* Violó la ley al investigar el financiamiento del PRI, dicen diputados

Piden juicio político contra el procurador de NL

* Los legisladores panistas se negaron a crear una comisión especial * El caso, a la congeladora

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 28 de junio * El PRI exigió ante la 68 Legislatura local que se inicie un juicio político contra el procurador José Santos González Suárez, a quien acusó de violar la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, por investigar al Revolucionario Institucional en materia de financiamientos indebidos, siendo que ese tipo de hechos son competencia de la Comisión Estatal Electoral.

Oscar Adame Garza, coordinador de la bancada del tricolor, se quejó de que "la fracción mayoritaria del PAN envió el caso a la congeladora", ya que rechazó el nombramiento de una comisión especial que diera celeridad al estudio y dictamen del asunto, que finalmente se turnó a la Comisión de Justicia, que preside la panista Fany Arellanes Cervantes.

A su vez, Salvador Benítez Lozano, representante jurídico del PRI estatal, dijo que la denuncia se basa en los "ataques a las instituciones democráticas" en que habría incurrido el procurador, quien "no tiene competencia para realizar investigaciones ni perseguir a partidos políticos".

Agregó que durante los últimos meses, González Suárez se ha dedicado a agredir al PRI, buscando que se desequilibre la competencia en las próximas elecciones.

Para el representante jurídico del tricolor, se debe someter a juicio político a González Suárez, por "la forma en que ha atacado públicamente PRI, influyendo al electorado (...) alejándose de su función procuradora de justicia, para constituirse en un órgano de gobierno que ha violentado el principio de equidad" en las elecciones.

Por otro lado, María Elena López Pérez, que trabajó como empleada doméstica del ex tesorero Xavier Doria González, acusó al gobierno panista de no cumplir con la entrega de una casa, como recompensa por declarar contra su anterior patrón, quien depositó millonarios recursos desviados del erario a nombre de la quejosa, sin consentimiento de ésta.

Según López Pérez, funcionarios de Fomerrey ųorganismo estatal que promueve la vivienda popularų le han exigido que desaloje la casa que le prestaron hace seis meses, y que pague 10 mil pesos como enganche para ser reubicada en otro sitio.