* Desmiente el gobierno argentino rumores sobre una devaluación
Acusan a De la Rúa ante la justicia por reducir salarios de burócratas
* Ajustadas a derecho, las decisiones: presidencia * Trueque a cambio de deudas en dos regiones
Afp y Ap, Buenos Aires, 4 de julio * El presidente argentino, Fernando de la Rúa, fue denunciado hoy ante la justicia federal por haber concretado la reducción de los salarios de junio de los empleados públicos, pese a fallos judiciales en contra de esa medida, al tiempo que el gobierno debió desmentir rumores sobre "riesgos de devaluación" monetaria.
La denuncia presentada por los abogados Eduardo Barcestat y Carlos Díaz, que involucró también a "todos los funcionarios cuya responsabilidad se determine", recuerda la existencia de decisiones judiciales que dispusieron la suspensión del decreto presidencial sobre recortes salariales por "nulo e inconstitucional".
Sin embargo, el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, desestimó la denuncia al asegurar que todas "las normas que dicta" el jefe de Estado son "ajustadas a derecho".
Para cumplir con los compromisos de déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la socialdemócrata Alianza anunció el 29 de mayo un severo ajuste que provocó un generalizado rechazo por parte de los sindicatos y desencadenó una de las huelgas nacionales más importantes de los últimos tiempos.
Además, numerosos trabajadores y gremios públicos presentaron sendas demandas ante la justicia reclamando que les paguen sus sueldos sin los descuentos de entre 12 y 15 por ciento.
Hasta ahora, varios jueces de distintas ciudades del país sudamericano se han expedido de manera diferente: algunos rechazaron la rebaja salarial a través de una medida cautelar, otros dijeron que la misma era improcedente.
Uno de los fallos contra el ajuste fue ratificado por la Cámara de Trabajo Nacional.
El gobierno sumó este martes un nuevo rechazo al recorte a raíz del fallo del juez federal de la provincia de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, quien hizo lugar a una acción de amparo por supuesta "inconstitucionalidad" del decreto, que había sido presentada por trabajadores de la delegación local del PAMI (servicios médicos y sociales para pensionados), informaron fuentes judiciales.
Los abogados que presentaron la denuncia contra De la Rúa recordaron que los recortes salariales se hicieron en "abierta contravención a normas de la Constitución", por lo que pidieron, además, que se tome declaración indagatoria, previo desafuero en los casos que por su jerarquía así correspondiese, "a los autores y partícipes de este accionar delictivo".
Mientras, el mandatario y su ministro de Economía, José Luis Machinea, negaron enfáticamente que el plan de convertibilidad que fija la paridad del peso con el dólar esté en peligro.
Consultado sobre rumores de una devaluación o dolarización si la economía no se reactiva en unos tres meses, el presidente De la Rúa respondió tajante: "No haga caso de esas pavadas (tonterías)".
Machinea, a su vez, expresó que "son absolutos rumores. No hay ningún riesgo de devaluación en este país no sólo en los próximos meses sino en los próximos años", e insistió en que estos rumores proceden "de algunos señores interesados en crear un poco de zozobra".
Desde 1991 rige en Argentina el régimen de convertibilidad, que logró acabar con la hiperinflación, pero algunos sectores sindicales y económicos han reclamado el fin del mismo para generar puestos de trabajo y ayudar a las exportaciones argentinas.
Tanto De la Rúa como Machinea aseguraron además que la economía está en vías de reactivarse de la profunda recesión en la que entró en octubre de 1998, bajo el gobierno del peronista Carlos Menem, y destacaron en este sentido el aumento récord de la recaudación fiscal en junio, que subió 11 por ciento con relación a mayo.
Sin embargo, pese a estas señales de optimismo, la crisis económica llega a tal grado que dos regiones del país implementaron un sistema de trueque.
Los habitantes de la provincia de Mendoza y de la localidad sureña de Caleta Olivia pueden entregar a cambio de sus deudas productos que la comuna necesita para realizar sus tareas asistenciales, como fideos y alimentos no perecederos.
En este contexto de crisis, más de 500 trabajadores de las empresas aéreas Aerolí- neas Argentinas y Austral, compradas por el Estado español durante la gestión de Menem en sospechados procesos, cortaron hoy el tránsito frente al aeropuerto metropolitano, en reclamo de los pagos de sueldos de junio pasado.
La protesta se enmarca en el plan de lucha que realizan pilotos, aeromozas, controladores y otros empleados contra el proyecto de ajuste de ambas empresas, que incluye recortes de salarios y despidos.
En otro ámbito, la guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas resurgió 18 años después en el marco de una batalla judicial ante la Corte Europea de Derechos Humanos, en Estrasburgo.
Este tribunal recibió una demanda en nombre de familiares de dos de los 323 jóvenes marinos argentinos muertos durante el hundimiento del crucero General Belgrano, el 2 de mayo de 1982, tras un ataque de un submarino inglés fuera de la zona de exclusión instaurada por los británicos en torno a las islas que ocupan desde mediados del siglo XIX.
A su vez, al menos nueve buques pesqueros intentarán hoy entrar en esa zona de exclusión impuesta por Gran Bretaña, para protestar contra la escasez de cardúmenes de merluzas en las zonas del mar argentino en el que se les permite pescar.