MARTES 11 DE JULIO DE 2000

* Descartan que se viole el secreto bancario

Ocho de 11 ministros, en pro de que Zedillo informe sobre Banco Unión

* Improcedentes, los alegatos para no documentar a diputados

Jesús Aranda * Al menos ocho de los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están a favor de que el Presidente de la República le entregue a la Cámara de Diputados la información solicitada sobre los fideicomisos que utilizó el PRI en Banco Unión para su campaña presidencial de 1994.

Aun cuando los ministros resolvieron aplazar para agosto su resolución sobre la controversia constitucional que interpusieron los diputados en contra del Ejecutivo, hay coincidencia de la mayoría de ellos en el sentido de que la entrega de información no viola el secreto bancario, particularmente, porque en los fideicomisos no opera esta figura.

Asimismo, en el proyecto de resolución presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero se plantea que la ley faculta a la Cámara de Diputados a crear comisiones para desempeñar mejor su trabajo y que, en este sentido, las autoridades ųen este caso el Ejecutivo federalų están obligados a entregar la información requerida.

Pese a que los miembros del pleno entregaron a sus compañeros al menos siete documentos en los cuales fijaban su postura con relación a la controversia constitucional, trascendió que finalmente se ha dado un consenso entre las diferentes opiniones, y que prevalece la idea de que no proceden los alegatos planteados por el Ejecutivo federal, el cual se negó a entregar a los diputados la información requerida sobre los fideicomisos de Banca Unión, con el pretexto de que ello constituiría una violación al secreto bancario.

De acuerdo con la información obtenida, los ministros consideran que tan no se viola el secreto bancario con la entrega de la citada información, que en el proyecto final no se plantea hasta el momento abordar este asunto.

Desechan otro de los argumentos

También los ministros han desechado el argumento del Ejecutivo en el sentido de que existe una "laguna jurídica" respecto a si hay o no obligación del Presidente de la República de entregar a través de la Secretaría de Hacienda la información requerida por los diputados.

Sobre este tema en particular, los ministros trabajan en una tesis que precise las obligaciones del Ejecutivo de entregar la documentación que le requiera el Poder Legislativo, ya sea por conducto del pleno o de comisiones formadas ex profeso.

Al aplazar para principios de agosto la resolución de esta controversia ųdespués del periodo vacacional del 14 al 31 de julio próximoų, los ministros decidieron no "colaborar" en la formación de elementos "controvertidos" que pudieran alterar la situación de esta etapa de transición que se ha dado a raíz del triunfo de Vicente Fox.

Sin embargo, los ministros acordaron no resolver la controversia antes del 2 de julio, para "no politizar" el tema y para que no mandar una imagen de apoyo a ninguna de las dos partes del conflicto. Particularmente a favor del Congreso, que es al que, de facto, se le dará la razón en ese asunto, considerado como el "más importante" en la historia moderna de la Corte; incluso, más que el asunto del anatocismo.

Además, en el análisis que han hecho los ministros de esta controversia constitucional no se han encontrado elementos para declarar "infundada" la demanda contra el Ejecutivo, por lo que es obvio que discutirán "el fondo" del asunto.

Precisamente, respecto a la procedencia de la controversia, los diputados representados en aquel entonces (el 9 de septiembre de 1999) por el panista Carlos Medina Plascencia aclaraban en su demanda que el tema de la queja "no se ha consumado de manera irreparable", no obstante que ya había vencido el plazo de seis meses para que se realizaran las auditorías ordenadas al Fobaproa, conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Esto, en virtud de que la ley condicionó la entrega de toda la información requerida por los auditores facultados por la Cámara de Diputados, para que se efectuarán las auditorías de dicho fondo, en el que se incluían fideicomisos del PRI en Banco Unión.

Es decir, señalaba la demanda, "hasta en tanto se dé cumplimiento a los requerimientos hechos por este órgano legislativo, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) estudiará la documentación y auditorías, a fin de calificar las operaciones del Fobaproa y, en su caso, proceder a deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica".

Por ello, insistieron los diputados, si las auditorías al Fobaproa no concluyen en su totalidad, por la negativa del Ejecutivo de proporcionar la información y documentación requerida para ello, por lo que se refiere a Banco Unión, "es lógico y jurídicamente indispensable que se concluyan las auditorías y que deba obligarse a los demandados a cumplir con sus deberes legales para que se dé el debido cumplimiento a la ley del IPAB, se respete el ejercicio de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados y se restablezca el orden jurídico y constitucional, violentado por causas imputables al Ejecutivo federal y sus órganos centralizados y derivados".

Los legisladores concluyeron que para reparar el orden constitucional violentado, la Corte debe ordenar al Ejecutivo que remita a la Cámara de Diputados la información y documentación solicitada, "para que se adjunten a las auditorías realizadas" y se cumpla con lo establecido en la ley del IPAB.