto espectacular, dio a conocer las claves de acceso a las listas del Fobaproa que estaban en poder del PAN y del Partido Verde Ecologista. Días después, Cuauhtémoc Cárdenas hizo públicas las claves que tenían el PRD y el PT. Entonces, Fox empezó a declarar que no tenía nada que esconder, y que si las famosas listas se conocían, sería gracias a él.

Con acciones como la comentada, Fox trata de disimular que es uno de los beneficiarios del Fobaproa y que su partido, el PAN, ha sido y continúa siendo un aliado del gobierno en la consumación y el encubrimiento de ese atentado contra la economía del pueblo mexicano. Esa postura se probó una vez más el 21 de junio, durante la sesión de la Comisión Investigadora del IPAB, cuando los diputados panistas Fauzi Handam y Edgar Ramírez votaron del lado del PRI, para descartar la posible contratación de especialistas que permitan abrir el archivo que contiene los nombres de los beneficiarios del Fobaproa.

Veamos primero de dónde salen las famosas listas del Fobaproa.

A principios de 1995, el sistema bancario estuvo a punto de quebrar. Aunque la intervención gubernamental fue correcta, la forma en que se efectuó el rescate bancario no lo fue. Como dije en mi artículo "El gran desfalco de Serfin" (La Jornada, 24/05/00), el gobierno debió haber removido a los funcionarios involucrados en la gestación del problema; dar a conocer reglas generales para el uso de recursos públicos; y cuidar que dichas reglas tuvieran los incentivos de mercado correctos, evitando que el rescate incluyera el pernicioso riesgo moral.

El gobierno hizo todo lo contrario. Mientras que los deudores normales, verdaderas víctimas de la crisis, fueron presionados para que cumplieran con las leoninas condiciones impuestas por los bancos; a los banqueros que se habían otorgado autopréstamos, y a los grandes deudores asociados a los banqueros o relacionados con autoridades gubernamentales, se les dio un trato preferencial.

Para hacer lo anterior, el gobierno utilizó de manera ilegal el Fobaproa. Ese tipo de rescate propició todo tipo de abusos y llevó a que el costo fiscal se incrementara de manera alarmante. La denuncia que en julio de 1998 hizo el PRD del atraco al pueblo mexicano, dio inicio al debate nacional sobre el Fobaproa. Fue entonces cuando la Cámara de Diputados contrató al consultor canadiense Michael Mackey, para realizar una auditoría al Fobaproa. Esta no se pudo efectuar, debido a que el gobierno, con la complicidad del PAN, legalizó el Fobaproa en diciembre de ese año, cuando Mackey apenas empezaba su trabajo. Después, las autoridades se encargaron de limitar la información que podía revisar ese consultor.

Cuando Mackey entregó su informe, en julio de 1999, declaró que no se trataba de la esperada auditoría, sino sólo de un examen de la información que le habían permitido revisar las autoridades. Como anexo, entregó una lista de operaciones denominadas "reportables", es decir, irregulares, las cuales recomendó revisar. Por decisión del PRI y del PAN, el archivo con esas operaciones fue encriptado, utilizando cinco claves de acceso, una en poder de cada partido, impidiendo que los diputados pudieran conocer el resultado de la investigación, a menos que hubiera un consenso absoluto.

El archivo entregado por Mackey incluye un listado de 2 mil 407 créditos, por un monto de 73 mil 775 millones de pesos, a valor de la fecha en que Fobaproa los adquirió. Como señalé en mi artículo "Las operaciones del Fobaproa" (La Jornada, 4/04/00), de esos créditos, sólo 219 concentran 82 por ciento del valor total, existiendo un solo crédito por un insólito monto de 8 mil 177 millones de pesos, otorgado por Banca Confia a alguien relacionado con los banqueros.

Las famosas listas del Fobaproa, incluidas en el archivo entregado por Mackey, no incluyen los nombres de todos los beneficiarios del desfalco del Fobaproa, ya que la información a que tuvo acceso el consultor fue cuidadosamente seleccionada por las autoridades. Por ejemplo, las principales operaciones que permitieron el saqueo de Serfin no pudieron ser revisadas por Mackey. A pesar de ello, es posible que la citada lista contenga los nombres de algunos de los principales beneficiarios del Fobaproa.

El archivo se encuentra ahora en manos de la comisión encargada por la Cámara de Diputados para investigar el funcionamiento del IPAB. Bastaría con que el PRI diera a conocer la clave faltante, para que los diputados conocieran la famosa lista. Pero, ante la reiterada negativa de ese partido, sólo quedaba como alternativa, si realmente se quería conocer el contenido del archivo, acudir a algunos de los especialistas conocidos como hackers. Para ello, hubiera bastado con el voto favorable de los diputados del PRD y del PAN en la comisión.

Sin embargo, los citados diputados panistas Handam y Ramírez volvieron a actuar exactamente como lo ha hecho su candidato Vicente Fox, diciendo una cosa y haciendo otra. En la pasada reunión de la citada comisión, efectuada el 21 de junio, los panistas se plegaron descaradamente a la propuesta del PRI para descartar la posible contratación de especialistas, cerrando la posibilidad de que las famosas listas del Fobaproa finalmente se conozcan.