JUEVES 29 DE JUNIO DE 2000
* El caso es estatal, no federal, dicen autoridades
Descarta la justicia de EU actuar contra rancheros de Arizona
* Exigen activistas de derechos humanos parar militarización en la zona
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 28 de junio * El Departamento de Justicia de Estados Unidos no puede tomar acción legal contra los rancheros de Arizona que han detenido por la fuerza a inmigrantes en la región fronteriza, informó la dependencia a una delegación de abogados y activistas de derechos humanos de Arizona, pero éstos indicaron que continuarán presionando a favor de que se tome una acción legal contra los rancheros.
La delegación encabezada por Isabel García y el abogado Jesús Romo llegó a Washington esta semana para advertirle al gobierno de William Clinton que la política migratoria actual resultará en más muertes en la frontera y para pedir un alto a la militarización de la región. ''No es solución enviar más agentes de la Patrulla Fronteriza a la zona'', dijo García, integrante del Proyecto de Derechos Fronterizos de Arizona.
Con todo, los activistas reconocieron que los líderes políticos de Arizona, así como los de esta capital, parecen estar convencidos de que la solución a la crisis migratoria en ese estado es enviar más agentes de seguridad pública a la zona. Larry A. Dever, sheriff de uno de los condados fronterizos de Arizona, señaló en una declaración preparada para el Senado que entre uno y 3 millones de inmigrantes cruzaron la frontera de México a Arizona el último año, y exigió el envío de más agentes federales a esa zona.
El senador por Arizona, Jon Kyl, pidió esta semana un financiamiento de emergencia para incrementar los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza en su estado. También el representante de Arizona, Jim Kolbe, presentó hace unos días un proyecto de ley que propone que el gobierno federal realice una evaluación masiva de sus fracasadas políticas migratorias y desarrolle alternativas al programa actual.
El primer paso de un cambio en la política migratoria, afirmó el abogado Jesús Romo, es poner fin a los abusos contra los derechos humanos de los inmigrantes. Romo entregó este miércoles un documento legal al subprocurador general asistente, Stuart Ishman, en el que detalla lo que calificó como ''más de 100'' casos de violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes a manos de rancheros y otros residentes del sur de Arizona.
''Hemos presentado estos casos ante los fiscales del gobierno en Arizona y no han hecho nada'', dijo Romo en entrevista. ''Esas personas que están violando los derechos civiles deben ser sancionadas''.
Pero según Isabel García, los funcionarios del Departamento de Justicia con los que se entrevistó la delegación esta tarde, indicaron que la primera responsabilidad para fiscalizar estos casos de derechos civiles y humanos corresponde a los funcionarios estatales que se han negado a actuar. Aunque técnicamente el gobierno federal puede intervenir si los funcionarios locales no toman acciones debidas, funcionarios del Departamento de Justicia informaron a García y Romo hoy que no consideran tomar parte en este asunto a nivel federal.
''Por lo que hemos escuchado, no tienen la voluntad de tomar alguna acción'', comentó García a La Jornada después de su reunión con funcionarios del Departamento de Justicia. La defensora de derechos humanos, quien vive en Tucson, dijo que la delegación que viajó desde Arizona hasta esta capital también solicitó el apoyo de Irene Bueno, una alta funcionaria de la Casa Blanca, para intervenir y detener el despliegue de más agentes de la Patrulla Fronteriza en la conflictiva zona. La funcionaria de la Casa Blanca sólo informó que no hay planes para cambiar la actual política migratoria.
El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (American Friends Service Committee, organización de acción social de los cuáqueros) organizó el viaje de la delegación de ocho defensores de inmigrantes de Arizona que llegaron a esta capital para instar al gobierno federal a examinar la situación económica que está al fondo de la crisis en la frontera.
Pidieron a funcionarios y legisladores de Washington viajar a Arizona para observar la situación de primera mano. Además, los activistas declararon respaldar el llamado de la central obrera AFL-CIO de una nueva amnistía general para los trabajadores indocumentados en este país.
Los funcionarios del Departamento de Justicia indicaron que intentarán organizar una serie de foros públicos en la región de Arizona para ayudar a que los diversos grupos de la comunidad aborden estos asuntos. Pero para Isabel García, sus dos días de reuniones en Washington sirvieron para convencerla de que las autoridades federales no están preparadas para resolver los problemas que se les presentaron. "Fue bueno el que se les haya obligado a escucharnos y prometernos más reuniones... Pero no tienen la voluntad de entrar en acción", admitió.