VIERNES 30 DE JUNIO DE 2000
* Pablo González Casanova *
ƑAdónde va México?/ y IV
(El país en crisis y la bifurcación inminente)
No cabe duda que el futuro se va a decidir en una lucha cuyo final es incierto. En la coyuntura del año 2000 se da una acumulación de tendencias cuyo desenlace parece inminente e implica un punto de quiebre hacia un autoritarismo exacerbado o hacia una auténtica democratización. La crisis es múltiple y aparece de distintos modos: como crisis de autoridad y de poder, como crisis de políticas que llevaron al empobrecimiento económico-social y a la pérdida de autonomía y soberanía del Estado, y como presión para que se sigan aplicando esas mismas políticas privatizadoras y desnacionalizadoras a cualquier precio y por cualquier medio, incluidos los que sirvieron para derrocar a los regímenes constitucionales del ex Tercer Mundo en la década de los sesenta y principios de los setenta. No puede así descartarse el que en un plazo relativamente corto se pase de la desestabilización inducida por un propósito predominante de lucro financiero a una desestabilización que abiertamente busque imponer un "régimen de excepción".
El desenlace se dará en condiciones distintas a las que prevalecían cuando las guerrillas y guerras revolucionarias sucedieron a la Revolución Cubana y a menudo coincidieron con la agudización de las presiones del bloque soviético y de los países árabes contra el dominio de Estados Unidos, Europa y Japón. La desestabilización deliberada y posible, más que parte de una estrategia contrainsurgente, sería hoy parte de una política de globalización que reestructura al colonialismo en el mundo entero, incluso en las fronteras del imperio. Se daría para imponer, por la fuerza, la privatización y desnacionalización del país, y para detener el avance incontenible de las corrientes democráticas que plantean una política económica y social alternativa y un auténtico proyecto de democracia. La ruptura del orden constitucional se daría --incluso con la apariencia de respetar ese orden-- ante la imposibilidad de controlar institucionalmente al Congreso, a los partidos y a los movimientos ciudadanos y sociales. Se daría igualmente para controlar a la nación empobrecida mediante un reposicionamiento a lo largo de su territorio de las fuerzas policiaco-militares que quedarían a la cabeza del poder efectivo del Estado y del control de la población. Por supuesto serviría también para asegurar los procesos de privatización y desnacionalización a costa de los territorios públicos, comunales, de las pequeñas propiedades que se hallan en posesión de los pueblos indios y no indios. El carácter autoritario y represivo del régimen se legitimaría con un sistema político electoral simulado. También buscaría legitimarse con la persecución creciente y selectiva de la delincuencia organizada y no organizada, y "criminalizaría" a todos los opositores cívicos y políticos que sea necesario.
La posibilidad de que en la bifurcación, México siga ese camino, no puede descartarse. Para crecientes círculos dominantes las protestas sociales y los movimientos de resistencia legal y de acciones directas exigen una política firme en defensa del orden establecido. Esa es la única alternativa en que creen elites y oligarquías: mediante una profecía autorrealizada cierran todos los caminos pacíficos y políticos a los movimientos populares, y claman por el orden que asegure sus privilegios.
El problema ya es grave. Los políticos más conservadores del gobierno y la oposición ven actos subversivos y delictuosos en cualquier movimiento de protesta urbana o rural, y acusan a sus líderes --estudiantes, profesores, obreros, indios-- de ser los causantes de las movilizaciones de masas, sin aceptar que éstas manifiesten su inconformidad por la grave situación a que las ha llevado la política neoliberal, un argumento por cierto que ni siquiera atienden y al que descartan como explicación poco seria. Su lógica ultra-conservadora los lleva a sostener que "la violencia legal" es la mejor forma de resolver los problemas sociales. Por supuesto muchos no dejan de justificar y organizar "las operaciones encubiertas" como eufemísticamente llaman a los crímenes de Estado. El peor escenario imaginable es que la bifurcación tome el camino de la vieja y la nueva ultraderecha mexicana. No necesariamente va a ocurrir, aunque en lógica de probabilidades parece indispensable hacer todo lo que se pueda para alejar semejante peligro.
En la larga crisis ha sido notable la actitud pacífica del pueblo mexicano, su inquebrantable oposición a cualquier acto terrorista, su movilización multitudinaria en favor de las políticas de paz, su creciente conciencia de lo que ocurre en una historia imprevista, en que originalmente creyó luchar contra los males del populismo dejando hacer o incluyo apoyando al neoliberalismo. Ahora gran parte de ese pueblo ve con claridad que la política neoliberal no llevó a un régimen más democrático y más justo, sino a uno más inequitativo, excluyente y represivo con libertades sumamente limitadas que la ruptura del orden constitucional anularía en forma aun más violenta e injusta. Su lucha, pues, tiene que orientarse hacia la construcción de una fuerza de paz con democracia que desde la sociedad civil presione para que la sociedad política imponga una política alternativa.
Esa política tiene que distinguirse del populismo nacionalista de los años treinta, del populismo de derecha del Partido Acción Nacional que quiere encabezar la herencia conservadora de la historia de México y combinarla con las luchas populares y cívicas que vienen del movimiento democrático-liberador representado por Heberto Castillo, del movimiento cívico representado por el doctor Salvador Nava, del movimiento contra los desaparecidos políticos representado por Rosario Ibarra de Piedra. Como alternativa al neoliberalismo priísta y a sus recientes y vagas versiones de "neoliberalismo-social" el movimiento alternativo tiene que enarbolar un proyecto democrático de participación y representación popular, y de respeto al pluralismo religioso, ideológico y político, un proyecto de paz con democracia y con justicia social que construya las redes del desarrollo y del poder desde la sociedad civil y con la sociedad política.
