MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2000
* Declaraciones de personal de la Contraloría refuerzan el cargo de peculado
Hay testigos del desvío de dinero que autorizó Espinosa
Elia Baltazar * Para cubrir parte de los costos de la campaña electoral del PRI en 1997, el oficial mayor del entonces Departamento del Distrito Federal, Manuel Merino, habría utilizado recursos no comprobables de la partida 3605, que se refiere a gastos de difusión y prensa, por lo cual enfrenta el cargo de peculado.
Fuentes cercanas a la investigación informaron que la Procuraduría capitalina ya cuenta con la declaración de empleados de la Contraloría del DF, quienes aseguraron que así lo afirmó Merino frente a ellos, durante la indagatoria para localizar los comprobantes de los gastos no comprobados, que suman cerca de 300 millones de pesos.
En su declaración los testigos, cuyos nombres no fueron revelados, afirman que el ex oficial mayor advirtió en su momento: "ni busquen los comprobantes, porque no existen. El dinero se utilizó para pagar transporte, pancartas y propaganda, y no hay nada que comprobar".
Estas declaraciones, que ya se encuentran integradas en la averiguación previa correspondiente, a cargo de la Fiscalía para Servidores Públicos, fortalecen la acusación por peculado que fincó la PGJDF en contra del ex funcionario y de su jefe Oscar Espinosa, entonces regente capitalino.
Luego de la revocación del amparo con que contaba Merino, las autoridades confían en que el juicio que se sigue contra Espinosa para retirarle su fuero como funcionario se concluya en septiembre. "Si no es así, esperaremos a diciembre".
Ahora, afirman las fuentes, el ex regente tiene todo en su contra, pues en principio perdió su partido la mayoría en el Congreso, y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador asegura la continuidad de las investigaciones en torno de los más sonados casos de corrupción.
La PGJDF, en tanto, continúa con las investigaciones y trabaja en la ampliación y nuevas declaraciones de testigos que fortalezcan el caso, que se inició contra Merino en 1998, luego de que la Contraloría interna del DF presentó la denuncia correspondiente, primero por el desvío de 80 millones de pesos, y más tarde por la no comprobación de 205 millones más.
Pero fue Espinosa quien autorizó el manejo discrecional de los recursos, según la indagatoria y las pruebas entregadas por la PGJDF a la sección instructora de la Cámara de Diputados que analiza el desafuero del ex regente.
Según el dictamen que recientemente realizaron diputados federales encargados del caso, Espinosa autorizó la no comprobación legal de gasto de la partida 3605; el ex oficial mayor Manuel Merino recibió por esa vía hasta 420 millones de pesos y los ingresó en cuentas encubiertas a nombre de la Oficialía Mayor. Además, devolvió 134 millones de pesos en depósitos en efectivo y cheques de cuentas distintas a las que eran supuestamente de la misma dependencia.