La verdadera alternativa se dará entre las fuerzas que reconozcan la crisis terminal del neoliberalismo y construyan políticas y fuerzas democráticas en distintos niveles. Entre las medidas urgentes a concertar y consolidar se encuentran el alto a la salida policiaco-militar de los problemas sociales, y el apoyo a las alianzas políticas de los partidos que se comprometan con los movimientos sociales para tomar medidas concretas. En el primer terreno se encuentra el apoyo a la desmilitarización y la paz en Chiapas y el apoyo a la "Alianza por Chiapas" en que postula como candidato a gobernador a Pablo Salazar con el apoyo del PRD y del PAN, así como de una amplia gama de fuerzas democráticas. En el segundo terreno se encuentra un programa mínimo de medidas concretas contra la privatización escalonada o definitiva de la electricidad, del petróleo, y por un proyecto de recuperación de nuestra soberanía para la toma de decisiones en el desarrollo económico-social: ese programa mínimo no sólo requerirá la renegociación del TLC y de la deuda externa, sino el impulso a empresas sociales y públicas de producción de artículos y de prestación de servicios de primera necesidad. Exigirá una reforma fiscal para un sistema tributario menos inequitativo y más moderno, que empiece por anular tributos como el Fobaproa-IPAB; el establecimiento de sistemas democráticos de auditorías autónomas y públicas para el control de la corrupción; la organización de un Estado democrático pluriétnico con reconocimiento de derechos a los pueblos indios y de la autonomía a los gobiernos democráticos locales, municipales, regionales, estatales; la reestructuración del sector público con los recursos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación desde sus niveles elementales hasta los universitarios y superiores; la reestructuración de la salud pública, de la seguridad social, y del mercado interno para aumentar las fuentes de trabajo profesional, calificado y no calificado con fines sociales. El nuevo proyecto, concertado y democrático, tendría que estructurar un nuevo equilibrio de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) que acabe con el presidencialismo sin disminuir la capacidad ejecutiva de la sociedad y el Estado. Su realización supone el acuerdo inmediato de un respeto claro tanto al proceso electoral como a sus resultados. Con dos de los tres grandes partidos que lo avalen, la gobernabilidad democrática quedaría fortalecida para las elecciones y en el periodo poselectoral.
En el corto plazo la sucesión presidencial plantea la posibilidad de un verdadero voto útil, que escape a la falsa alternativa neoliberal por la que se supone que el PAN cambiaría el curso histórico de México en un sentido contrario a la globalización avasalladora y al neoliberalismo del México-mercancía. La alternancia sin alternativa nos llevaría a un voto inútil para detener al neoliberalismo en sus versiones priístas y panistas. La alternancia en el sistema gubernamental es necesaria; pero no menos importante es un cambio de política económico-social que basado en el apoyo ciudadano defienda una alternativa para la sobrevivencia nacional y para la solución acumulativa de problemas sociales, económicos, culturales y políticos que interesan al conjunto de la población.
Lograr el triunfo de las fuerzas que pugnen por esa política y que se apoyen en los ciudadanos y los pueblos, implica luchar contra el abstencionismo, por el sufragio efectivo y por la más amplia participación de la ciudadanía en el proceso electoral. El triunfo del PAN puede significar un cambio del régimen de partido de Estado a un régimen de partidos de Estado, y la continuidad del neoliberalismo. Para acercarse a la opción democrática de la bifurcación, las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador y del PRD son, sin duda, las que presentan una mayor garantía de alcanzar las metas mínimas que aseguren la paz con democracia. Considerar la alternancia sin alternativa como un paso mínimo y práctico es un engaño mayúsculo desde el punto de vista de una paz negociada y de una democracia gobernable. A lo único a que nos llevaría es a enfrentamientos y conflictos de altísima peligrosidad para México y para el propio Estados Unidos. Sólo un acuerdo de partidos que no se quede en las vaguedades democratizantes y falsas del neoliberalismo avasallador, impedirá en forma lógica y práctica el que México enfile a la salida policíaco-militar de la bifurcación.
Desde el punto de vista de la lógica de la seguridad que prevalece en los círculos hegemónicos, el problema ha sido planteado con toda claridad por James F. Rochlin: "Con respecto a México --escribe-- un doble proceso parece estar en camino: (1) Más represión por parte del Estado para contener un caos en ascenso; o un (2) progreso creciente hacia la democracia..." Y más lejos añade: "Para que el progreso hacia la democracia pueda reducir el racket de la 'seguridad' y la fuerza de los grupos subversivos, necesitará acompañarse de un reparto más equitativo de la riqueza si quiere tener éxito". Y concluye con certera profundidad: "Un vínculo crucial entre las estructuras de producción y de seguridad es el concepto de un buen gobierno. La estabilidad y la paz sustancial pueden ser cultivadas por un buen gobierno mediante políticas que generen consenso social. Una integración económica exitosa, por lo tanto, implicaría impulsar la hegemonía (el poder por convicción o persuasión), y por lo tanto la fusión conceptual de la seguridad estatal y de la seguridad social".1 Reflexiones como esa pueden llevar a una política alternativa que se base en una auténtica democracia y en una seguridad con justicia social. Previendo el futuro necesario construirán el futuro posible. Exigiendo lo que hoy parece imposible descubrirán lo posible.
Ciudad Universitaria, junio del 2000
1 James F. Rochlin. Redefining Mexican "Security" Society, State & Region Under Nafta, Boulder, Lynne Rienner, 1997, p. 190.